México: tsunami de corrupción

La reciente detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Italia, por petición e investigación de la Justicia estadounidense, que lo acusa de once cargos relacionados con vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero, recordó a la opinión pública el modus operandi tan extendido en la clase política mexicana, sobre todo en el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Yarrington gobernó entre 1999 y 2004 un estado clave para las rutas del narcotráfico por tener una frontera común con Texas. Durante su gestión florecieron las actividades del Cártel del Golfo, a la par de la violencia.  Yarrington engrosa una larga lista de gobernadores y altos funcionarios que han sido detenidos o se encuentran prófugos.

"Los gobernadores son una especie de catalizador de la delincuencia organizada porque son los que capturan al sistema político mexicano", afirma Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia, de Nueva York y director del Instituto de Acción Ciudadana de México. 

Yarrington, como Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y César Duarte, exgobernador de Chihuahua, estos últimos prófugos de la Justicia, eran considerados ejemplares del reformado PRI, según el mismo presidente Enrique Peña Nieto. En Quintana Roo, el exgobernador priísta Roberto Borge también es investigado por la Justicia. Según Buscaglia, se apropian de recursos públicos desviándolos a sus cuentas bancarias personales, reciben sobornos de empresarios o se financian a través de la delincuencia organizada que les entrega sus contribuciones. "La delincuencia mejor organizada en México es la política", apunta el experto, que asesora a Gobiernos en el combate de financiamiento ilícito.

¿Por qué la Justicia no funciona?

Este miércoles (12.04.17), un juez frenó la extradición del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, alias el H, uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leyva, detenido en octubre de 2014 acusado por delitos contra la salud en una corte del Distrito de Columbia.  "La razón es que hubo errores procesales en la investigación. Se tiene a policías que no ganan un sueldo decoroso, no tienen prestaciones ni capacitación, lo que hace posible que esos errores procesales puedan ser aprovechados por cualquiera", afirma por su parte Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Corona dirigió en el estado de Morelos un estudio piloto, que, por cierto, tuvo a Buscaglia como perito externo. "Hicimos una invitación a las 32 entidades del país, Morelos fue el único que aceptó. Nos metimos a trabajar en sus fiscalías, revisamos expedientes y monitoreamos cómo trabajan desde los policías hasta los abogados y jueces para entender por qué, pese a que ha habido una reforma en el Sistema de Justicia Penal, sigue creciendo la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de impartición de Justicia".

El experto destaca que, desde la denuncia, hasta que el caso es llevado ante un juez, se cometen numerosos errores procesales y de investigación, lo que permite que los casos queden impunes. Corona destaca que con las nuevas facultades, si un acusado logra corromper al Ministerio Público (fiscalía) su expediente puede ser enviado a reserva, con lo que queda congelado y el proceso no avanza.

El problema de la impunidad en México, según Corona es que no hay una voluntad política para imponer mecanismos de control. "Vemos a Alemania y a Estados Unidos como países con mejores prácticas, en donde el servidor público tiene un mayor nivel de conciencia sobre su responsabilidad, es más comprometido y eso no se consigue con decretos ni leyes".

Corona dice que en México el ciudadano está acostumbrado a dar dinero y el funcionario a pedirlo, lo que permite que altos funcionarios y gobernadores se sirvan con la cuchara grande.

 Presión internacional

La corrupción política tiene consecuencias devastadoras para el país. No sólo porque destruye el tejido social y permite que la violencia criminal imponga su ley a costa de muertos y desaparecidos, sino porque tiene un alto costo tangible. Según el Fondo Monetario Internacional, la corrupción cuesta al país un 10 por ciento del Producto Interno Bruto cada año. A nivel mundial la cifra es de 2 por ciento. Según la organización Transparencia Internacional, México es el más corrupto de América Latina, y quienes encabezan la lista son los políticos, que también son los que matan a periodistas cuando no se alinean a ellos.

Edgardo Buscaglia sostiene que un gran aliado en la lucha contra este cáncer es la justicia estadounidense, que es independiente y ofrece beneficios procesales a cambio de información sobre otros involucrados en actividades ilícitas. Ese es el mayor temor de los políticos corruptos y de sus cómplices.  "Casos como el de Yarrington son potencialmente devastadores para una clase política como la mexicana porque una vez que comiencen a hablar y a brindar evidencias a cambio de beneficios procesales, la lista de afectados llega a todos los partidos".  

Buscaglia exhorta a las autoridades europeas a coordinarse mejor para que Europa no se convierta en cómplice por omisión. "Todo ese dinero sucio se mide en litros de sangre, en número de muertos. La pasividad de la UE está subsidiando la gran tragedia que vive México debido al tsunami de corrupción en la clase política mexicana". 

Autora: Eva Usi (MS)