¿Qué pasa con la campaña presidencial costarricense?
26 de diciembre de 2017
El escándalo, conocido como "Cementazo", empezó en diciembre de 2014, cuando el diputado Otto Guevara solicitó al por entonces ministro de Economía, Welmer Ramos, cambiar las reglas de comercialización del cemento en el país, un negocio de 500 millones de dólares anuales. Para este entonces, el mercado era un duopolio que se repartía entre dos subsidiarias de empresas internacionales, Cemex y Holcim.
A inicios de 2015, un nuevo reglamento técnico fue aprobado y el propio Banco de Costa Rica (BCR) apoyó la apertura del mercado ofreciendo financiar la importación de cemento chino. Mientras el diputado negociaba el cambio en las normas de importación, el empresario Juan Carlos Bolaños se reunía con funcionarios de alto rango para pedirles dinero para importar cemento desde China.
El BCR y su subgerente Guillermo Quesada prestaron a Bolaños y a su empresa Sinocem 31,5 millones de dólares de fondos públicos, bajo requisitos laxos. Un informe del Organismo de Investigación Judicial identificó 1.083 llamadas telefónicas entre el importador del cemento chino, Bolaños, y los diputados Víctor Zapata, Otto Guevara y el exdiputado Walter Céspedes. Además de sus numerosas reuniones con diputados de varios partidos políticos y ministros, Bolaños visitó la Casa Presidencial en seis ocasiones.
Un presidente que "no tiene amigos"
Desde septiembre Luis Guillermo Solís repite la misma frase en Twitter, en Facebook, en comunicados de prensa, delante del Plenario: "La Casa Presidencial reitera que el Presidente de la República no tiene amigos". Un refrán que inspiró numerosos tuits.
Sus palabras no convencen a muchos, aún menos a la Comisión Legislativa que se encarga de la investigación del caso. Este 18 de diciembre la comisión declaró que 29 personas estaban involucradas en este tráfico de influencias, entre ellas destaca el presidente Solís. Ministros, congresistas, diputados, directores del banco nacional, el director de los servicios de inteligencia: esta telenovela cuenta con todas las "celebridades" de la vida política costarricense.
Y todo sucede en un país que el próximo 4 de febrero tendrá elecciones presidenciales.
Candidatos acusados
Un informe-encuesta realizado en octubre por la Universidad de Costa Rica demuestra que los principales problemas según la población costarricense son el desempleo, la corrupción y la economía. Irónicamente, algunos de los acusados en el "Cementazo" no dudan en presentarse como candidatos a la presidencia y hacen de la lucha contra la corrupción el tema central de sus campañas electorales.
En el sitio del partido Movimiento Libertario, partido del candidato Otto Guevara, se lee: "Promovemos la política de cero tolerancia a la corrupción y a otras formas de abuso en el ejercicio del poder."
El Partido de Acción Ciudadana (PAC), con el que Solís ganó las últimas elecciones, está debilitado. El "Cementazo" paraliza al candidato presidencial del partido, Carlos Alvarado, que tiene un 7,5% de intención de voto, según un sondeo de noviembre.
El presidente de la agrupación Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza, tercer favorito, teme que este caso salpique su campaña. Dos diputados del PUSC tuvieron que explicar sus relaciones con Bolaños delante de la comisión.
Duopolio electoral
Juan Diego Castro, abogado, antiguo ministro de Justicia y candidato "no tradicional", aprovechó la situación para alejarse de los otros candidatos y promover una imagen "limpia". El candidato del conservador Partido de Integración Nacional (PIN) se jacta de no estar vinculado con el "Cementazo" y alcanza un 24% de las intenciones de voto, un récord para el partido que hasta ahora solo había conseguido cargos municipales.
El abogado y actual presidente de la Asamblea, Antonio Álvarez Desantí, parece ser el candidato con mayor respaldo. Sin embargo, con un 30% de las intenciones de voto, el candidato del partido Liberación Nacional (PLN) necesitaría una segunda vuelta para ganar.
Pero el favorito también tiene que lidiar con historias comprometedoras. En 1990 defendió como abogado a la empresa de telecomunicaciones Millicom, acusada de monopolizar el negocio de las comunicaciones celulares en Costa Rica bajo el gobierno de Arias. En su momento, en medio de una campaña presidencial, el hecho abrió varios debates. Fue un escándalo que se asemeja mucho al actual.
Margot Desautez (DG)