Derogan venta de tierras en Panamá

En medio de pedidos de justicia por los tres muertos y los heridos en manifestaciones, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, lanzó un mensaje conciliador a favor de la estabilidad tras derogar una ley que desembocó en graves disturbios en varias provincias.

Martinelli leyó este domingo un mensaje a la población, a través de una cadena de radio y televisión, horas después de haber derogado la polémica ley 72, que permitía la venta de tierras estatales en la Zona Libre de Colón (ZLC), en la caribeña ciudad del mismo nombre.

"Por más buena que sea una ley, si el pueblo no la quiere, no sirve. Si creímos que la ley estaba consensuada, nos equivocamos", acotó.

El presidente reconoció la frustración y desconfianza acumulada luego de 40 años de abandono de los habitantes en Colón, lo que derivó en un "conflicto innecesario". Añadió que "volver a la paz es lo más importante" para el gobierno.

En Colón, la segunda ciudad en importancia económica de este país que sirve de puerta de entrada al Canal de Panamá, 47 de cada 100 habitantes no tienen empleo y la media de ingreso mensual de los que trabajan es de 419 dólares.

"Cuidar de los heridos y de los familiares de los fallecidos (en las protestas) es nuestra prioridad. Iremos a cada uno de sus hogares para brindarles el apoyo que necesiten", reseñó el mandatario luego de los disturbios que paralizaron a la ciudad de Colón, su zona franca y los puertos.

Asimismo, lamentó que la ZLC genere anualmente cerca de 30.000 millones de dólares en importación y reexportación, y únicamente el Estado recaude 33 millones de dólares anuales en arrendamientos.

Denuncian represión

Sin embargo, Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio por Colón, afirmó que el discurso de Martinelli queda "atrasado", en el sentido de que la confrontación entre el pueblo y las fuerzas policiales pudo haberse evitado.

Estimó que la promesa de conciliación debe ser verdadera, porque tras los disturbios hay unas 48 personas heridas de bala esposadas a las camas en los hospitales y detenidos en las cárceles.

"Para hablar de conciliación tiene que haber muestras de ello", reseñó el dirigente, al referirse a la ley 72, que en su estructura "estaba orientada a quitarle las tierras al Estado, a desalojar personas, incluido empresarios".

Cabezas exigió responsabilidad por la actuación de funcionarios que habrían acentuado la crisis. "Que se revelen los nombres de los asesinos de los inocentes", enfatizó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Irvin Halman, solicitó al gobierno que recapacite sobre los graves hechos acaecidos.

"La imposición como forma de gobernar, sumada a la desconfianza ciudadana en cuanto a la actuación que se espera de las instituciones democráticas han hecho crisis y han cobrado su precio en el tan lamentable, como previsible y evitable conflicto en el que resultaron inmersos todos los habitantes del país", precisó Halman.

El dirigente del gremio empresarial puntualizó que "la vía de la imposición es incomprensible en una sociedad democrática, por lo que la misma no puede repetirse. En democracia, no puede desatenderse el clamor de las mayorías y debe tomarse en cuenta a sus principales representantes".

A su vez, Maribel Jaén, de la Comisión Interdiocesana de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, empezó a recoger testimonios de las víctimas de la represión y abogó por la liberación de los detenidos en las protestas, para propiciar un diálogo que contribuya a la paz.

Fuente: DPA

Editor: Enrique López