Cooperación en territorio guerrillero
6 de noviembre de 2010
Con fuerte presencia militar, el Gobierno colombiano trata de consolidar su control en La Macarena, baluarte de la autodenominada guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al mismo tiempo, medidas sociales e infraestructurales deben complementar el programa.
En este contexto, el ministro alemán de Cooperación para el Desarrollo, Dirk Niebel – actualmente de gira por América Latina – pretende impulsar, en esa región colombiana, un programa de ordenamiento físico y protección ambiental de la alemana Sociedad para la Cooperación Técnica (GTZ).
Sin embargo, organizaciones humanitarias como Caritas International y Miseoror ven en la iniciativa una peligrosa mezcla del compromiso humanitario con la presencia militar y advirtieron sobre ello en una declaración hecha pública este viernes (5.11.2010) en Berlín. El representante de la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar-Volkmann, de origen alemán, considera legítimo el concepto del Ejecutivo germano.
Cooperación civil con presencia militar
La región de La Macarena, en el departamento de Meta, en el centro de Colombia y al sur de Bogotá, estuvo vedada por largo tiempo a los colaboradores de la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sólo en 2005 se tuvo acceso a esta zona situada sobre la ladera Este de la sierra del mismo nombre, explica Christian Salazar-Volkmann.
Hace apenas un par de meses que el ejército colombiano abatió aquí al líder guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, también conocido como Jorge Briceño, Luis Suárez o “Mono Jojoy”. El actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, festejó el golpe contra las FARC como un espaldarazo para su estrategia militar.
"El Estado quiere mostrar que tiene el control en La Macarena y que lleva a cabo su reconstrucción civil, pero las propias operaciones del ejército demuestran cuán presentes están todavía las FARC allí", asegura Salazar-Volkmann. “La región aún no ha sido pacificada. Y eso significa para todo el que trabaje allí, por supuesto, hallarse trabajando en un territorio por el que se pelea militarmente. Es necesario estar conscientes de eso”.
Restaurar la paz, sin “ojo por ojo…”
Pese a todos los éxitos militares en la lucha contra las FARC y contra los carteles del narcotráfico, la situación de la seguridad en Colombia sigue siendo tensa, ha empeorado incluso desde 2007, dice el representante de Naciones Unidas: “tenemos, por ejemplo, entre 40 y 50 asesinatos de sindicalistas por año, entre 40 y 50 asesinatos de líderes de organizaciones indígenas ocurrieron este año”. Y la situación es inestable, sufre avances y retrocesos entre un mes y otro, entre un año y otro.
Como positivo valora el representante de la Alta Comisaría para los Derechos Humanos el curso del actual Gobierno de Santos. Un punto central es la prevista Ley de Víctimas. Millones de desplazados por el conflicto armado colombiano deben beneficiarse con la devolución de las tierras que les fueron arrebatadas por los paramilitares. Pero los guerrilleros y sus familiares serán excluidos, algo que rechazan las autoridades de la ONU, pues el ejército cometió también numerosos crímenes contra los guerrilleros.
“Es absurdo diferenciar entre las víctimas”, argumenta Salazar-Volkmann. “Cuando se ejecuta extrajudicialmente a un guerrillero o cuando los guerrilleros son hechos prisioneros por los militares y desaparecen, se convierten en víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos y no pueden ser excluidos de la ley”. En este punto, el tema necesita discusión, admite el representante, “pero se trata, en esencia, de una iniciativa muy importante para el país”.
Mediación internacional: imprescindible
Sin la presencia de organizaciones internacionales e independientes como las Naciones Unidas el proceso colombiano de paz y reconciliación nacional no tendría ninguna oportunidad, de eso está convencido Salazar-Volkmann. Ésta tiene que ser “una presencia que se concentre en proteger a la población, reconstruir la independencia del sistema de justicia, así como estructuras locales que permitan la participación social efectiva de la población”.
Y es que, ante la presión a que se la halla sometida la sociedad desde todos los frentes, “las únicas que pueden hacer algo realmente creíble son las organizaciones internacionales”, dice Salazar-Volkmann. Además, una condición indispensable para el éxito de este proceso sigue siendo la reforma y el control democrático de los servicios secretos, asociados con numerosos crímenes del pasado reciente – insiste el funcionario de la ONU.
De ahí que resulte de tamaña importancia, la colaboración de ONGs y gobiernos internacionales, opina Salazar-Volkmann, que apoya la iniciativa de Berlín para apoyar el proyecto de la alemana Sociedad para la Cooperación Técnica (GTZ) en territorio colombiano.
Autor: Marcel Fürstenau (Bogotá) / Rosa Muñoz Lima
Editora: Luna Bolívar Manaut