Colombia: llegó la paz, pero la muerte no se fue

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido criticado duramente por haber realizado ya 17 viajes al exterior en menos de un año de Gobierno, mientras la seguridad en el país es cada vez más precaria. Su ministro de Exteriores, Holmes Trujillo, se ha apresurado a explicar por ello en un comunicado a la prensa, que a mediados de junio, durante su visita a Gran Bretaña, el presidente asistió a la apertura del Colombia InsideOut 2019, donde se dirigió a empresarios británicos, explicando las ventajas de invertir en Colombia. "Los invitó a ver a Colombia como un país que tiene estabilidad política y legal, y un espíritu empresarial claro y determinado”, cita Trujillo a Duque.

Pero esa "estabilidad política” que debía ser consecuencia del cumplimiento del Acuerdo de Paz se debilita con cada asesinato de un líder social, de un policía o un exguerrillero. Esta es la misma paz que debía garantizar la seguridad que los inversionistas necesitan para decidir promover la industria y generar el empleo del que habla Duque en sus viajes. ¿Vende Duque otra realidad de Colombia? "No. Esa es su realidad. Mientras en su discurso figura la paz, en la práctica ha desperdiciado el primer año que ya casi cumple de su mandato para tratar de destruir la Justicia Especial para la Paz (JEP), la columna vertebral del Acuerdo de Paz del 24 de noviembre de 2016”, dice a DW Jeremy McDermott, director y cofundador de InSight Crime, el mayor taller de análisis de la seguridad en América Latina.

¿Cómo lograr la paz social si se promueve lo contrario?

"La inseguridad jurídica, política y social provocada con las maniobras de destrucción del Acuerdo de Paz con las FARC es tan grande que ha llevado a unos 3.000 exguerrilleros a abandonar el proceso de reintegración para unirse a bandas criminales que llamamos FARC-Mafia”, agrega el analista británico McDermott. Según el partido FARC, "desde la firma de la paz han sido registradas 11 desapariciones de excombatientes, y han sido asesinados 133, así como 34 de sus familiares”. Por su parte, el ministerio de Defensa de Colombia, basado en cifras de la Fiscalía y la Policía, afirma que "los asesinados son 115. En casi medio año de 2019 ya han sido asesinados 12 exguerrilleros que habían dejado las armas".

"El desafío del Gobierno de Duque está en detener la deserción de excombatientes hacia el crimen organizado y parar los asesinatos de líderes sociales”, agrega el investigador de InSight Crime. Tan grave es la situación que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó el pasado 10 de mayo sobre "el preocupante aumento del número de líderes sociales asesinados en Colombia, en donde representan siete de cada 10 asesinados”. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)habla incluso de "800 casos de asesinatos en la impunidad". 

Los asesinados son líderes afrocolombianos, indígenas, campesinos, a la comunidad LGBTI y mujeres que exigen sus derechos, así como ecologistas y opositores a la minería extractiva. Pero también periodistas y políticos que han denunciado corrupción. Según la ONU, en Colombia fueron asesinados 115 líderes sociales en 2018, y en 51 en lo que va de 2019.

Madre, negra, desplazada, amenazada y asesinada

El asesinato de la afrocolombiana María del Pilar Hurtado, asesinada frente a su hijo de 14 años este 21 de mayo en Tierralta, departamento de Córdoba, ha estremecido a Colombia. Esta madre y líder comunitaria había llegado desplazada por paramilitares narcotraficantes de otra región y sufría ahora las amenazas de los dueños de los terrenos que ocupaba junto con un grupo de inmigrantes venezolanos en el sur de Córdoba. 

"La guerra indiscriminada entre varios grupos delincuenciales en varias zonas de Colombia se debe, sobre todo, a que el Gobierno ha fracasado en llevar al Estado a las regiones antes dominadas por las FARC”, afirma Jeremy McDermott, quien no ve la responsabilidad solo en los obstáculos puestos por el mismo Gobierno al cumplimiento del Acuerdo de Paz, y explica que también es cierto que "Duque se ve afrontado a una falta crónica de recursos financieros y a una gran presión de Estados Unidos por retomar la guerra contra las drogas”.

Venezuela, un factor determinante de inseguridad

A toda la compleja situación de degradación de la seguridad interna en Colombia y a la "pérdida de capital político” de Duque, se agregan los problemas generados por la vecina Venezuela, que ha expulsado a un millón y medio de sus ciudadanos a Colombia, y en donde impera el poder de las milicias y grupos armados. "Venezuela es ahora un factor determinante en la degradación de la seguridad en la región, puesto que el ELN y la llamada ‘FARC-Mafia' dominan gran parte de la ilegalidad”, acota el director de InSight Crime.

"Justo porque la crisis de Venezuela no se puede solucionar con una intervención militar, es tan necesario el diálogo entre ambos países”, advierte McDermott. El diálogo empero, está roto, tanto por parte de Bogotá como por Caracas.

¿Habló Duque en Londres de sus errores? Gran Bretaña, así como Alemania, Holanda y otros países de la Unión Europea, le han apostado a la paz financiando vastos programas porque saben que es la única vía para que Colombia salga adelante. La convicción de Jeremy McDermott, director y cofundador de InSight Crime, es que "los británicos conocen muy bien el juego de Duque. Lo van a tratar con todo el respeto del mundo, pero no van a abrir el bolsillo para más inversiones”.

(cp)

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