Alemania y Colombia comparten los conflictos del carbón

El carbón es una de las fuentes de energía más dañinas para el medio ambiente y el abandono de su uso  es clave para frenar el cambio climático. Asimismo, es fuente de conflictos económicos y sociales en los países en los que se desarrolla esta actividad extractiva. El "Diálogo sobre el Carbón", organizado por la Diócesis de Aquisgrán y la Iglesia de Colombia, trató las consecuencias de la minería del carbón en Alemania y Colombia, en motivo del acuerdo de colaboración existente, entre ambas organizaciones, desde hace 50 años.

"Alemania es el mayor importador de carbón en Europa”, recordó Susanne Breuer, Responsable de Energía para América Latina de MISEREOR. El pasado 2016, alrededor de un tercio de la electricidad en Alemania se generó con carbón. Según datos de la organización, en 2016 se importaron 53,8 millones de toneladas de hulla, un 36% más que en 2010, de Rusia, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Colombia. El país latinoamericano suministró aproximadamente 10.760 millones de toneladas,  mayoritariamente de los departamentos de César y La Guajira donde se encuentra 'El Cerrejón', la mina a cielo abierto más grande del país, que cuenta con una superficie de 69.000 hectáreas.

A pesar de estos datos, Breuer criticó la "poca transparencia de muchos proveedores de energía” sobre el origen específico del mineral extraído, así como la falta de información existente en este ámbito. Igualmente lamentó la "poca conciencia del impacto de la minería de carbón en terceros países como Sudáfrica y Colombia” recordando que "las condiciones en los países que producen el carbón están relacionadas con muchas violaciones a los derechos humanos y los derechos sociales y ambientales”.

Aunque el carbón solo representa el 19% de la matriz energética del país latinoamericano, el 98 por ciento de las extracciones de este mineral se destina a la exportación debido a la fuerte demanda en el mercado mundial. "También desde Alemania, por lo tanto es un problema”, subrayó la experta alemana. 

Múltiples consecuencias

Con una fuerte presencia de multinacionales, como Ecopetrol, Petrobas, Repsol o BHP Billiton, el departamento de La Guajira ha experimentado un cambio radical en sus actividades económicas en las últimas décadas. "La agricultura y el comercio representaron el 80% del PIB entre 1960 y 1975. En 2013, solo el 4,6%”, explicó Alejandro Rodríguez miembro de RECLAME, Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional. "En 2013 la minería representaba el 58% del PIB de Guajira. La agricultura casi no tuvo crecimiento anual entre 2001 y 2013 (0.1%)”, agregó.

Rodríguez presentó los resultados de un estudio sobre las consecuencias de la actividad de la mina en La Guajira entre los que destacó la deforestación, la vulneración de los derechos humanos de las comunidades indígenas y el aumento de pobreza de la población en general. "En 2013, habían 500.000 personas con ingresos mensuales menores a 70 euros”, lamentó.

En este sentido, Breuer consideró que el problema fundamental es "una pobreza absoluta, sequías y de riesgo para los indígenas Wayúu" y "no se ha encontrado una respuesta adecuada, ni por el gobierno colombiano ni por la empresa”. A eso hay que sumarle el uso del agua, "un recurso estratégico para El Cerrejón”. "Como resultado, los municipios deben racionalizar el consumo de agua y varias veces el agua entregada no es suficiente. Además, el retraso en el suministro de agua, las comunidades necesitan a las aguas subterráneas o aguas superficiales para uso humano y agrícola, que ya está contaminada por la actividad minera”, lamentó representante colombiano. De este modo, "los costos sociales se traducen en ganancias para la multinacional”, agregó.

Tan lejos, tan cerca

Pueblos abandonados, iglesias históricas derrumbadas, un bosque milenario amenazado y el reasentamiento de miles de habitantes de los alrededores de la mina son la otra cara de la moneda de la explotación minera en Alemania que se concentra en las áreas de Lausitz  y Renania del Norte-Westfalia. Una realidad que Hubert Perschke mostró con una serie de fotografías de la mina Tagebau Garzweiler. "El distrito minero de lignito renano produce 100 millones de toneladas de lignito por año y cada tonelada de lignito quemado produce una tonelada de CO2. En términos de Alemania, eso es más del 20% de las emisiones totales de CO2”, explicó.

"No es solo un problema técnico, es moral y ético. Hacemos el cambio climático aquí pero los más pobres del mundo son las víctimas”, consideró Peter Singer, representante del partido político Die Linke  (La Izquierda) en el comité de lignito del Consejo Regional de Colonia. A pesar de ello, los locales también sufren las consecuencias de la actividad minera, que ha provocado el reasentamiento de 40.000 personas y el conflicto con los trabajadores que no quieren abandonar sus puestos de trabajo. 

En busca de iniciativas efectivas

Aunque las empresas son responsables de respetar los derechos humanos y eliminar los posibles efectos negativos de sus actividades comerciales, los Estados deben proteger a las personas de abusos a través de políticas, regulaciones y jurisdicciones apropiadas. Por ello, Breuer recordó que se tienen que aplicar los principios rectores de las Naciones Unidas que "deben ser vinculantes para las empresas porque solamente así habrá un buen mecanismo de control y también de posibles sanciones en caso de incumplimiento”. Así como el Plan de Acción nacional para las empresas y los derechos humanos (NAP) de Alemania, del que  "el gobierno va estudiar su efectividad después de 2 o 3 años de implementación”, añadió.

Por su lado, el mundo empresarial lanzó hace unos años atrás la iniciativa de 'Better Coal' que pretende reunir a las compañías para mejorar su actuación en el ámbito de los derechos humanos, sociales y ambientales. La experta alemana dudó de la efectividad de la misma, que calificó de "tigre sin dientes”, ya que a pesar de que se han llevado a cabo varios estudios de impacto, "no hay suficiente transparencia en cuanto a los resultados”. "Deberían consultar mucho más a las comunidades afectadas y a las ONGs que las acompañan”, recomendó alentando a  la creación de un mecanismo de queja transparente y accesible.

Para el experto colombiano, "es muy difícil competir contra el lobby de las empresas multinacionales y la influencia que esto tiene en las decisiones de los gobiernos”. Por este motivo, consideró que el encuentro en Aquisgrán como "una magnífica oportunidad para afianzar redes, intercambiar experiencias y coordinar actividades en conjunto”. "En un mundo globalizado, debemos hacer todo lo posible para que la resistencia también se globalice”, aseguró.

Autora: Judit Alonso (Aquisgrán)