Pakistán: masiva expulsión de afganos indocumentados
3 de noviembre de 2023
Deen Muhammad tiene raíces afganas, pero nació y creció en Pakistán. Para él, la acción legal es la única esperanza. Los padres y familiares de este vendedor ambulante pastún de 32 años huyeron de las cercanías de Kabul a la provincia paquistaní de Punjab, a unos 70 kilómetros de la capital, Islamabad, en 1982, tres años después de la invasión rusa.
Muhammad fue repatriado en 2017, pero regresó a Pakistán debido a los combates entre las tropas de la OTAN y los talibanes locales, la falta de oportunidades de negocio y empleo y otros problemas. "Mis raíces están en Afganistán, pero me considero pakistaní. Mi mujer y mis cuatro hijos menores también nacieron aquí. Tenemos documentos que lo demuestran", declaró Muhammad a DW. Aconsejado por un abogado, ha presentado una petición al Tribunal Supremo. "Espero tener éxito, porque temo ser deportado". Su mujer y sus hijos dejaron de salir de casa por miedo. La situación les roba el sueño.
Orden de expulsión y pedido a locales de no ayudar
Shireen Gula y su familia también están amenazados de deportación. Con 13 años, huyó a Pakistán con sus padres y nueve hermanos en 1979, poco después de la invasión rusa. La familia se instaló en la provincia de Baluchistán, en el suroeste del país, cerca de la frontera con Afganistán. "Nunca tuvimos la sensación de necesitar un visado porque las autoridades nunca nos lo pidieron. Pero el gobierno parece estar seriamente decidido a expulsar a los extranjeros indocumentados", declaró Gula a DW.
A principios de octubre, el gobierno paquistaní anunció que expulsaría a todos los inmigrantes indocumentados y a aquellos cuyos visados hubieran expirado. Al mismo tiempo, advirtió a los ciudadanos paquistaníes que no acogieran a los afectados.
Posteriormente, aumentaron las quejas por detenciones, acoso e intentos de chantaje por parte de la policía. Los afectados denunciaron que cientos de casas de los asentamientos de refugiados habían sido demolidas sin previo aviso. Como consecuencia de esta represión, cada vez son más los afectados que regresan a sus respectivos países.
Según el Ministerio del Interior paquistaní, sólo en octubre más de 72.000 afganos regresaron voluntariamente al país de sus antepasados. Según la misma fuente, en total viven en Pakistán unos 4,4 millones de afganos, de los cuales alrededor de 1,7 millones carecen de papeles de residencia legal. La mayoría vive en las provincias de Baluchistán, en el suroeste, y Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste, cerca de la frontera con Afganistán.
A partir del 1 de noviembre, los refugiados sin papeles válidos están siendo detenidos, alojados en grandes campos de tránsito y trasladados a los pasos fronterizos para ser entregados a las autoridades afganas. Éstas están bajo la supervisión de los talibanes islamistas fundamentalistas.
Advertencias de ACNUR
La deportación no es aplicable a las personas que han nacido en Pakistán, están casadas con un ciudadano pakistaní o han tenido un visado válido durante siete de los doce años están exentas, explica a DW Saifullah Muhib Kakakhel, abogado del Tribunal Supremo de la ciudad noroccidental de Peshawar. Estas personas tienen derecho a la naturalización.
El Estado paquistaní tiene el deber de no expulsar a extranjeros a un lugar donde corran un grave riesgo de persecución, tortura, malos tratos o una amenaza para su vida, afirma Maheen Paracha, portavoz de Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). "El Estado debe proteger los derechos fundamentales de los refugiados de conformidad con un acuerdo celebrado con Afganistán y en cooperación con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en lugar de deportarlos por la fuerza. Las preocupaciones humanitarias deben primar sobre las de seguridad", afirma. Según Paracha, el actual gobierno provisional, formado a mediados de agosto, no tiene mandato para tomar decisiones sobre la política nacional de deportaciones. Qaiser Khan Afridi, portavoz de ACNUR en Pakistán, advierte en DW que "la expulsión y repatriación tienen graves consecuencias para las personas migrantes, que corren graves riesgos".
(jov/ers)