El decreto 2.184 en Venezuela, “acelerar ante el precipicio”

El pasado 14 de enero fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el Decreto 2.184, que declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por 60 días, y que puede ser prorrogado por otros 60. El propósito es “atender eficazmente la situación excepcional; extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana”, para “asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales”.

El gobierno bolivariano admite que la economía nacional está afectada por fenómenos como la inflación, la especulación y la baja en los precios del petróleo. Sin embargo, para las autoridades venezolanas la inflación es “inducida”, el valor de la divisa venezolana “ficticio”, la falta de abastecimiento producto de un “sabotaje a los sistemas de distribución”, y las cotizaciones del hidrocarburo, resultado de una “guerra de precios”.

Basado en este enfoque, el gobierno propuso 11 puntos a manera de salida (véalos aquí).

Lo que dicen los expertos

El decreto “intenta dar mayor poder y capacidad de acción al Poder Ejecutivo, sobre todo en un momento en el cual ya se ha perdido el control del Parlamento. Es decir, la emergencia económica sirve como un pretexto para poder reequilibrar el balance de poder a favor del Ejecutivo, dado que el chavismo tenía control sobre los poderes públicos y ahora el Legislativo ha salido a controlarlo”, dice a DW Víctor Manuel Mijares, del Instituto de Estudios Internacionales y Regionales GIGA, con sede en Hamburgo .

Desde Boston, Miguel Ángel Santos, investigador del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, parece coincidir con Mijares: “El plan solicita la extensión de la Ley Habilitante que tenía el presidente Maduro para legislar en materia económica y tomar las decisiones correspondientes sin consultar con ninguno de los otros poderes”, dice Santos a DW.

En general, los 11 puntos de que consiste el plan, que será debatido este viernes (22.01.2016) en la Asamblea Nacional de Venezuela, tienden a reforzar el modelo basado en la fuerte intervención del Estado en el ejercicio del presupuesto público: se prevé disponer de recursos púbicos para asegurar “la continuidad de las misiones sociales”, o para “agilizar las compras del Estado”, o para “desarrollar, fortalecer y proteger el Sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas”. Solo dos de los puntos (el 3 y el 7), podrían conducir bajo determinadas circunstancias a un aumento en los ingresos públicos.

Medidas inviables

Sobre la intención de “adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera” (punto 10), Santos afirma: “Aquí el problema es que el gobierno carece de credibilidad para el proceso de implementación de reformas. No tienen ni idea de qué hacer. Es tarde para que se reinventen, pero además carecen totalmente de la credibilidad que hace falta para que estos procesos de reforma que en teoría que quieren acometer, den resultado.”

En cuanto al artículo 4 del Decreto 2.184, que establece límites máximos de ingreso o egreso de la moneda venezolana de curso legal en efectivo, quien fuera coordinador de política macroeconómica en el equipo de campaña presidencial de Henrique Capriles (2012-2013) afirma que “la economía venezolana llegó hasta donde está no por falta de restricciones o falta de controles, sino más bien por el exceso de restricciones y el exceso de controles." Al leer esta parte del texto, “lo primero que me vino a la mente fue que es una medida para restringir la movilidad de fondos dentro de la economía venezolana, o lo que en Argentina se dio a conocer con el nombre de ‘corralito' “, agrega Santos.

¿Salto al precipicio?

Ambos expertos coinciden en que, en vez de representar una solución, el decreto presentado por Maduro a la Asamblea Nacional y al Tribunal Constitucional (donde ya pasó), el decreto parece un salto al vacío.

Desde Boston, Santos señala que “lo que está ocurriendo es una catástrofe que sí amerita una declaración de emergencia económica, pero en unos términos completamente distintos de los que ha planteado el presidente”.

Por su parte, Mijares dice desde Hamburgo: “Llama mucho la atención que Maduro haya decidido, como se dice, ‘huir hacia adelante' . Su idea de la profundización no parece tener mucho sentido económico, sino político: de mantener a los convencidos en las bases ideologizadas del chavismo dentro del chavismo. No permitir que después de una derrota como la del 6 de diciembre pasado también se vea como una claudicación ideológica.”

El experto del Instituto GIGA considera que el decreto 2.184 no parece conducir a Venezuela hacia una salida económica, “sino que pareciera orientarse a profundizar la crisis económica y la crisis política, cosa que no solo opositores sino algunos de los propios chavistas están esperando que ocurra en cualquier momento durante este año, con la posibilidad de que Nicolás Maduro tenga que enfrentar alguno de los mecanismos constitucionales que lo separarían del cargo.”