Colombia: condenan a coronel por tortura y desaparición

El coronel retirado del Ejército colombiano Juan Carlos Castañeda Villamizar fue condenado a 40 años de prisión por haber participado en el homicidio y desaparición forzada de 54 personas en los años 2002 y 2003 en el departamento del Casanare (este), informó este jueves (15.07.2021) la Fiscalía.

La directora especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos, Deicy Jaramillo Rivera, dijo que la Fiscalía logró la condena de Castañeda por "su participación en los actos de tortura, homicidio y desaparición de 54 personas entre 2002 y 2003" en las poblaciones de Chámeza y Recetor, ambas en Casanare. Igualmente, la Fiscalía informó que el exalcalde de la localidad de Recetor, Flaminio Cocinero Costo, también fue condenado a 40 años de prisión por los mismos delitos que Castañeda.

El oficial en retiro, quien fue comandante del Batallón N.44 Ramón Nonato Pérez, y el exalcalde "participaron activamente en un plan criminal ejecutado" por las paramilitares Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), comandadas por Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, contra los pobladores de Chámeza y Recetor, según la Fiscalía. Los dos sentenciados "entregaron a la estructura ilegal listados con los nombres de supuestos auxiliadores de los grupos guerrilleros", explicó la entidad.

"Con estos señalamientos, algunas personas fueron citadas a las zonas de injerencia de la estructura paramilitar, y otras fueron buscadas en sus viviendas por hombres armados que las sometieron. En total, 54 habitantes fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos", detalló la Fiscalía en un comunicado y agregó que los dos exfuncionarios omitieron su deber de protección a la comunidad y, con "pleno conocimiento de lo que ocurría, permitieron incursiones violentas de manera sistemática".

Con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Juzgado Único Especializado de Yopal (Casanare) declaró a Castañeda y a Cocinero responsables de los delitos de "homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado". La decisión, que es de primera instancia y por tanto se puede apelar, también ordenó capturar a Castañeda, que estaba en libertad provisional. Además, pidió gestionar una circular roja de Interpol contra Cocinero "en el entendido de que es prófugo de la justicia".

JEP imputa a otros 15 militares por falsos positivos

En tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a dos tenientes coroneles y 13 militares más por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano, en el segundo auto del caso de ejecuciones de civiles conocidas como falsos positivos, por el que ya había acusado a 10 efectivos del Ejército y a un civil.

"La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por falsos positivos en la costa caribe, dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa (que tiene sede en Valledupar, en el noreste)", explicó el magistrado Óscar Parra.

La JEP volvió a encontrar "patrones de macrocriminalidad" en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares con el fin de atraer a jóvenes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros abatidos y así inflar las cifras de "muertes en combate" y obtener recompensas e incentivos de sus superiores. "Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con miembros de grupos paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate", consideró la JEP.

Los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, así como el resto de implicados fueron declarados máximos responsables e imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio. "La sala determinó que existió un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con estos hechos", aseguró el magistrado Parra, quien añadió que en este contexto de la región caribe demostraron que "los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sufrieron particularmente un daño grave, diferenciado y desproporcionado por las acciones de esta unidad militar".

ama (efe, ap, afp, el espectador, caracol radio)