El odio homófobo que siega vidas en Guatemala

Por lesbianas las mataron. La madrugada del pasado 23 de abril, los cuerpos de dos mujeres fueron encontrados cerca de Jalapa, al este de la capital, con señales de tortura y violencia. Junto a los cadáveres se encontró la fotografía de una de ellas con un mensaje de naturaleza incontestable: "por panochas las matamos”.

El doble asesinato, que fue condenado inmediatamente entre otros por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU en el país -la cual puso de relevancia el mensaje "lesbofóbico”-, es solo el último macabro capítulo de la preocupante situación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) en Guatemala.

Un mes antes, el 24 de marzo, un joven de 18 años desapareció en Huehuetenango. Apareció muerto un día después, también con signos de tortura. Sobre su piel habían escribo a navajazos "hueco y morro”, insultos homófobos locales.

Carlos Romero, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH, no duda en hablar de una "oleada” de violencia. "Siempre habíamos visto muertes con saña, pero no a esta escala”, dice a DW. Pero es que la simple tarea de contar las vidas que se cobran la homofobia y la transfobia es ya una empresa ardua en un país ya de por sí acostumbrado a una cotidianeidad violenta.

Uno de los principales problemas es que no existe un registro fiable de crímenes de odio contra las minorías sexuales. Según las organizaciones activistas, la mayoría de las víctimas tiene miedo a denunciar, o bien las familias renuncian a hacerlo para evitar dar visibilidad a su orientación sexual o identidad de género, dado el estigma social que aún pesa sobre la cuestión. Por otro lado, añaden estos grupos, a menudo son las propias autoridades quienes los consideran delitos comunes o asumen que la víctima es la culpable.

De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, el año pasado fueron asesinadas 24 personas LGBTI en Guatemala. La Asociación Somos, por su parte, eleva esta cifra a 33. Las mujeres trans son las principales víctimas de esta violencia mortal, según este dato.

El procurador guatemalteco de Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, se ha solidarizado con las familias de las víctimas y con las organizaciones de la comunidad LGBTI del país. "No podemos permitir que este tipo de crímenes con evidente tinte homófobo se den en nuestro país y sobre todo pido que no quede en la impunidad. Tenemos que mandar el mensaje que en Guatemala no se van a tolerar ese tipo de asesinatos”, dijo en un comunicado.

Auge del discurso homófobo de carácter ultrarreligioso

Todo apunta, sin embargo, a que el clima político y social guatemalteco se escora cada vez más en contra de los derechos humanos de las minorías sexuales. Como en otras latitudes de América Latina, el país centroamericano está asistiendo al auge de un conservadurismo religioso que abandera la oposición contra las demandas feministas y de los colectivos LGBTI.

"De un año y media para acá se ha politizado mucho el tema y la población tiene acceso al discurso negativo, pero no a recursos informativos y educativos sobre el sexo, el género, etc.”, dice a DW Luis Barrueto, presidente de la ONG Visibles. La inminencia de la importante cita electoral de este año ha motivado a las fuerzas políticas a posicionarse en busca de apoyos.

Desde marzo Guatemala se haya inmersa en una polarizada campaña electoral que culminará con las elecciones electorales del próximo junio, en las que elegirá tanto al próximo presidente -aunque podría ser necesaria una segunda vuelta en agosto- como a los diputados del Congreso.

Barrueto cree que las principales fuerzas políticas, y especialmente el oficialismo de Jimmy Morales, están aprovechando el debate sobre la igualdad de las personas LGBTI y los derechos de las mujeres para "reducir la presión sobre la gestión política”. Este activista apunta que el clima electoral ha venido acompañado de un recrudecimiento del lenguaje discriminatorio.

A semanas de las elecciones, un grupo de diputados conservadores está promoviendo la aprobación de la ley 5272. Entre otras cosas, el proyecto de ley aspira a prohibir la educación sexual, la promoción de la diversidad sexual y de género y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, pretende establecer penas de cárcel para las mujeres que aborten.

"Que sea el propio Estado el que esté generando buena parte del discurso negativo es bastante preocupante, porque son quienes precisamente deberían estar defendiendo los derechos mínimos de la población”, subraya el joven activista Barrueto. Los activistas temen que la polarización política en contra de los derechos humanos de una minoría particularmente vulnerable alimente una "dinámica de violencia” ya existente. Que el odio siga segando vidas.

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