Colombia: tierra, muerte y paz
24 de noviembre de 2016
"Hoy Colombia puede emprender un camino de desarrollo y progreso para la gente”, dice a DW Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, una ONG que desde hace 15 años busca soluciones a problemas de salud, vivienda, medio ambiente, educación, participación y cultura ciudadana de las comunidades campesinas y urbanas en Colombia.
Vega, quien fue contactado por DW cuando salía de la ceremonia de la firma del Nuevo Acuerdo de Paz en el Teatro Colón de Bogotá, quiere ser optimista, a pesar del rechazo de algunos de los jefes del "no". "No es el debate público y sin armas lo que tememos, sino las campañas del odio, las mentiras y la violencia armada contra la implementación del derecho a la paz”, apunta Vega, agregando que "los colombianos aún tenemos que aprender qué es vivir en paz para conocer sus ventajas”.
La paradoja no podía ser más letal: mientras el proceso de paz logró que la violencia armada ejercida por las FARC desapareciera, tanto que los hospitales no han reportado un solo soldado muerto a manos de esta guerrilla en 2016, aumentan las agresiones y asesinatos contra inermes defensores de derechos humanos, que a menudo son los mismos que reclaman las tierras robadas a ellos o a sus comunidades. "Seis de ellos han sido asesinados en los últimos 10 días”, recuerda Vega.
¿Quiénes matan y por qué?
Si como dice Gerardo Vega, director de la ONG Forjando Futuros, "los defensores de derechos humanos son los constructores de la paz”, ¿qué paz se puede construir con defensores asesinados? La demora del Acuerdo de Paz ha sido, literalmente, mortal. Según la ONG colombiana Somos Defensores, "entre enero y junio de 2016 fueron asesinadas 35 defensores de derechos humanos, 3% más que en el año anterior”. Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (SIADDHH), en el 68% de los casos los agresores son paramilitares, mientras el 22% corresponde a desconocidos y 10% a agentes estatales. Las guerrillas de las FARC y el ELN aparecen con presunta responsabilidad en 2 casos.
Vega y otros expertos coinciden en que el Nuevo Acuerdo sigue respetando la propiedad privada en campos y ciudades, una de las propuestas que ya estaba en el acuerdo original, pero que al parecer era ilegible para los críticos.
Además del riesgo que corren los despojados de las tierras y sus abogados, sobre la implementación de la paz se cierne una amenaza: "Los del "no" siguen insistiendo en que quienes hayan adquirido tierras robadas 'de buena fe' no tengan que devolverlas, en contra del control que prevé el Acuerdo de Paz”, explica el director de Forjando Futuros.
El Nuevo Acuerdo de Paz respalda la restitución de tierras como parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición. La Ley de Víctimas establece además que las mujeres gozarán de especial protección del Estado en los trámites relacionados con la restitución de tierras. Un punto que el "no" ha desacreditado como parte de una supuesta "ideología de género”.
Potentes despojadores y fuertes defensores de estos
Los "ganadores de la guerra” no solo han sido los paramilitares, las guerrillas y las mafias asociadas a estas, como lo demuestra el seguimiento jurídico de la ONG Forjando Futuros: "Recientemente, jueces especializados de Restitución de Tierras condenaron a 19 reconocidas empresas del sector financiero, cementero, minero, agropecuario, bananero y palmicultor a devolver 53.821 hectáreas de tierra a campesinos despojados”.
Entre las grandes empresas condenadas están el Grupo Bancolombia y el consorcio minero sudafricano Continental Gold Limited AngloGold Ashanti. La potencia de estas empresas aclara, en buena parte, la virulencia del rechazo a la paz.
Una paradoja final: mientras las FARC, que combatieron con las armas durante medio siglo la democracia, ahora reconocen el Estado de Derecho, la bancada parlamentaria del Centro Democrático declara "ilegal” el mismo Congreso en donde ejercen su legítima oposición. Una retórica de desconocimiento de las instituciones democráticas, antes practicada por las FARC. Tiempos que no deben volver.