Corrupción en Malta: ¿qué hace al respecto la UE?

Un grupo de 45 periodistas provenientes de quince países ha decidido llevar a término la investigación que le costó la vida a la reportera maltesa Daphne Caruana Galizia; ella estaba tras la pista de los beneficiarios de varios casos de corrupción que azotaban a su país cuando fue asesinada. Sus colegas esperan que las pesquisas les permitan descubrir a los autores intelectuales y materiales del homicidio. La Justicia de la isla mediterránea no ha hecho avances a medio año de aquel suceso; se teme que esa parsimonia sea premeditada.

Pero, ¿están las instituciones de la Unión Europea ejerciendo presión sobre La Valeta para que la muerte de Caruana Galizia sea esclarecida y para que los periodistas investigativos reciban protección? Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión Europea, dice que ese organismo está esperando los resultados de una indagación independiente y niega que exista una crisis judicial en Malta, a pesar de que la independencia de los magistrados y los agentes policiales está en entredicho desde hace mucho tiempo.

¿Crisis? ¿Qué crisis?

Según Schinas, en Bruselas no hay ninguna causa abierta contra Malta por arremetidas contra el Estado de derecho, sino conversaciones con el Gobierno de La Valeta que buscan resolver problemas de institucionalidad puntuales. Esa aseveración sorprende a Sven Giegold, eurodiputado en representación de Los Verdes y miembro de la delegación comunitaria que viajó a Malta: "En la isla hay un problema sistemático con el Estado de derecho que la Comisión Europea está encubriendo, incluso tras el homicidio de Caruana Galizia”, sostiene.

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La periodista estaba investigando la venta de pasaportes europeos a ciudadanos no comunitarios por parte del propio Estado maltés, sobre todo a empresarios provenientes de Rusia, China y varios países árabes. Bruselas anunció que estaba por publicar un reporte al respecto, agregando que no saltaba a la vista infracción alguna. La Comisión Europea concede, eso sí, que el lavado de dinero en Malta es un asunto que la preocupa. Actualmente se sopesa la apertura de un juicio contra Malta por ese motivo, señala Schinas.

Registros de libre acceso

Este mismo jueves (19.4.218), el Parlamento Europeo promulgó una quinta directriz contra el lavado de dinero para dificultarlo. Judith Sargentini, quien presidió las discusiones en torno a esa directriz en la Eurocámara, celebra que ahora no son sólo los propietarios de empresas e inmuebles quienes deben aparecer con nombre y apellido en un registro de libre acceso, sino también las sociedades fiduciarias. Sargentini acota que eso permite descubrir a testaferros, financistas de actividades terroristas y evasores de impuestos.

Sargentini también está orgullosa de que hayan sido denegadas las solicitudes hechas por varios Estados para restringir el acceso al registro en cuestión. Las organizaciones no gubernamentales y los periodistas de investigación podrán echar mano a sus datos cuando juzguen que éstos son de interés público. "Cuando cierta información adquiere carácter público, el esclarecimiento de casos de corrupción es más sencillo y las pesquisas, menos peligrosas. Al menos eso esperamos”, añade Sargentini.

Barbara Wesel (ERC/CP)