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Colombia: presentan demanda contra acuerdos de paz

29 de julio de 2016

El procurador general Alejandro Ordóñez pide que se anulen los artículos V y VI de los documentos suscritos el pasado 12 de mayo. Aceptarlos, dice, "desconocería el ordenamiento constitucional vigente".

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Imagen: picture-alliance/dpa/C. Escobar

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, demandó hoy el acuerdo suscrito por el Gobierno y las FARC en mayo pasado, que pretende "blindar jurídicamente" el proceso de paz que las partes celebran desde 2012 en Cuba.

Ordóñez, uno de los principales opositores del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presentó la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado al argumentar que el acuerdo va en contra de la Constitución.

Según el jefe del Ministerio Público, cualquier acuerdo que se firme antes del plebiscito por la paz, con el que el Gobierno pretende refrendar lo pactado con las FARC, va en contra de la ley.

Compromiso "autónomo"

"(Lo pactado en mayo pasado) es un compromiso autónomo e independiente de la decisión que tomen los ciudadanos y las autoridades públicas, con lo cual, efectivamente se desconoció y eventualmente se desconocería el ordenamiento constitucional vigente", aseguró Ordóñez.

El Ejecutivo y las FARC suscribieron el acuerdo hace dos meses con el objetivo de proporcionar una protección jurídica y elevar a un Acuerdo Especial al amparo de normas del Derecho Internacional Humanitario los convenios que se firmen en medio del proceso que está en el tramo final.

Además, el acuerdo prevé incorporar de forma transitoria a la Constitución el inminente pacto, lo cual ha sido criticado por un amplio sector de derecha radical que coincide con el pensamiento del procurador, quien es señalado por sectores políticos de ser un fanático religioso.

La demanda de Ordóñez, quien es conocido por sus posiciones ultraconservadoras en materia política y social, se conoce una semana después de la entablada por un abogado que también pidió cuestionar la aprobación por parte de la Corte Constitucional de realizar el plebiscito.

El Ejecutivo y la guerrilla han logrado ya acuerdos sobre desarrollo agrario, la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, la lucha conjunta contra el narcotráfico y la aplicación de un sistema de justicia transicional, entre otros.

El pasado 23 de junio llegaron a un acuerdo al que se le considera como el más importante, pues se refiere a la decisión de acabar con el conflicto de cinco décadas de duración, lo que implica un alto el fuego bilateral, la concentración de los guerrilleros en 31 lugares específicos y la deposición de las armas, todo ello bajo la verificación de la ONU.

Ese acuerdo empezará a implementarse cuando se firme el acuerdo final de paz, que aún no tiene fecha definida, ya que las partes deben cerrar primero algunos puntos que están pendientes.

EL(dpa, El Espectador)