No al acaparamiento de tierras

“Si, como dice el gobierno de Honduras, no hay conflicto, ¿por qué mi madre está muerta?”, decía Berta Zúñiga Cáceres, hija de la líder indígena hondureña asesinada, en la Conferencia de Defensores de Derechos Humanos y Activistas contra el Acaparamiento de Tierras en el Contexto de Inversiones Europeas en Terceros Países, en la Eurocámara, en Bruselas, el 20.4.2016.

El problema del acaparamiento de tierras es global: según un informe de Oxfam, la Tierra entera está teñida con la sangre de activistas del medioambiente y defensores de tierras ancestrales: desde el 2002 más de 1000 han sido asesinados. Es que el 50% de esas tierras está bajo el cuidado de comunidades agrícolas o indígenas. No obstante, sólo en un 10% de los casos han sido reconocidos legalmente como propietarios.

Ser propietarios reconocidos de sus tierras les daría a las comunidades el derecho a expulsar legalmente a gente foránea de ellas y obtener la debida compensación en caso de expropiación. Pero, incluso en los casos en donde hay derechos reconocidos, la falta de voluntad de los gobiernos para respetarlos llevan a no protegerlos contra los que las acaparan, y a hacer concesiones a empresas, entre ellas, también a empresas europeas.

Las reglas en el papel

“Las líneas voluntarias que se aprobaron internacionalmente en 2011 y que fueron avaladas por la UE en 2012, de haberse aplicado habrían evitado el acaparamiento de tierras que ha llevado a esas muertes”, explicó en la conferencia en Bruselas Hanna Saarinen, especialista de Oxfam International.

De hecho, “la voluntariedad en los estándares medio ambientales y sociales no está dando resultado. Estamos convencidos que es necesario obligar y legislar”, opina por su parte Elena Valenciano, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

¿Qué hacer?

La gravedad de la situación de la violencia ligada a la tierra -la expropiación, el desplazamiento y el acaparamiento de tierras y los fenómenos sociales que de esto se derivan-, contrapuesta a los intereses empresariales, ha hecho que el tema llegue ahora a la Eurocámara. Una parte de ésta vería con muy buenos ojos que la Comisión Europea velara porque sus empresas cumpliesen con estándares internacionales tan básicos como compensar a las poblaciones. O como consultarlas antes de empezar proyectos de infraestructura que acabarán con su modo de vida.

“Con la instalación del proyecto Agua Zarca –con fondos de bancos europeos de desarrollo- surge una conflictividad muy fuerte dentro de la comunidad con presencia militar, de la Policía nacional, y con presencia también de escuadrones especializados. Estos resguardaban los planteles de la empresa y llegaron a crear una suerte de centro militar que ha generado violaciones, hostigamiento e intimidación a las comunidades”, dice Zúñiga Cáceres a DW. “Mi madre intentó hablar con los bancos europeos muchas veces, y siempre le dijeron que lo que contaba era mentira”, afirma.

Escepticismo

“Yo querría ver esta búsqueda de mecanismos con esperanza, pero tengo mis reservas”, dice, por su parte, a DW el padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia. Su organización ha acompañado, por ejemplo, a los sobrevivientes de Maripán (1998), donde grupos paramilitares vinculados con el Ejército colombiano masacraron a todo un pueblo para que sus territorios pasaran a explotaciones agroindustriales. Aunque ha habido fallos a favor de las poblaciones, existe presión para cambiar la sentencia.

“Es que el interés económico ha estado y en muchos casos creo que va a seguir estando por encima de la vida de los pueblos, del planeta y las personas. Ése es el dolor grande. Por eso, el primer mecanismo en el que yo tengo puesta la esperanza es en la organización y la resistencia de las comunidades”, dice el padre Alberto, misionero que en sus tres décadas de trabajo en los territorios ha sufrido innumerables amenazas y atentados.

Por el contrario, “es la UE la que está llamada a controlar a sus organismos financieros europeos. pero también parte de su función es sentenciar a los gobiernos por las violaciones que han cometido”, afirma Züñiga Cáceres.

Así las cosas, estando lejos de que pueda obligar a las empresas a cumplir los principios de Naciones Unidas que deben regir los negocios, Hanna Saarinen señaló que Oxfam se daría por satisfecha si “la UE podría comenzar con un lugar vinculante donde se puedan depositar quejas acerca de sus empresas”.