Derechos humanos para los indígenas

Tras el anuncio del presidente boliviano, Evo Morales, de una iniciativa para reformar el órgano de defensa de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reclamada principalmente por gobiernos de izquierda de América Latina, los derechos de los pueblos indígenas en el subcontinente sigue siendo el talón de Aquiles de muchos de sus representantes.

La tarea crítica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue cuestionada por varios gobiernos de la región. Ecuador, Nicaragua y Venezuela solicitaron en la Asamblea General de la OEA, que había tenido lugar el 5 de junio en la ciudad boliviana de Cochabamba, una reforma a esa institución. El mandatario venezolano, Hugo Chávez, se pronunció a favor de la creación de un nuevo mecanismo de vigilancia en los nuevos “espacios geopolíticos de unidad que están naciendo”. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó al organismo de “defensor de libertad de extorsión del periodismo". Y los Gobiernos de Brasil, México y Argentina se pronunciaron por “modernizar” los órganos de defensa de los derechos humanos del sistema interamericano. Se trata de un debate complejo cuyo tratamiento se acordó postergar para dentro de seis meses, a más tardar para el primer trimestre de 2013. Y la iniciativa se presentó en el marco de recientes protestas indígenas que fueron el centro de atención de los medios.

Oídos sordos a protestas de comunidades indígenas

Los habitantes originarios de varios países latinoamericanos se ven confrontados día a día con la pérdida de su territorio, con un deterioro de su situación en cuanto a derechos humanos –en la que aumenta el número de denuncias penales en su contra por parte de las autoridades debido a su participación en manifestaciones contra recortes salariales y contra la instalación de centrales mineras o la tala de bosques-, así como con la indiferencia de una gran mayoría de la población para la cual, aparentemente, son solo los vestigios de una cultura primigenia que debe dejar paso a un país más moderno, que fluya con la corriente que dictan el capital y los mercados.

Al parecer, muchos pueblos indígenas de América Latina no han logrado aún que se escuche su voz, a pesar de estar actualmente mejor organizados y de que su mensaje llegue a los medios y se difunda a través de las redes sociales. Y los gobiernos latinoamericanos –hasta los que se enorgullecen de haber sido elegidos por los indígenas- no parecen hacerse eco de su reclamo, que no se dirige solo a llamar la atención acerca de sus derechos, sino que refleja también la urgente demanda de respetar los derechos vitales de nuestro planeta y, por ende, los de todos sus habitantes. Esas demandas, de gran actualidad, chocan, sin embargo, con la posición de varios gobiernos latinoamericanos con respecto a la función de la CIDH.

Ecuador y Bolivia: ¿qué pasa con los derechos humanos?

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo hace unos días que la CIDH está fuertemente influenciada por organizaciones no gubernamentales financiadas por empresas con intereses contrarios a los de algunos gobiernos. "Los organismos de defensa de los derechos humanos tienen que obedecer a los sistemas que los crean", asguró Patiño. "No son fiscales de los Estados democráticos. No pueden arrogarse esa función", dijo. La crítica del Gobierno de Ecuador a la CIDH se produjo luego de que ese organismo pididera al presidente Rafael Correa que cesara un proceso judicial contra periodistas que lo tacharon de autoritario e informaron sobre negocios de uno de sus familiares con el Estado. Más tarde, el 6 de junio, Patiño desmintió que su país buscara la eliminación de la CIDH y dijo que "Ecuador quiere fortalecer" el funcionamiento de ese organismo y que quiere que el sistema de derechos humanos interamericano "mejore y cumpla adecuadamente con sus funciones".

Ecuador debió, según el ”Informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional 2012”, rendir cuentas ante la Corte Internacional de Derechos Humanos en julio de 2011 por haber violado los derechos de un grupo de indígenas a ser informados de las actividades de una empresa petrolera y por haber omitido un referendo acerca de concesiones hechas en 1996 a dicha empresa en territorio de los Kichwa, en Sarayaku, una comunidad de cerca de 120.000 personas en una región virgen del Amazonas.

Más tarde, en octubre del mismo año, el Gobierno autorizó por decreto a las Fuerzas Armadas de Ecuador a intervenir la ciudad Chone, en la provincia de Manabí, donde miembros de una comunidad indígena realizaban protestas contra la construcción de una represa que representaba la evacuación forzosa de 1.700 familias. Cientos de soldados ingresaron al territorio y destruyeron los cultivos con tractores, informa Amnistía Internacional en su página web.

Según Amnistía Internacional, en Ecuador no solo se han pisoteado los derechos de los indígenas, sino que, además, se ha fortalecido el comportamiento impune de las autoridades, ya que no se sometió a juicio a los culpables de las violaciones de sus derechos, y, además, se mantuvieron los cargos en contra de los habitantes originarios.

De acuerdo con el informe de AI, la situación en Bolivia no es muy diferente. Allí, la organización denuncia el abuso de autoridad y ejercicio indiscriminado de la violencia -incluso contra personas discapacitadas- por parte de las fuerzas policiales a las que se les ordenó reprimir una manifestación en febrero de 2012. "Las fuerzas de seguridad bolivianas tienen el deber de mantener el orden público, pero siempre deben hacerlo en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza. Las denuncias de malos tratos deben ser investigadas a fondo y con imparcialidad", dijo Guadalupe Marengo, subdirectora del Programa Américas de AI.

Evo Morales, por su parte, apela a una reforma de la OEA, que debería, según él, "dejar de servir a EE. UU. y renacer para servir a los pueblos de América".

Contradicciones políticas: ¿peligro para los DD. HH?

Es difícil establecer en qué medida los gobiernos de izquierda o populares de Latinoamérica logran justificar una dicotomía que está cada vez más a la vista. Por un lado, resaltan su lucha por los derechos humanos, pero los derechos de una gran parte de la población indígena siguen sin ser tomados en cuenta, subraya AI. Los gobernantes se ven ante la necesidad de crear puestos de trabajo talando bosques que son el pulmón del planeta y explotando minas con métodos tóxicos para la fauna, la flora y para el hombre, y, al mismo tiempo, deben posicionarse con respecto a los derechos de las comunidades originarias. Un dilema al que se enfrentan también Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú. El Gobierno de Brasil, por ejemplo, manifestó su desagrado tras el pedido de la CIDH de suspender la construcción de la gigantesca central hidroeléctrica de Belomonte, en la Selva Amazónica. Según ONGs locales, el alcalde de Espinar, Perú, Oscar Mollohuanca, fue detenido el 30 de mayo de este año sin existir una orden de detención, y se teme que el hecho sea parte de una campaña en su contra por haber criticado públicamente el acuerdo entre el Gobierno peruano y la empresa minera que actúa en la zona.

En su informe anual de 2012, AI dice al respecto de la propuesta de reformar la CIDH que “aunque las recomendaciones contenidas en el informe fueron calificadas de esfuerzo para reforzar el sistema, en realidad algunas de las medidas propuestas podrían debilitar su independencia y eficacia, y tener un impacto especialmente grave en la labor de la Comisión y de sus relatores.”

La posibilidad de que deje de existir un organismo como la CIDH, de carácter autónomo y supranacional, cuya función es promover y proteger los derechos humanos más allá de las conveniencias y necesidades contextuales de un determinado gobierno plantea varios interrogantes. Uno de ellos es que las autoridades de los países en cuestión puedan tomar decisiones incurriendo, al actuar en desmedro de los derechos de ciertas minorías, justamente en los errores que quisieron revertir y cuya reparación fue, en muchos casos, su estandarte programático. Una contradicción que podría conducir a un resultado que muchos de esos gobiernos seguramente no podrán permitirse.

Autora: Cristina Papaleo
Editora: Rosa Muñoz Lima