El aborto: ¿delito o problema de salud pública?

Masivas manifestaciones tanto a favor como en contra de las despenalización del aborto que han flanqueado el debate al respecto que se inició el 10 de abril en el Parlamento argentino, con la participación de numerosas figuras del ámbito sanitario, académico, político, religioso y otros sectores de la sociedad. El presidente Mauricio Macri abrió las puertas a la discusión y dejó en libertad de conciencia a los miembros de su partido para pronunciarse al respecto, pese a que él, personalmente, se declara contrario al aborto.

La interrupción  del embarazo libre en las primeras 14 semanas de gestación es lo que propone el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No es el único que está sobre la mesa, pero es el eje en torno al que gira el debate,  con miras a presentar un proyecto al Legislativo.

Debate histórico

"Lo histórico del momento actual es que, pese a que el proyecto se presentó en siete oportunidades a lo largo de estos últimos 10 años de existencia de la campaña, es la primera vez que se debate en el Congreso. No solo se está dando esta opción de audiencias públicas, sino que este proceso va a conducir a que el 13 de junio la Cámara de diputados, por primera vez en los últimos 35 años, de cabida al debate y defina si se aprueba o no”, señala Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina.

La legislación argentina considera el aborto como un delito, pero contempla dos causales por las que no es punible: cuando pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, o cuando esta ha sido víctima de una violación. "En todos los otros casos pesa sobre las mujeres la amenaza penal y eso es lo que se quiere remover ahora”, explica.

Criminalización del aborto

Susana Chávez, secretara ejecutiva del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai), resalta el esfuerzo dirigido a que Argentina se sume a la corriente de no criminalizar el aborto.  "En muchos países tenemos una gran dificultad, que es pretender regular el aborto desde el Código Penal; se lo aborda básicamente desde una mirada de delito, y no como un problema de salud pública y como un asunto que afecta el desarrollo y la autonomía de las mujeres”, plantea. A su juicio, el establecimiento de causales restrictivas para la interrupción de embarazos se a interpretaciones arbitrarias. Relata un ejemplo en Perú: "Tenemos el caso de una niña de 11 años que ha sido víctima de violación, que presenta anemia, que vive a dos horas del hospital más cercano y está en condiciones muy muy difíciles; a pesar de que los médicos admiten que el embarazo es de altísimo riesgo, no consideran el aborto, porque supuestamente están atendiendo el derecho del concebido, cuando ese no es un tema en cuestión porque la ley ya prioriza la salud de la mujer”.

En Perú y en Argentina hay leyes que permiten el aborto desde 1921. "Pero recién en esta década hemos logrado que los países tengan marcos regulatorios”, subraya Susana Chávez. Paola García Rey sostiene, por su parte, que el modelo de indicaciones siempre fracasó. "Paradójicamente Argentina tiene una legislación quizá más avanzada que otros países en los que el aborto está absolutamente prohibido, como El Salvador, Honduras, Nicaragua. Pero la realidad de las mujeres en Argentina, pese a tener un marco legislativo más benévolo,  se emparenta mucho a la de los contextos en los que está absolutamente prohibido, porque las mujeres seguían enfrentando muchísimas barreras”, afirma.

Objeciones éticas

Uno de los argumentos generalmente esgrimidos por los opositores a la despenalización del aborto es que podría dar pie a un mayor número de interrupciones de embarazos, y sería usado como método anticonceptivo. La especialista de Amnistía Internacional lo refuta: "Las estadísticas han reflejado que el aborto no aumenta tras los procesos de legalización - tiende a permanecer estable- pero que sí tiene impactos concretos en la mortalidad materna. Canadá es un ejemplo: tras  30 años de ejercicio del derecho al aborto, hoy la mortalidad materna por abortos inseguros es cero. Y Uruguay se está acercando claramente a esas cifras”.

La Iglesia Católica y organizaciones civiles contrarias al aborto plantean también otros  argumentos éticos en el debate del Parlamento. El coordinador de la "Marcha por la Vida” declaró a la prensa que "la ciencia ha demostrado hasta cansarse que la vida comienza desde el primer instante de la concepción” y que vivir es el "primer derecho de un ser humano”.

El debate es complejo y compromete diversos aspectos políticos y éticos. Pero los partidarios de legislar muestran cierto optimismo, como la secretara ejecutiva de Clacai. "Argentina es un país que nos llena de enormes esperanzas. Creo que hay un avance sustantivo en la defensa de las mujeres”, dice, destacando el impacto de la campaña "Ni una menos”, que ha llamado la atención sobre la violencia contra las mujeres: "Creo que el embarazo forzado  en las mujeres es una expresión más de violencia, sobre todo en las mujeres que son víctimas de violación”.  

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