Emergencia a orillas del Nilo

Cuando el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Samih Schukir, llegue a Berlín este lunes (11.01.2016), puede hablar de un hito político al que ha llegado su país: el domingo pasado, el Parlamento realizó su primera sesión en más de tres años.

El anterior Parlamento había sesionado por última vez a mediados de 2012, luego de la destitución del entonces primer ministro islamista, Mohammed al-Mursi. Desde entonces, el presidente Abdel Fattah al-Sisi y su antecesor, el presidente interino Adly Mansour, gobernaron sin someterse al control parlamentario. En lo sucesivo, el gobierno volverá a rendir cuentas a una cámara de diputados. En total, 596 legisladores constituyen el nuevo Parlamento.

¿Normalización política?

La reconstitución del Parlamento es considerada como un paso importante y simbólico hacia una normalización política en Egipto. Se discute aún sobre en qué medida este proceso realmente se produce. El nuevo Parlamento tiene una nueva fuerza institucional, dice, por ejemplo, el diario egipcio Al-Ahram. “Tiene facultades para someter al gobierno al voto de confianza, y puede ordenarle modificaciones, incluso destituir al jefe de Gobierno. Además, puede decretar estado de emergencia o emitir declaraciones de guerra. De igual modo, el Poder Legislativo puede corregir el presupuesto y retirar la confianza en el presidente, si bien bajo determinadas condiciones.”

Al mismo tiempo, el nuevo esquema parlamentario exhibe algunas debilidades, dice el rotativo. Como ejemplo, cita la baja legitimación democrática, dada la baja participación electoral. Solo 28 por ciento de los ciudadanos con derecho a voto participaron en las elecciones. Esto responde a diferentes factores, según analizan los periodistas egipcios. Entre las causas figuran la división política y la polarización en la sociedad, así como la poca presencia policiaca en los espacios públicos y algunas fallas en la legislación electoral.

División social

La polarización política en el país tiene como uno de sus principales causas a la política de mano dura promovida por Al-Sisi. El gobierno de éste se ve presionado internamente por rebeldes yihadistas que buscan desestabilizar al Estado perpetrando ataques en todo el país. El ejemplo más reciente es el ataque con cuchillos a turistas extranjeros en el balneario de Hurghada. Los terroristas buscan promover el miedo entre los vacacionistas para seguir debilitando a la de por sí disminuida industria turística, una de las principales generadoras de ingresos para el país.

Por otra parte, el gobierno responde con dureza excepcional contra opositores no violentos. Para ello se ampara en la Ley de Seguridad emitida en junio pasado. Según esta norma, acusados de atentar contra el régimen o de querer cambiar la Constitución pueden enfrentar penas de entre 10 y 25 años de cárcel. Simpatizantes o líderes de organizaciones terroristas pueden ser condenados a 25 años de cárcel o incluso a la pena de muerte. Quien difunda ideas que “fomenten el terrorismo” a través de las redes sociales puede recibir una pena de cinco años de cárcel.

Amnistía Internacional estima que en Egipto hay hasta 40.000 presos políticos. Además, numerosos periodistas han sido encarcelados o sometidos a presiones. Stephan Roll, experto en cuestiones de Cercano Oriente, afirma que “el gobierno de Egipto es hoy más represivo de lo que fue con Hosni Mubarak. Hoy vivimos quizá el capítulo más oscuro en la historia reciente del país”. La oposición ha sido excluida por completo de los procesos políticos. Y eso, dice el experto, provoca que muchos de sus integrantes acaben radicalizándose.