El mundo busca de nuevo la panacea contra el narcotráfico

“Preocupados por la salud física y moral de la humanidad”, puede leerse en el preámbulo de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes , nacida en 1961, enmendada en 1972 y complementada con otras dos convenciones en 1971 y 1988. A través de ella, los países firmantes acuerdan combatir el uso indebido y el abuso de las drogas ilícitas.

Entretanto, “más del 95% de los países miembros de Naciones Unidas se han adherido a las convenciones, lo significa que sus principios son válidos para el 99% de la población mundial”, comenta Carola Lander, una de los 13 integrantes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

El órgano fue creado para controlar que se cumpla lo ratificado, y se reúne periódicamente en la capital de Austria para discutir sobre posibles políticas en contra del tráfico y consumo de narcóticos, sustancias psicotrópicas y otras drogas ilegales.

Hasta aquí la teoría. La práctica es, ya se sabe, otra cosa. “El que tantos Estados hayan plasmado su firma en el texto es buena señal”, opina Lander, “sin embargo, a la hora de llevarlo a la práctica comprobamos que en muchos países falta o bien la conciencia acerca de su importancia, o bien la voluntad política necesaria. Si uno piensa que Bolivia y Afganistán forman parte de las convenciones…”.

La JIFE presenta estos días en Viena su Informe Anual y el organismo no está nada contento, por ejemplo, con Bolivia: que el Gobierno permita a los cocaleros expandir sus cultivos contradice los compromisos adquiridos, se lee en el documento.

La nueva ruta de la cocaína

“La JIFE puede aconsejar a los países y apoyarlos en la aplicación de sus políticas antidrogas. Pero en primer lugar, cada Estado es responsable de sí mismo. Si carece de medios, puede pedir ayuda a los países ricos, pero es él quien tiene que dar el paso, quien tiene que poner personal a disposición y quien tiene que comprometerse con el cumplimiento de lo pactado. No se puede estar siempre mandando dinero sin más”, dice Lander.

Dinero sin más quizás no, pero muchos Estados carecen de todo tipo de recursos, políticos como materiales, para hacer frente al narcotráfico. Desde que el comercio con cocaína descubriera la costa occidental de África para llegar a Europa, la droga hace escala en Guinea-Bissau en cantidades cuyo valor supera al mismo Producto Interior Bruto del país. En 1995, Guinea-Bissau se acogió a las convenciones, pero le faltan policías y ni siquiera tiene una cárcel.

Y además, “en la mayoría de los casos, las estructuras democráticas de los países del África occidental empezaron a establecerse finalizada la Guerra Fría, por lo que todavía se encuentran en proceso de implantación y son muchas veces inestables”, recuerda Wolfgang Götz, director del Observatorio Europeo para la Droga y las Toxicomanías (OEDT). “Si en estos países, en los que por añadidura el funcionariado está muy mal pagado, empieza a caer dinero en las manos equivocadas, las puertas a la corrupción se abren de par en par”, añade.

La venta de cocaína en Europa es un negocio altamente lucrativo. Según el OEDT, el consumo sigue su curso ascendente y la fortaleza del euro supone una ventaja relativa con respecto al mercado estadounidense. Y ahí están esos Estados por los que se pasa tan fácilmente.

“Los traficantes de drogas eligen como objetivo para sus operaciones a países con estructuras gubernamentales débiles que tienen una capacidad limitada de defenderse contra el narcotráfico y sus consecuencias, como la corrupción y el abuso de drogas”, describe en su Informe la JIFE.

Y sin embargo, todo esto no significa que “la ruta desde América Central y la región caribeña hacia Norteamérica y Europa haya visto mermada su actividad”, asegura Lander.

Según ha comprobado la JIFE, México sigue siendo un importante país de tránsito para las drogas ilícitas cuyo destino final es Estados Unidos, Canadá o Europa. “No es que las rutas hayan cambiado”, explica Götz, “lo que sucede es que han nacido rutas nuevas”.

¿Puede ser la legalización una alternativa a las actuales políticas antidroga? ¡Siga leyendo!

Alternativas a la fuerza de la ley

Las incautaciones de estupefacientes por la policía siguen siendo una esperanza “débil”, indica el Informe Anual de la FIJE. Aumentan año tras año, pero no son más que un porcentaje mínimo de la cantidad total en la que se supone que circulan las sustancias.

“Mientras haya demanda existirá una oferta”, confiesa Götz, y para que la droga llegue a Europa y Estados Unidos, los países productores y de tránsito seguirán cargando con el lastre de las mafias, la violencia y la enorme capacidad de corromper que rodean a este ilícito negocio.

Precisamente en la ilegalidad reside el problema, opinan grupos de presión como la European Coalition for Just and Effective Drug Policies o la organización alemana Akzept.

Heino Stöver es profesor en la Escuela Superior de Fráncfort y miembro de Akzept. No le gusta llamar “legalización” a lo que él propone, porque el término "se ha convertido en un grito de guerra, en un pañuelo rojo que lo presenta a uno como radical en el momento en que lo menciona”.

Stöver prefiere resumir su idea sobre cómo “descriminalizar” el consumo y la venta de droga con unas pocas frases. “La política antidrogas que yo defiendo”, dice, “es una que se ocupe menos de la persecución judicial y deje más espacio para la responsabilidad personal y la ayuda a los enfermos y toxicómanos”.

El plan tiene dos pasos: primero, aumentar la cantidad de droga que está permitido poseer para el consumo propio, y hacer extensiva la posibilidad de este uso restringido a todas las sustancias.

La segunda etapa consistiría en instaurar un sistema de adquisición legal de drogas, que podría regularse de un modo similar al comercio con medicamentos. Así, la policía no perdería tiempo y dinero del contribuyente en la persecución de delitos de consumo menor, desaparecería la violencia que acompaña a lo ilícito y se podrían dedicar más fondos a los trabajos de prevención.

De manera que no es anarquía absoluta lo que propone Stöver, “hacen falta controles, por ejemplo, para proteger a los menores”, opina, pero el centro de la lucha antidroga debe estar posicionado de otro modo: “hay que invertir en campañas de información, instituir un debate en la sociedad sobre el uso correcto de las drogas. Se trata de aplicar medios civiles en lugar de amenazar con toda la fuerza de la ley para que los mensajes sanitarios resulten creíbles y encuentren suelo fértil”.

“Yo no lo sé. Nadie lo sabe”

“Esas personas que apoyan la legalización dicen que el hombre es responsable, que el consumo de drogas no aumentaría si se permitiera su venta… ¡Pero eso no es cierto! ¡El ser humano tiende a la adicción! Y los Estados están en la obligación de ejercer aquí su función protectora”, opina la delegada Carola Lander, y añade: “siempre se supone que la lucha contra el narcotráfico no da resultados, pero eso es relativo: en algunas partes logra avances, en otras, lamentablemente, no”.

Los nuevos derroteros africanos que ha tomado comercio ilegal de drogas son la respuesta del narcotráfico a los obstáculos que en las vías más directas le ponen las autoridades competentes: autoridades de las que Europa se dota en aumento.

Hace dos años, siete Estados de la Unión Europea fundaron el Centro de Análisis y Operaciones contra el Narcotráfico Marítimo, que se encarga de asegurar la costa atlántica. El año pasado abrió en Toulouse, Francia, el Centro de Coordinación de la Lucha Antidroga en el Mediterráneo, cuya función es perseguir el comercio ilegal de estupefacientes, principalmente cannabis, que discurre por dichas aguas.

Medidas represivas que cuestan dinero y no atacan a la raíz del problema, diría el profesor Stöver. Pero el continente no se queda ahí: “la Unión Europea invierte mucho dinero en el llamado 'desarrollo alternativo', que intenta ofrecer a los campesinos en Afganistán o en Colombia alternativas a sus plantaciones de opio o coca, y también financia programas de formación especiales para policías y funcionarios”, explica Götz, “y lo que es aún más importante, en Europa somos los que más hacemos en los ámbitos de prevención del consumo, minimización de sus consecuencias y reducción de la demanda”.

Y con todo, a Wolfgang Götz no le queda más remedio que reconocer que, “objetivamente, se dedican menos medios a los campos 'sanidad y sociedad' que a los relacionados con 'justicia y seguridad interior'”. “Pero tenemos que ser conscientes de la situación en la que vivimos”, añade el director, “para los que toman las decisiones políticas es muy difícil abrirle la puerta a la legalización, simplemente porque no sabemos qué sucedería entonces. ¿Sacrificaríamos quizás a toda una generación? Yo no lo sé. Nadie lo sabe.”

Autora: Luna Bolívar Manaut

Editor: Enrique López Magallón