AI: "Estado mexicano tolera desapariciones"
5 de junio de 2013
Como consecuencia de la llamada guerra contra el narcotráfico, el fenómeno de los desaparecidos en México ha alcanzado nuevas dimensiones históricas: según un reciente informe de Amnistía Internacional (AI), publicado este martes (04.06.2013), la pasividad e impunidad del Estado mexicano han contribuido a crear un clima de tolerancia hacia estos crímenes.
El actual gobierno del país ha reconocido la desaparición de al menos 26.000 personas en los seis últimos años, desde que el expresidente Felipe Calderón emprendiera una lucha frontal contra la delincuencia organizada. No obstante, AI critica que el gobierno no admita las desapariciones forzadas, es decir, desapariciones de personas en las que están implicadas agentes del Estado como la policía o personal del ejército y de la marina.
En entrevista con Deutsche Welle, la politóloga Christiane Schulz, experta en desapariciones, destaca la dificultad de definir los motivos principales detrás de estos crímenes, debido a que en México más de un 98 por ciento de los delitos siguen en la impunidad, y no existe un porcentaje de casos resueltos del que se puedan deducir razones específicas a nivel nacional.
La negación de desapariciones, “un patrón”
Sin embargo, cuenta que investigaciones de organizaciones de derechos humanos han revelado que, en determinados espacios de tiempo y en ciertas regiones, como en el estado de Nuevo León, el 50 por ciento de los desaparecidos eran policías. Otro caso más conocido son las desapariciones regulares de mujeres jóvenes en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Veracruz por redes de trata de personas con fines de prostitución. AI también menciona a los inmigrantes sudamericanos, así como a periodistas y defensores de derechos humanos como grupos de personas vulnerables a las desapariciones.
En el informe titulado “Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México” se destaca que la mayoría de las víctimas son muchachos y hombres de entre 17 y 50 años de edad. Por ello, los familiares de los desaparecidos en muchos casos no solo pierden a un ser querido, sino también a la persona que sustentaba el hogar, enfrentando severos problemas económicos, además de las devastadoras consecuencias psicológicas.
Schulz opina que “todos pueden ser víctimas de desapariciones” e indica que, independientemente de la procedencia de las víctimas, la negación de las desapariciones por parte de los organismos estatales es un patrón que se repite a lo largo del país: “En la mayoría de los casos, no se levantan denuncias. A veces, la legislación estatal no tipifica la desaparición como delito. En algunos casos, la policía hasta ha amenazado a los familiares de las víctimas para impedir que investiguen los casos”.
La Ciudad de México no es inmune a la narcoviolencia
La experta alemana afirma que los medios de comunicación han influenciado y distorsionado la percepción de seguridad en el país, alegando, por ejemplo, que la narcoviolencia no afectaba a la capital. Pero, a más tardar desde que secuestraran a once jóvenes en un bar en el centro de la Ciudad de México, el pasado 26 de mayo, esa percepción está cambiando. Según Schulz, tan solo en la zona metropolitana de la Ciudad de México se han registrado más de 1.500 casos de desapariciones entre el 2007 y el 2011, un porcentaje muy elevado comparado a otras regiones del país.
En México, no se da el fenómeno de los llamados “falsos positivos” como en el caso de Colombia, donde agentes del Estado desaparecieron y mataron a personas inocentes para mejorar las estadísticas de combate contra el crimen organizado, asegura Christiane Schulz. No obstante, tanto organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas AI y Human Rights Watch, como las organizaciones nacionales de familiares de desaparecidos denuncian desapariciones forzadas en el país.
Primeros avances en materia de desapariciones
El gobierno del expresidente Felipe Calderón dio poca importancia al tema de las desapariciones, y apenas en el 2011, un año antes de finalizar su mandato, creó una oficina para la atención de víctimas de este delito, Províctima, que busca ofrecer asistencia económica y psicológica, explica la experta. Schulz critica que soldados y policías ocupen cargos importantes en este servicio de atención, ya que los agentes del Estado podrían estar involucrados en desapariciones forzadas.
En un comunicado de prensa, Rupert Knox, investigador de AI sobre México, describe el esclarecimiento de las desapariciones y el castigo de los responsables como “uno de los principales desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto”. Por un lado, la organización de derechos humanos aplaude los primeros pasos que ha dado el actual gobierno, como la publicación de datos sobre los desaparecidos o la creación de una unidad especial destinada a su búsqueda. Por otro, califica a estas acciones de aisladas e insuficientes. “El nombramiento de 12 investigadores para la nueva unidad especial de búsqueda, que se encargará de miles de casos, no es una señal convincente del elevado grado de compromiso, recursos y voluntad política necesarios para abordar esta crisis nacional”, destaca Knox.
Por su parte, Christiane Schulz hace hincapié en que el gobierno mexicano, hasta ahora, solo ha actuado ante la constante presión de las organizaciones de familiares de desaparecidos, pero también cree que todavía es demasiado temprano para prever el éxito de las medidas gubernamentales.
Autora: Violeta Campos
Editor: Pablo Kummetz