Brasil: enjuiciar a Rousseff supondría "ruptura democrática"

La nueva advertencia del Gobierno surgió en momentos en que tanto la prensa local como fuentes políticas insisten en que esta semana pudiera decidirse enjuiciar a Rousseff por unas maniobras fiscales dirigidas a maquillar las cuentas públicas de 2014, cuando fue reelegida para el nuevo mandato que comenzó el pasado 1 de enero.

La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.

La decisión sobre un proceso de esa naturaleza debe ser tomada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien hasta ahora ha recibido una veintena de solicitudes en ese sentido y ha rechazado la mitad porque carecían de tales "fundamentos jurídicos".

Sin embargo, el próximo pedido que debe examinar se refiere al maquillaje de los resultados fiscales del Gobierno correspondientes a 2014, que, según la lectura de la oposición, la Constitución contempla como uno de los motivos para una posible destitución.

Zavascki vs. Cunha

Cunha había establecido que, en caso de rechazar esa solicitud, la palabra final correspondería al pleno de los Diputados, al que la oposición podría apelar contra su decisión. No obstante, una medida cautelar dictada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del Tribunal Supremo, echó por tierra esa posibilidad al considerar que el trámite establecido por Cunha carece de base legal.

Según Zavascki, la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe únicamente al presidente de la Cámara Baja, con apoyo de su departamento jurídico, pues así lo define una ley de 1950, que es la que aún establece las normas y procedimientos para iniciar un juicio con miras a la destitución de un jefe de Estado.

Cunha, quien está en la mira de la justicia como sospechoso de haberse beneficiado de las corruptelas en Petrobras, declaró que el departamento jurídico de la Cámara de Diputados estudiará la medida cautelar dictada por el juez Zavascki y que, si lo cree "necesario", apelará ese dictamen.

Sin embargo, aclaró que esa cautelar "no interfiere en nada" en la decisión que pueda adoptar en relación a un posible juicio contra Rousseff, pues solo alteraría el procedimiento para llevarlo a cabo si se considerase que la mandataria incurrió en irregularidades.

En medio del embrollo jurídico, el Gobierno insistió en que los "problemas políticos" del país deben resolverse mediante un "amplio diálogo" y reiteró que un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff supondría una "ruptura" democrática, que dependería de "asuntos jurídicos que no existen", dijo a los periodistas el ministro de Información, Edinho Silva.

RML (efe, medios)