¿Adónde va Bolivia con Evo Morales acusado de terrorismo?

“De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado”, tuiteó el exmandatario boliviano Evo Morales. Para él y sus seguidores dentro y fuera de Bolivia, esta imputación fue “ordenada por el Gobierno golpista de Áñez” y no es sino otro “episodio de persecución política” a dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), como asegura el eurodiputado de la Izquierda Unida española Manu Pineda.

“Cuando Evo Morales plantea, tras la formalización de la acusación, que ese audio está alterado, eso significa al mismo tiempo: ese audio es mío”, señala a DW la politóloga boliviana Moira Zuazo, investigadora asociada de la Universidad Libre (FU) de Berlín. Y recuerda que, hasta ahora, "en ningún momento el expresidente había aceptado que ese audio era suyo".

Ni cuando el audio sobre el que se basa la acusación se filtró y se hizo viral en redes sociales. Ni cuando un informe pericial colombiano consideró altamente probable que la voz que llamaba a sitiar ciudades durante la crisis política de noviembre pasado fuese la de Morales, hoy refugiado en Argentina, insiste Zuazo. Así que esta revelación es “grave” y “habrá que establecer qué es lo que está alterado”, dice.

¿Cálculo electoral?

La Fiscalía de la Paz formalizó la imputación cuatro meses después de conocerse el informe pericial colombiano, y en medio una grave crisis sanitaria y política en el país andino. Los partidarios de Morales denunciaron un “cálculo político” del Gobierno, de cara a las elecciones presidenciales, recientemente fijadas para el 6 de septiembre.

Pero Zuazo advierte que se han puesto en juego “triquiñuelas jurídicas” para retrasar el proceso, relativas a la hasta ahora inexistente fijación y notificación de la fecha y hora de una audiencia cautelar. Por lo pronto, la comisión de fiscales que investiga el caso advirtió que si Morales no se presenta a la audiencia que aún debe ser fijada por un juez de La Paz, se activará el sello rojo de Interpol para su aprehensión internacional.

Como sea, esta acusación vuelve a poner a Evo Morales en las primeras planas de los medios bolivianos, desplazando a la figura del candidato presidencial del MAS, Luis Arce, observa la politóloga boliviana de la FU Berlín. Para ella, “no está claro cuál será el efecto político de esta movida, ni si beneficia al actual Gobierno o a otros partidos de oposición.”

¿Justicia independiente?

¿Volverá Evo al país? ¿Cómo actuaría la Justicia ante el “líder político más importante de los últimos 20 años en Bolivia”? ¿Respetaría, por su parte, el actual Gobierno la independencia de la actual Justicia? Estas son, para Zuazo, preguntas claves por cuyas respuestas, aunque parezcan obvias, solo cabe esperar.

Las claves pueden estar en la orden de captura internacional de la Interpol, y la posibilidad de extradición que eso abriría, opina la también politóloga y abogada boliviana Ana Soliz de Stange, investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo. Además, como ciudadano común, sin inmunidad, Evo podría ser enjuiciado en ausencia.

Pero “venimos de una situación en la que la enorme fuerza electoral del MAS  ̶ que hoy sigue teniendo dos tercios de los asientos del Parlamento ̶  se tradujo en la posibilidad de coartar la independencia de la Justicia”, especialmente del Ministerio Público, de la Fiscalía, recuerda Zuazo. A través de las elecciones judiciales, con candidatos preseleccionados por el Parlamento, el entonces gobernante MAS determinó también la composición de los cuerpos de fiscales.

Así que Zuazo reconoce las declaraciones “incendiarias” y no duda de las intenciones “autoritarias” del actual ministro de Gobierno Arturo Murillo, que ha llegado a amenazar a quienes tildó de "legisladores subversivos". Pero, el aparato de Justicia que hereda el Gobierno transitorio de Áñez “es el elegido por el MAS; no ha cambiado porque no hemos tenido elecciones”, subraya esta politóloga boliviana.

Eso sí, al interior de ese aparato de Justicia heredado, ha habido al menos dos cambios en la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia desde la renuncia de Evo Morales. A fines de junio, asumió Olvis Egüez, pese a la negativa a renunciar de María Cristina Díaz, a quienes ocho magistrados retiraron su confianza. Díaz, a su vez, ejercía desde el 15 de noviembre pasado, tras la renuncia de José Antonio Revilla. ¿Señal de conflictos?

Además, el Gobierno ha demandado por supuesto “uso indebido de influencias” al fiscal general Juan Lanchipa, quien alega que el proceso pretende frenar la investigación de casos de corrupción, que implican a funcionarios del presente Gobierno durante la actual pandemia de coronavirus.

Evo Morales enfrenta ya varios procesos por distintas acusaciones en Bolivia. Las denuncias provienen, entre otros, del Gobierno interino de Jeanine Áñez. Y la Fiscalía ya emitió pedidos a Interpol para detenerle. ¿Persigue hoy al MAS la misma Justicia que hace muy poco era  acusada de parcialidad a favor del MAS? ¿Se desmarcan algunos jueces?

Gobierno débil ante fuerte crisis política y sanitaria

Tenga las intenciones que tenga, el Gobierno de Áñez carga con una debilidad original por su condición de transitorio; además de por su falta de representación en el parlamento y por la polémica legitimidad con que se instauró -mientras el dimitido Morales, sus partidarios, así como no pocos observadores externos denunciaban un “golpe de Estado”.

Y esa debilidad se ha visto reforzada, por un lado, por la candidatura presidencial de Áñez, que perdió credibilidad al faltar a su promesa inicial de no presentarse a la contienda electoral, coinciden ambas expertas bolivianas. “Desde que la presidenta interina se postuló, este Gobierno está haciendo un manejo político de todo”, opina Soliz.

En un contexto donde la principal crítica a Evo Morales fue por su deseo de perpetuarse en el poder, con debates sobre abolir la reelección presidencial para evitar el uso de bienes del Estado por los candidatos-presidentes, se observa un “doble discurso” de este Gobierno, critica la politóloga boliviana radicada en Hamburgo. “No está atropellando ley alguna”, concede, pero sí su compromiso con “los ciudadanos que generaron el cambio” con sus protestas.

Por otro lado, está el mal manejo de la actual pandemia de coronavirus. Y las acusaciones de corrupción que ya acumula el Gobierno de Áñez, en apenas ocho meses. En este apartado, destaca el escándalo por la compra a sobreprecio de respiradores para enfrentar lel COVID-19: por él, el ahora exministro de Salud Marcelo Navajas se halla en prisión preventiva y el magistrado que llevaba el caso, Hugo Huacani, fue detenido y posteriormente liberado entre críticas de interferencia del Ejecutivo en la Justicia.

¿Qué le espera a Bolivia este 6 de septiembre?

Aunque el Gobierno se negaba firmemente a fijar una fecha de elecciones, no solo la presión del MAS, sino también de otras fuerzas políticas y de la Central Obrera Boliviana, lo forzaron. Bolivia irá a elecciones en un momento político y sanitario “muy delicado”, reconoce Zuazo. Pero con un Tribunal Supremo Electoral que “ha reconstituido su credibilidad” y puede organizar unas elecciones seguras y con un resultado creíble, matiza.

¿Con riesgos y retos? Seguro. Pero “incluso suponiendo que el MAS ganase en primera vuelta, ganaría la democracia”, siempre que se garantice la transparencia y observación internacional de los comicios, opina Zuazo. Aunque podría venir un “ajuste de cuentas”, no solo en relación con el juicio a Evo, sino a las acusaciones de “golpe de Estado”, prevé Soliz. 

Como sea, sentencia Zuazo: “La crisis sanitaria es grave, pero no sabemos cuándo va a ser mejor. Y si esta no es la salida, no veo qué otra posibilidad habría.”

(ers)