Assange: Ecuador, Suecia y los derechos humanos
11 de febrero de 2015
En el tablero de ajedrez sobre el que se juega el caso Assange, la partida ha quedado otra vez suspendida hasta junio. Si a finales de enero se atisbaba una solución a través de la “puerta” que Ecuador veía abierta en el marco de Naciones Unidas en Ginebra, los plazos estipulados para que Suecia responda a la propuesta de Quito y otros países permiten prever que la siguiente jugada, oficial, será en seis meses.
En el examen periódico universal (EPU) del cumplimiento de los derechos humanos por parte de los gobiernos de los países miembros de la ONU, Ecuador, Argentina, Cuba, Eslovaquia y Uruguay habían presentado propuestas a Suecia.
Se trata de que este país establezca un plazo máximo que debe durar una prisión preventiva sin cargos. O de permitir a Julian Assange –recluido en la embajada de Ecuador en Londres desde el 10 de junio de 2012- hacer uso del asilo político brindado por el gobierno de Quito.
Organizaciones pro derechos humanos subrayan que se violenta los derechos del acusado, puesto que, sin juicio, sin haberle concedido la posibilidad de declaración, se lo mantiene privado de su libertad.
Debido a que el Estado sueco ha solicitado su extradición, el Reino Unido mantiene cercada la sede diplomática del país sudamericano en un operativo que, según últimas declaraciones de la policía metropolitana, “mina sus recursos”.
Los 15 millones de dólares que llevan gastados los británicos en su operativo de seguridad –que entre otras medidas tiene guardias apostados las 24 horas- fue calificado de “vergonzoso” por parte de Julian Assange.
Delito y posible condena
El informático australiano puso en evidencia a la Casa Blanca publicando miles de cables diplomáticos y videos de los abusos de las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán desde su plataforma WikiLeaks.
La extradición a Suecia podría representar para Assange –que para Ecuador es un refugiado politíco- la extradición a Estados Unidos, un duro juicio, 45 años de prisión o incluso la pena de muerte.
“La defensa del señor Assange siempre se ha llevado a cabo desde el punto de vista de los derechos humanos, ya que sus derechos más fundamentales se encuentran gravemente mermados. No olvidemos que el señor Assange aún no ha sido acusado formalmente de ningún delito y pese a ello, se le ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento sin dilaciones indebidas. Se encuentra de facto privado de libertad y bajo la vigilancia extrema de las fuerzas de seguridad británica, generándose un gasto sin precedentes que asciende a la cantidad de 10 millones de libras; debido a dicha vigilancia no tiene ni siquiera acceso a la luz solar; consta que existe una investigación criminal en Estados Unidos contra él y contra Wikileaks que constituye en sí misma una limitación a la libertad de información y de prensa. Y todo ello, habida cuenta que el Estado de Ecuador le ha otorgado asilo, que no sólo no ha podido ejercitado sino que las autoridades nacionales británicas y suecas pretenden que renuncien a disfrutar dicho derecho”, explican a DW desde el despacho del abogado defensor, el exjuez español Baltasar Garzón.
Libre expression versus confidencialidad
Así, mientras en Estados Unidos se sigue pidiendo el procesamiento penal de Assange, organizaciones como Amnesty International ven improcedente castigar a una persona por comunicar indicios de violaciones de derechos humanos y cuestiones de interés público, como son buena parte de las informaciones difundidas a través de WikiLeaks.
El derecho a la libertad de expresión versus el derecho de los Estados a proteger su confidencialidad son los cuadros blancos y negros del tablero donde se juega el destino tanto de Assange como del soldado Bradley Manning -sentenciado por cargos de filtración de información sobre defensa nacional- como de Eduard Snowden, quien destapó el espionaje masivo de la NSA.
¿Plazos para una salida?
En esta situación, el avance de las investigaciones suecas por supuestos delitos -de los que Assange se declara inocente- permitiría aliviar la situación del periodista australiano y su eventual abandono de la embajada ecuatoriana junto con la renuncia al asilo diplomático por persecución política. Cabe anotar que solo 20 países latinoamericanos y España y Portugal están ligados por convenciones que reglamentan el derecho a este tipo de asilo; esta figura no es aceptada por Reino Unido.
Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia recuerda que no existe convención internacional alguna sobre asilo diplomático y que tampoco la Corte Internacional de Justicia de La Haya impone que se lo reconozca.
En todo caso, según información de la representación de Ecuador ante la ONU en Ginebra, Suecia ha aceptado estudiar la propuesta de "limitar el tiempo de prisión preventiva o situación equivalente sin formulación de cargos", algo que hasta ahora no está previsto en el sistema jurídico sueco. Para ello tendría tiempo, según lo se prevé el reglamento del EPU, hasta junio de 2015.
No obstante, Ecuador se encuentra promoviendo, así la agencia Sputnik Novosti, un evento paralelo al 28 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos para tratar el caso del tan famoso como controvertido “whistleblower”.