Centroamérica: mayor brecha entre ricos y pobres

Buena parte de los fondos públicos de recuperación para enfrentar la pandemia en Honduras y El Salvador, han sido destinados a apoyar a las grandes empresas, en vez de asignarlas a la protección social, según se desprende de un estudio publicado este jueves (22.04.2021) por la organización Financial Transparency Coalition (FTC), con sede en Boston.  

FTC, es una coalición de once organizaciones, entre ellas laRed Latinoamericana por Justicia Económica y Social(Latindadd).  A su vez, ésta última es aliada del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El Icefi rastreó el destino de las ayudas públicas para enfrentar el embate económico que supuso la pandemia en Guatemala, Honduras y El Salvador. El director de FTC, el finlandés Matti Kohonen, explicó, en conversación con DW, que la mayoría de los fondos destinados a la recuperación económica en Honduras y en El Salvador provienen del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Guatemala también fue receptor de estos fondos, pero este país también emitió bonos del tesoro para financiar los créditos.

Un total de nueve países de Asia, África y América Latina integraron el estudio: Bangladés, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Kenia, Nepal, Sierra Leona y Sudáfrica. En estos países FTC teme que amplios sectores de la población vivan en una situación de pobreza extrema a fines de 2021. Con excepción de Guatemala, todos los gobiernos de estos países priorizaron las ayudas para incentivar a grandes empresas. En África están los peores casos, con porcentajes de hasta un 74%, en Sierra Leona, o 92% en Kenia.

Priorizaron a las grandes empresas

En el Salvador, un 44% de estos fondos fueron destinados a grandes empresas, otro 11% al sector privado informal, un 29% a pequeñas y medianas empresas (pymes) y sólo un 15% a la protección social. Honduras destinó un 72% de los recursos en apoyar a pymes, 5% a grandes empresas, y 23% a la protección social. El país no respaldó al sector privado informal, es decir a la fuerza laboral que trabaja en el mercado informal.

Guatemala fue el único país de los 9 que destinó la mayor parte de los recursos para la recuperación a la protección social, 54%, un 5% a las grandes empresas y un 34%, a las pymes, sin embargo, "mucho del dinero asignado para este rubro se desvió para otros proyectos".  Además FTC, observó poca transparencia en la asignación de fondos en los tres países.

El experto fiscal, egresado del London School of Economics, advierte que hacia fines de 2021 una población de 150 millones en países en desarrollo estará viviendo en pobreza extrema debido a la pandemia. "Pero en la mayoría de los países más vulnerables, los principales fondos de rescate están siendo asignados a grandes empresas, mientras que los más afectados por esta crisis, como la población pobre, los trabajadores informales, y los pequeños negocios, se están quedando fuera, lo amenaza con ampliar aún más la brecha entre ricos y pobres y aumentar la creciente deuda de los países, así como debilitar el sistema de salud y de protección social".

La pandemia por coronavirus tendrá secuelas de largo plazo en Centroamérica, sobre todo, en el llamado triángulo norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, una región, que junto con Nicaragua sufrió dos devastadores huracanes en noviembre pasado, y vive una nueva ola migratoriahacia Estados Unidosa través de México. Dichos países sufren una violencia endémica y corrupción en las élites políticas y empresariales.

La corrupción mina la credibilidad de la clase política

"El problema de la corrupción hace más difícil que un plan de recuperación tenga apoyo entre la ciudadanía. En Guatemala, por ejemplo, ha habido protestas porque algunos paquetes de recuperación que estaban destinados a la población fueron cancelados por el gobierno. También hubo protestas por los recortes de salarios, todo esto socava la confianza de la ciudadanía en la gestión de estos fondos por parte del gobierno, que provienen del Banco Mundial, del FMI, y de la deuda", afirma Kohonen.

Guatemala vivió una intensa jornada de protestas en noviembre pasado en rechazo al presupuesto aprobado por el Congreso, antes de que fuera incrementado por la partida para combatir el covid. Algunas partidas vitales para la población afectada por la pobreza, la desnutrición infantil, y que fue duramente castigada por los últimos huracanes, fueron congeladas, como la partida al equipamiento de hospitales y educación. 

"Honduras tiene menos capacidad fiscal y menos préstamos internacionales para ayudar a su población. También tiene problemas de gobernanza, que limitaron la entrega de fondos para la recuperación. No tenía un plan similar de ayuda para la población, como lo tenían Guatemala y El Salvador. Honduras además, extendió una amnistía fiscal que benefició a los más ricos del país, quedando exonerados del pago de impuestos retrasados", explica Kohonen.

El Icefi analizó el impacto fiscal que Centroamérica enfrentará y constató que todos los países, con excepción de Nicaragua, están adoptando medias que incrementarán el gasto publico, pese a que la carga tributaria caerá, por lo que el déficit fiscal se incrementará.

Por ello FTC recomienda la implementación de un impuesto corporativo mínimo de 25%, en línea con la propuesta del Pánel de Alto Nivel sobre la Responsabilidad, la Trasparencia y la Integridad Financieras Internacionales (Panel FACTI) de la ONU. También exhorta a adoptar un aumento de impuestos sobre los ricos, la implementación de registros públicos sobre los destinatarios de las ayudas por la pandemia para saber quiénes se benefician, y una mayor transparencia en la rendición de cuentas.

(jov)