Condenan abusos cometidos durante la dictadura militar en Chile
9 de septiembre de 2013
El gobierno, la oposición, activistas de derechos humanos y la Iglesia católica fustigaron en actos separados las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar chilena (1973-1990).
"Han pasado 40 años, pero no así el dolor y el sufrimiento por temas sin resolver que aún persisten", dijo la dirigenta de derechos humanos Ana González, en el acto que la opositora Nueva Mayoría organizó en el Museo de la Memoria.
La mujer de 85 años, quien perdió a su esposo, sus dos hijos, su nuera y su nieto en manos de la dictadura, insistió que Chile requiere aún de "verdad, justicia y equidad" debido a la libertad de que gozan cientos de represores.
En la ceremonia, la candidata presidencial socialista Michelle Bachelet, quien gobernó entre 2006 y 2010, admitió que los hechos todavía cruzan la política chilena, hasta ahora dividida básicamente entre quienes apoyaron la dictadura y quienes no.
"Aún tenemos una fractura profunda entre quienes justifican la dictadura y quienes confiamos en la democracia", aseveró Bachelet, favorita para ganar los comicios presidenciales de noviembre próximo.
La ex-mandataria además señaló que "los crímenes son responsabilidad de quienes los cometieron", y no producto de un contexto que lo justificara, como sectores de derecha han deslizado por años.
''Desenlace previsible''
En el oficialismo, el presidente Sebastián Piñera deploró las violaciones a los derechos humanos, pero llamó a reflexionar sobre el hecho de que "el golpe de Estado no fue algo súbito, sorpresivo ni intempestivo".
"Fue el desenlace previsible -aunque no por ello inevitable- de una larga y penosa agonía de los valores republicanos, de un deterioro creciente de la amistad cívica entre los chilenos", dijo en un acto en La Moneda, al que la oposición rechazó asistir.
"Algunos quieren pensar que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron los crímenes o dieron las órdenes para que se cometieran. En mi humilde opinión, también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de Derecho y promovieron la intolerancia el odio y la violencia", acotó.
En medio de esas diferencias, la Iglesia católica, clave en la defensa de los derechos humanos bajo dictadura, subrayó su rechazo a los crímenes de lesa humanidad ocurridos, otrora avalados por sectores conservadores.
"Nada justifica los atropellos a la dignidad de las personas cometidos a partir del 11 de septiembre de 1973", sostuvo la Conferencia Episcopal.
La Iglesia católica agregó además que lamenta las divisiones que permanecen en Chile entre quienes justifican el golpe y quienes no lo hacen.
"Recordamos (aún) los 40 años del golpe de Estado, un momento doloroso de la historia chilena cuyas heridas no han terminado de cicatrizar", sostuvo la Iglesia en un comunicado.
Durante la dictadura, en la que participaron algunos líderes actuales del oficialismo, unas 38.000 personas fueron torturadas, ejecutadas o desaparecidas, según informes oficiales emitidos en democracia.
La Iglesia católica chilena, liderada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, organizó la defensa de los derechos humanos desde el primer día del régimen militar a través del Comité Pro Paz primero y de la Vicaría de la Solidaridad, luego.
Silva Henríquez, cuyo nombre se barajó como sumo pontífice antes de la elección de Karol Wojtyla, visitó incluso a los miles de detenidos en el Estadio Nacional, prometiéndoles su defensa.
"Me parece que como han muerto tantos, que muera un sacerdote también está bien. Nosotros debemos morir con el pueblo", dijo en 1984 cuando una patrulla policial asesinó al sacerdote francés André Jarlan, en un barrio pobre de la capital.
EL(dpa, La Tercera)