Afrocolombianos en Buenaventura

A través de Buenaventura, Colombia envía el 60% de su comercio internacional. Los nuevos acuerdos comerciales han hecho de este puerto pacífico -con su isla Cascajal y su zona continental- una pieza clave del desarrollo. Entre 2008 y 2013, el movimiento de carga creció un 50%. Las expectativas empresariales son inmensas.

TCBUEN, la nueva terminal para 400.000 contenedores, se inauguró en 2011. La construcción del puerto de Aguadulce comenzó en 2013. En junio comienzan los trabajos del nuevo malecón. Según informa la Alcaldía, el plan maestro para su desarrollo en 30 años hará que dé un giro de 180 grados. El 90% del proyecto “Buenaventura biodiversa, ecoturística y portuaria” se hará con presupuesto nacional.

El 98 por ciento de su población es afrodescendiente y el uno por ciento indígena. Han utilizado los ecosistemas marinos y de la selva tropical como fuente directa de alimentos y recursos de materiales para la construcción de sus viviendas. Desplazados por la violencia reprodujeron sus casas sobre el agua (palafitos), un milenario método de construcción adecuado.

Sus nueve cuencas hidrográficas, su alta pluviosidad, sus condiciones tropicales y su aislamiento favorecieron que las culturas afrocolombianas mantuvieran por siglos una cultura propia. El fuego cruzado entre guerrilla, ejército, fuerzas paramilitares, narcotráfico e intereses empresariales se da en sus territorios ancestrales, ahora codiciados por sus riquezas y su ubicación geoestratégica.

“La Constitución de 1991 (Ley 70) reconoce jurídicamente los territorios ancestrales. En algunos casos, al tiempo que se logra la titulación colectiva, fuerzas paramilitares desplazan a la población e implementan proyectos agroindustriales. El Estado no ha mostrado capacidad para proteger su vida y su territorio”. Enrique Chimonja, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

De una zona gris entre grupos criminales, corrupción e intereses empresariales habla un reciente informe elaborado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la organización de cooperación al desarrollo Mundubat. El patrón de lo que los defensores de DD. HH. llaman legalización del despojo para la competitividad del puerto y su función en la economía colombiana se repite en muchos casos.

“Las Autodefensas Unidas de Colombia, la guerrilla y el Ejército nos desplazaron el 17 de marzo de 2003. Conseguimos la titulación en 2008. De las 3.446 hectáreas originales nos reconocieron 1.700. En 2010 volvieron a desplazarnos. Con la firma de la paz, queríamos volver. Pero vemos que están construyendo un proyecto hotelero en nuestras tierras”. Manuel Becerra, líder comunal y exconcejal.

“Nuestra comunidad vive aquí desde 1550. De pronto aparecen documentos que dicen que los territorios son de Aguadulce. Son fraudulentos. No ha habido consulta, ni regalías para la población. Estamos en riesgo de ser llevados a la cárcel”. Oney Hinostroza, líder de la comunidad Kilómetro 9.

“En 2005 llegó una moto buscando a jóvenes para un partido. Pagaban. Se fueron 12, también mi hijo. No regresaban, fuimos a la Policía: había que esperar 24 horas. Después dijeron: “¿Por qué no vinieron ayer? Ya los han matado”. A los 3 días los encontraron. Lo reconocí por la camisa. La masacre sigue impune. En 2008 llegó TSBUEN, tenemos que desalojar”. Bolivia Aramburo, pescadora y vendedora.

“Para poner a funcionar a gran escala los puertos pacíficos, las poblaciones estorban; la pérdida cultural no se calcula. Hay violencia estructural intencional. Viven en medio de desperdicios. La mortalidad infantil por agua contaminada es muy alta, cuando un tanque para almacenar 2.000 litros de lluvia no pasa de 200 dólares”. Andreiev Pinzón, sociólogo, Programa de alternativas tecnológicas.

“Tras los paramilitares está la mafia del malecón. Quieren nuestros territorios. Pero como tenemos derecho a la consulta previa, lo más fácil es optar por la violencia para que nos desplacemos. Para nosotros no es lo mejor: para la gente que vende piangua, camarón, jaiba sería un exterminio. Pese a la pobreza aquí la gente se siente mejor”. Isabel Castillo, líder de Puente Nayero.

Según la Alcaldía, para las comunidades que están en la vía de desarrollo del malecón se está haciendo un proceso de reubicación. Serán unas 10.000 familias. La actual ciudadela San Antonio -en la zona continental, a unos 30 kilómetros- tiene capacidad para 4.500. Según un estudio de la Universidad del Pacífico se podrían modernizar las ancestrales construcciones palafíticas.

“Derribé mi casa, como lo exigían. Nos engañaron: en la escritura dice que es gratis, no un intercambio. No nos han dado el computador ni los 400.000 pesos prometidos. No hay centro de salud. A los pescadores, el estero San Antonio les queda lejos. El transporte público no viene”. Líder del barrio San Antonio, vivía en una casa palafítica. Llegó, desplazada, a Buenaventura a los 7 años.

“Hay planes de becas y de escuelas de formación profesional: tecnólogos en gestión portuaria y turismo. Estamos acabando una planta purificadora de agua. Para los pescadores artesanales habrá una línea de créditos blandos y se entregarán 76 lanchas a motor. En los planes de ecoturismo no se ha contemplado la participación de las comunidades ancestrales”. Oficina de prensa de la Alcaldía.

Walberto Reina llegó hace más de 40 años a Puente Nayero. Es pescador. Su faena puede tomar hasta 20 días. Unos 3 millones de pesos (1.100 euros) invierte por faena. Cuando les va bien vuelven con una tonelada de pescado fino para la exportación: cherna, pargo, corvina. La pesquera les paga unos 13 millones de pesos. Si le va mal, se queda con la deuda. A San Antonio no quiere irse.

“En 1964 creamos la Asociación de Pescadores Artesanales (ANPAC). 2.500 pescadores y 930 vendedoras. Nos oponemos a secar ciénagas y lagunas para meter ganado. Surgió el conflicto con el gobierno. En 2010 comienzan las dificultades con el paramilitarismo y el narcotráfico. Más de cien pescadores artesanales han desaparecido en el Estero San Antonio”. Manuel Bedoya, representante de ANPAC.