El Salvador, entre aguas turbias y el estrés hídrico

La nación centroamericana tiene sed. En 2019, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) calculó que para 2022 el 80 por ciento del territorio nacional entrará en niveles de estrés hídrico, fenómeno que se da cuando se contaminan lagos, se secan ríos y se abusa de los mantos acuíferos. A esto se suma que durante tres años consecutivos, del 2014 al 2016, El Salvador tuvo déficit de lluvias y, posteriormente, una reducción de los caudales de los ríos, en 2017 y 2018. 

Esto significa que dentro de dos años la mayoría de la población salvadoreña no tendrá suficiente agua. Sin embargo, y aunque todavía no se ha llegado a eso, la ciudadanía que sí tiene acceso al agua potable reclama la mala calidad del líquido que recibe, especialmente luego de una crisis de contaminación del suministro, que afectó a casi dos millones de habitantes. Esa crisis desembocó también en el despliegue de un millonario plan de contingencia, en contradicciones dentro del gabinete de Nayib Bukele y en un proceso de interpelación a realizarse en la Asamblea Legislativa contra la titular del Ministerio de Salud (MINSAL), y contra el presidente de la mayor entidad que gestiona el agua: la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

En 2019, el MINSAL reportó un promedio semanal de 6,371 pacientes con diarrea aguda a nivel nacional, de los cuales más de la mitad eran niños de edades entre 0 a 9 años. Solo en el departamento de San Salvador -que registra la tasa más alta de dicha enfermedad- el MINSAL calcula que habitan 1.797.131 personas para las que ANDA brindó 279.114 servicios de agua, no necesariamente permanentes, entre junio 2019 y enero 2020. En ese mismo departamento, en 2019 el MINSAL registró 142.461 pacientes con enfermedades diarreicas agudas. No obstante, la entidad aclara que sus sistemas de vigilancia "no determinan causalidad”, por lo que "no se puede determinar si estas diarreas se asocian a agua de mala calidad”.

Años debatiendo sobre el agua

El problema de la mala calidad del agua no es nuevo, ni se limita a esa reciente crisis. El Parlamento salvadoreño ha estado debatiendo alrededor de cuatro propuestas para la generación de una ley que garantice el acceso al agua en cantidad y calidad. Las discusiones legislativas han tenido avances y retrocesos según cambia la correlación de fuerzas posterior a las elecciones de diputados. Los conflictos sociales por la falta del acceso también han ido incrementándose en la medida que avanza el tiempo y retrocede la cobertura del suministro de agua.

En el país hay varias entidades que administran el recurso –incluidas no solo ANDA, sino, a nivel comunitario, también las denominadas Juntas del Agua-, y es ahí donde se han centrado los debates parlamentarios: en torno a un nuevo ente regulador del agua.

"Hay que recordar que esta discusión tiene más de una década. La iniciativa de la Ley General de Agua nació en 2006, pero ha tenido muchos vaivenes. En 2010 se comenzó a discutir, y finalmente se logró aprobar 92 artículos. En ese mismo año se propuso una reforma constitucional para que se reconociera el derecho humano al agua. Sin embargo, esta no se aprobó. En 2017, se presentó una propuesta del sector privado, y de partidos de derecha, que planteaba la implementación de un ente rector conformado por miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada”, explicó a DW Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, un ente que aglutina a más de 50 organizaciones de la sociedad civil con el fin de incidir en la discusión de la normativa.

Por su parte, la diputada del ultraizquierdista del FMLN, Dina Argueta, señaló en entrevista con DW que "después de décadas, hay un pequeño sector que explota más del 50 por ciento del agua disponible, y hay una gran mayoría que no tiene acceso. No tenemos una ley por múltiples razones, especialmente porque por muchos años no había el interés de que se regulara y se garantizara el derecho al agua que todos tenemos”.

En tanto, la bancada de la ultraderechista ARENA planteó una iniciativa adicional "para reformar urgentemente la Ley de Medicamentos, con el objetivo de que la Dirección Nacional de Medicamentos tenga la potestad de realizar un control estricto de calidad del agua que consumen los salvadoreños”, como muestra de la poca confianza que tienen en el MINSAL.

"En El Salvador, el agua la consumen de manera voraz el sector azucarero y el sector inmobiliario. Hay muchos intereses de gestionar el agua de manera lucrativa, y eso es lo que hace que la discusión se vaya estancando poco a poco”, analiza Henríquez. "Tenemos que recordar que estamos en un año preelectoral. En 2021 se eligen nuevos alcaldes y diputados, y eso hará que la discusión se demore”, lamentó el activista.

(cp)

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