Activistas siguen en peligro en Honduras

Hace poco más de dos años, el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres causó una ola de indignación y solidaridad a nivel internacional. Sin embargo, la muerte de la famosa ambientalista no marca un antes y un después, ya que la situación de los activistas en el país sigue siendo muy precaria. "La gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio", dice Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas, en su actual informe después de su visita al país en abril y mayo de este año. Aunque el número de asesinatos de defensores del medio ambiente ha bajado de 14 personas en 2016 a cinco en 2017, los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas, constata el informe anual de la organización no-gubernamental Global Witness.

Conflicto social

Lo que marcó el año pasado en Honduras fueron las controvertidas elecciones presidenciales de noviembre pasado que dejaron un saldo de más de 30 personas asesinadas, muchas de ellas por las fuerzas de seguridad estatales, según un informe de Naciones Unidas. A estas violaciones de derechos humanos se suman las intimidaciones ya cotidianas de personas que defienden la tierra y el medio ambiente. Uno de los problemas de Honduras es el alto nivel de conflictividad social y económica, causado, entre otros, por el extractivismo – un modelo económico que se basa en la extracción de grandes cantidades de recursos naturales.

"Los funcionarios y las empresas únicamente ven árboles, metales y agua, pero no ven de qué maneras las comunidades de estas zonas salen impactadas", dice Juan Mejía, experto hondureño en desarrollo sostenible. Por ende, la minería, los megacultivos como la palma africana o la instalación de hidroeléctricas causan mucha resistencia a nivel local. "La oposición férrea a la mayoría de proyectos hidroeléctricos no es oponerse por oponerse", explica Mejía. "El problema es que muchas veces las comunidades no han sido consultadas."

La importancia de la tierra

Son organizaciones como el COPINH – el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, co-fundado por la activista Berta Cáceres – las que luchan contra estos proyectos. "El desarrollo que nos proponen es la destrucción de los territorios y ser carne de la migración hacia las grandes ciudades donde somos mano de obra barata", dice Laura Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista y también integrante del COPINH. "Y esto es el desarrollo que no aceptamos porque no lo queremos." Durante años, Berta Cáceres había liderado las protestas contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en el occidente del país, un controvertido proyecto que, según el COPINH, cambiaría de manera drástica la forma de vida tradicional del pueblo indígena lenca. "Cuando mi mamá fue asesinada, se desarrolló un taller sobre la búsqueda de energías alternativas", recuerda Zúñiga Cáceres. "Entendemos la importancia de la tierra, del territorio y de lo que habita dentro de este territorio, y por eso convivimos en respeto con ello."

Berta Cáceres fue asesinada aunque contaba con medidas cautelare. Y muchos otros activistas hondureños podrían correr el mismo riesgo. "Existe una necesidad urgente de adoptar una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos", dice Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas, en su reciente informe. "Muchos defensores y defensoras a quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han otorgado medidas cautelares siguen enfrentando un gran peligro, ya que no han encontrado ninguna o muy poca respuesta por parte de las autoridades estatales, tanto a nivel nacional como local."

Martin Reischke (ER)

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