Chile: la vergüenza de las cárceles

La muerte de Lissette Villa, de 11 años, en un hogar del Servicio Nacional de Menores de Chile (Sename), en abril pasado, es uno más en una cadena de lamentables sucesos que revelan las condiciones en que viven los menores en hogares estatales, así como los internos de las prisiones.

Informes e investigaciones de diversos organismos vienen alertando desde hace años sobre la vulneración de los derechos en dos instituciones dependientes del Ministerio de Justicia de Chile: el Sename, cuya función es promover, proteger y restituir los derechos de menores vulnerados y la reinserción social de adolescentes infractores de la ley, y Gendarmería, encargada de ejecutar las sanciones penales de adultos.

“Estos grupos han sido históricamente dejados de lado y han recibido muy poca consideración por parte de las autoridades”, advierte el abogado Álvaro Castro, doctor en Derecho por la Universidad Ernst-Moritz-Arndt de Greifswald, Alemania.

Menores en riesgo

Lissette tenía un historial de abuso sexual y maltratos y había transitado por diferentes hogares. Sus familiares han denunciado que la niña vivía sedada y no habría tenido atención médica adecuada. Tras su muerte, que motivó la renuncia de la entonces directora del Sename, se investigan otros dos decesos más en un hogar del Sename. Según la institución, entre 2005 y mayo de 2016 habrían fallecido 185 menores a su cargo, cifra que es cuestionada por otras autoridades y es materia de revisión.

Una investigación periodística de CIPER denució el uso habitual y sin control de tranquilizantes, antipsicóticos y antidepresivos en los centros del Sename de la capital. Niños dopados, escasa atención médica y déficit de educadores serían la regla.

“El Estado tiene una deuda con los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de protección. Chile ha realizado importantes avances en materia de infancia en los últimos 25 años, pero este sistema no ha tenido los mismos avances”, apunta Anuar Quesille, Oficial de Protección de la oficina de UNICEF para Chile. La principal deuda es garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y generar las mismas oportunidades para todos.

A fines de 2015 se contabilizaban unos 100 mil menores en hogares y centros del Sename. El abogado Álvaro Castro dice que hay un precario control al interior de éstos y es difícil detectar y denunciar abusos entre los niños y de parte de funcionarios. “También han sido objeto de críticas los altos niveles de violencia y de castigos que se aplican, y se cuestiona la calidad de las prestaciones de salud en niños con problemas de salud severos”, agrega.

Hacinamiento e insalubridad en las cárceles

“Los principales problemas de Gendarmería de Chile se centran en el hacinamiento, falta de una ley de ejecución de sanciones penales, práctica de abusos y tortura en algunas cárceles, y condiciones laborales y formación de los funcionarios penitenciarios deficiente”, enumera Castro.

El profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile indica que “desde la década del noventa el crecimiento de la población ha sido explosivo. En el sistema cerrado ha aumentado el número de reos, desde 20.989 en 1992 a casi 49.000 en junio de 2016”. En contraste, hay una capacidad real de atención aproximada de 41.000 internos, lo que genera un déficit de plazas evidente. Actualmente, Chile tiene una tasa aproximada de 240 encarcelados por 100 mil habitantes. Además de condenados, los penales reciben a procesados, lo que aumenta la población y genera conflictos, al no estar siempre debidamente separados.

En febrero de 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago denunció hacinamiento y condiciones inhumanas en 13 centros de la capital: “Llega a estar reñida con los más elementales estándares que exige la dignidad humana la cantidad de internos que duermen casi apilados, unos sobre otros, en reducidos espacios, con nula ventilación y luz natural, en condiciones insalubres, con presencia de chinches y otros parásitos...”. Además alertó sobre falta de higiene, instalaciones eléctricas irregulares y deficiente distribución de agua potable, que podrían generar una catástrofe, así como precarias condiciones en las dependencias de los gendarmes.

Sin el espacio mínimo, los servicios y la rehabilitación se dificultan, se resiente la seguridad y aumenta el número de motines, huelgas y violencia entre ellos y con los funcionarios de Gendarmería. Tragedias como el incendio en la cárcel de San Miguel el 2010, en el que murieron 81 internos, motivó algunas reformas que redujeron el hacinamiento, pero el problema subsiste. Las prisiones no dan abasto.

El último informe del Instituto Nacional de Derechos Humano, INDH, habla de sobrepoblación en 44 penales visitados. En los masculinos la ocupación fue de 134%. Un caso extremo es el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó con un 357,1%.

La violencia como método

El informe del INDH indica que las cárceles son “escenario propicio para que se produzcan serias vulneraciones del derecho a la vida, donde la muerte de internos/as producto de la violencia carcelaria no es una situación aislada”. Castigos físicos inmediatos a la falta sin el debido proceso, doble sanción por un mismo hecho y frecuente internación en celda solitaria, son ejemplos de un sistema poco regulado y que queda a criterio de los gendarmes, en forma arbitraria y muchas veces como intimidación.

Una nueva arista en la crisis en esta institución se vive en estos momentos. Paradójicamente –dadas las malas condiciones laborales y bajas remuneraciones de los gendarmes-, fueron asignados exagerados aumentos de sueldos y pensiones a algunos directivos de Gendarmería. Myriam Olate, subdirectora técnica y ex mujer de un diputado socialista, jubiló a los 59 años con la jugosa e inusitada pensión mensual de más de cinco millones de pesos (unos 7000 euros).

A la espera de cambios

La socióloga y doctora en Filosofía Ana Cárdenas, del Instituto de Investigaciones Sociales de München (ISF), indica que “el sistema carcelario chileno ha demostrado no contribuir a la reinserción social, sino por el contrario, a la reproducción de las desigualdades sociales en una sociedad ya altamente desigual”.

Los reos suelen tener un perfil de baja educación, escaso acceso a trabajo formal y bajos recursos, algunos con antecedentes penales o paso por centros de menores.

Históricamente, crisis y tragedias como incendios, motines o muertes, han desencadenado la caída de funcionarios y directivos, impulsando de paso algunos cambios. Ahora los dardos apuntan a la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien enfrenta la interpelación de la Cámara de Diputados. Expertos coinciden en que urgen cambios estucturales: modernización de Gendarmería y del Sename, profesionalización de los funcionarios, mecanismos de control comunitario, político y judicial, y leyes a la altura de los tiempos, que hagan respetar los derechos de las personas recluidas.