Arrecia el escándalo en torno al hijo de Michelle Bachelet

El caso se centra en un millonario negocio inmobiliario en el que participaron Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet, y su esposa, Natalia Compagnon, al adquirir terrenos en la región de O'Higgins con un préstamo facilitado por el dueño de uno de los mayores bancos de Chile. Después de su adquisición, vendieron los terrenos a un mayor valor. El préstamo se aprobó un día después de que Michelle Bachelet ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 15 de diciembre de 2013, cuando Dávalos trabajaba como gerente de proyectos de Caval, la compañía que recibió el dinero.

Este lunes (23.03.2015), un juzgado chileno acogió a trámite una querella de diputados derechistas contra Dávalos por supuesto tráfico de influencias y uso de información privilegiada relacionados con aquel negocio inmobiliario. La acusación fue interpuesta el pasado 11 de marzo pasado por parte de los diputados de derechista partido Renovación Nacional (RN), Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards.

El recurso judicial busca establecer la participación en presuntos delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias por parte del hijo de Bachelet, del actual secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda en la región de O'Higgins, Wilfredo Valdés; de la arquitecta Cinthia Ross; y el exdirector de la municipalidad de Machalí Jorge Silva.

Por otro lado, el Gobierno desmintió hoy que a Margarita Soto, la madre de Natalia Compagnon, es decir, consuegra de Bachelet, que trabaja en la estatal Junta Nacionalde Jardines Infantiles (Junji), se le hubiera más que duplicado el sueldo en el último año, a 2.247.699 pesos (unos 3.600 dólares) mensuales, como publicó un periódico. Lo cierto es que el escándalo Dávalos está propiciando la publicación de diversas noticias sobre el entorno de Bachelet.

El caso ha desatado uno de los peores escándalos políticos conocidos en Chile y ha golpeado fuertemente la popularidad de Bachelet, quien según una encuesta tiene solo un 30 por ciento de aprobación y un 60 por ciento de rechazo. La propia mandataria se refirió hoy indirectamente al caso y dijo que todas las personas en Chile son iguales ante la ley.

MS (efe/www.latercera.com)