Senado de Colombia vota sobre objeciones de Duque a la JEP

El 24 de noviembre de 2016, cuando el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, presentó el acuerdo como un hecho consumado:

"Hoy hemos firmado, aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. El definitivo.”

Casi tres años después, Colombia se encuentra sumida en un debate político y social que deja claro que aquel texto fue todo menos definitivo.

Al pronunciar aquellas palabras, Juan Manuel Santos sabía que hablaba ante un país dividido. Y ante más de 6 millones de colombianos que habían dado el triunfo al "No” en el plebiscito en el que se rechazó inicialmente el acuerdo. Hoy, uno de esos votantes del "No” es el presidente de Colombia.

Durante su campaña electoral, Iván Duque se rodeó de las mismas figuras que se opusieron al acuerdo de paz, primordialmente el expresidente Álvaro Uribe, conocido por su política de mano dura contra la guerrilla –y que finalizó su presidencia con altos niveles de popularidad.

Duque llegó al poder con una posición clara: buscaría una implementación del acuerdo de paz, pero le realizaría cambios. Esa intención de cambiar puntos clave del acuerdo de paz se vio materializada el pasado 10 de marzo, cuando, en cadena nacional de televisión, el mandatario anunció seis objeciones al marco jurídico de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, mejor conocida en Colombia como JEP.

La JEP y las objeciones del presidente

La Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema judicial alternativo creado especialmente para tratar los casos relacionados con el conflicto armado en Colombia. El principio es sencillo: aquellos que cometieron crímenes durante el conflicto armado pueden someterse voluntariamente a la JEP y así evitar ser juzgados como cualquier otro ciudadano en la justicia convencional. Al someterse a la JEP se sigue un proceso judicial con penas generalmente menores. A cambio, quienes se someten a los procesos judiciales de la JEP contribuyen al esclarecimiento de la verdad y a las investigaciones de los crímenes que se produjeron durante el conflicto.

Es en esa serie de condiciones especiales donde los críticos ven una puerta para la impunidad y una insuficiente reparación para las víctimas de la violencia. Duque utilizó un instrumento de la constitución colombiana que otorga al presidente la potestad de objetar una ley por considerarla inconveniente para el país. Fue así como presentó sus seis objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la  Paz:

Responsabilidad para con las víctimas: para el presidente, la JEP no establece con suficiente claridad la responsabilidad de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas con sus bienes.

Rol del Alto Comisionado: en opinión de Duque, la ley estatutaria de la JEP no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz (un cargo nombrado por el presidente) para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que pueden someterse a la JEP. Al no tener control absoluto sobre quiénes son elegibles para evitar la justicia convencional, el presidente considera que criminales podrían incorporarse al proceso de paz sin tener realmente derecho a ese trato particular.

Competencias de la justicia ordinaria: en la mayoría de los casos, quienes se someten a la JEP no pueden ser simultáneamente sujetos a investigaciones de la justicia ordinaria.  Para el presidente, la ley de la JEP no especifica las diligencias que la fiscalía del país (es decir, la justicia ordinaria) debe de abstenerse de realizar.

Crímenes de lesa humanidad: la JEP establece la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra para quienes no son los máximos responsables de los crímenes. Para el presidente, esto constituye impunidad.

Investigaciones en caso de extradición: en los casos de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo de paz, la JEP no debe realizar pruebas. En vista de que la ley de la JEP no menciona explícitamente esta restricción, el presidente considera que la ley puede afectar la cooperación de Colombia con otros países que solicitan extradiciones.

Condiciones de garantía de no extradición: la ley de la JEP condiciona la exoneración de la extradición de personas al ofrecimiento de la verdad para fomentar el esclarecimiento de los casos. Según Duque, la ley de la JEP no establece suficientemente los términos de ese ofrecimiento, por lo que terceros podrían ingresar a la JEP bajo supuestos ofrecimientos de verdad, generando impunidad.

Revés político para Duque

Desde la presentación de sus objeciones, el presidente ha recibido fuertes críticas por parte de los partidos de oposición, quienes lo acusan de querer acabar con el acuerdo de paz, así como una serie de reveses en su intención de realizar cambios a la ley estatutaria de la JEP.

Pocos días después de darse a conocer las objeciones, la Corte Constitucional de Colombia dio un primer golpe al presidente al declarar inexequibles dos artículos de una ley complementaria a la JEP que habían sido presentados por el oficialismo.

Pero la mayor derrota se dio el pasado 8 de abril, cuando la Cámara de Representantes rechazó las objeciones con una contundente votación de 110 contra 44. Con ello la ley pasó a manos del Senado que inicia su debate este lunes.

Rafael Nieto, analista político consultado por DW, prevé que la votación del Senado también resultará en un rechazo a las objeciones del presidente, obligando al mandatario a aprobar la ley. Según Nieto, el fracaso de las objeciones responde a un problema de gobernabilidad del presidente al no contar con mayorías parlamentarias:

"El error del presidente no es tratar de cumplir una promesa hecha a sus electores en campaña: el error del presidente Duque es no haber construido una coalición ganadora en el congreso, porque si no lo hace sus iniciativas dirigidas a cumplirles a sus electores serán sistemáticamente derrotadas.”

Pero para la oposición el fallo se origina en la intención misma de las objeciones. Para la congresista Juanita Goebertus del Partido Verde "este no fue un proceso en donde las distintas fuerzas políticas fueran llamadas a discutir sobre cómo construir un gran pacto nacional, sino que fue una decisión unilateral del presidente. Estos elementos lo que hacen es violar la separación de poderes en tanto ponen en cuestión elementos de las decisiones de la Corte Constitucional en vez de discutir sobre temas que le interesan a la ciudadanía.”

El futuro del acuerdo de paz

Incluso si el Senado rechaza las objeciones y fuerza a Duque a aprobar la ley estatutaria de la JEP, difícilmente se pueda hablar de una implementación definitiva del acuerdo de paz. La sociedad continúa dividida y posiblemente el presidente tome nuevas acciones para lograr su cometido de realizar cambios al acuerdo, en aras de establecer condiciones más severas para posibles negociaciones con otros grupos armados del país como el Ejército de Liberación Nacional.

Para Rafel Nieto "hay una diferencia entre la posición del electorado y la de los congresistas. La voluntad mayoritaria en las urnas durante el plebiscito y en la elección presidencial se ha manifestado a favor de posturas como la del Presidente Duque y por ende de las objeciones al acuerdo con las FARC y a la ley estatutaria de la JEP”

Pero también hay quienes asumen que, en caso de un rechazo en el Senado, el presidente podría dar por cumplida su misión y responsabilizar al congreso por el fracaso de las objeciones. Esto le permitiría, por un lado, librarse de la presión de su base por realizar cambios al acuerdo de paz, y por otro limar asperezas con la oposición que le permitan lograr mayorías parlamentarias para el resto de su agenda presidencial.

(gg)

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