Venezuela y los derechos humanos
21 de diciembre de 2014
Con una resolución aprobada en Estrasburgo por 476 votos (109 en contra y 49 abstenciones), la Eurocámara condenó rotundamente el uso de la violencia contra los manifestantes en Venezuela y expresó su solidaridad con las víctimas. También recordaron al gobierno de Caracas su responsabilidad en cuanto a garantizar el respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a la protesta, y la independencia del Poder Judicial. También se solicitó la liberación de los detenidos injustamente y el retiro de los cargos infundados y las órdenes de detención contra políticos de la oposición.
Contextualizando la situación social con el grave estado de la economía venezolana, la mayoría de la Eurocámara llamó al diálogo y solicitó a Venezuela que permita que una delegación del Parlamento Europeo visite el país y dialogue con todos los actores políticos.
Posiciones divergentes
En el un extremo de las opiniones acerca de Venezuela y esta resolución –consensuada entre cuatro grupos políticos– se encuentran opiniones como la del eurodiputado español del bloque conservador Carlos Itúrgaiz –miembro de la Asamblea Eurolat–, quien califica de caudillista y dictatorial al gobierno de Nicolás Maduro.
Al otro extremo están los que se oponen a ella, bien sea por afinidades políticas o porque ponen en tela de juicio la instrumentalización de los derechos humanos con otros fines. De un “ensañamiento con Venezuela por su color político” habla Ernest Urtasun, eurodiputado español de la bancada de Los Verdes.
Visitas de unos y otros
El debate sobre Venezuela había sido precedido por una visita al Parlamento de Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, que se encuentra desde hace diez meses en la cárcel. A un proceso justo y con celeridad debida exhortaron los eurodiputados. Las condiciones de encarcelamiento del político preocupan especialmente.
Éste, según información de la embajada de Venezuela, se encuentra detenido y en investigación por su participación en los hechos de violencia de febrero de 2014, y se lo acusa de instigación pública y asociación para delinquir, incendios y daños. En los violentos incidentes –también con emboscadas, “guarimbas”– perdieron la vida 42 personas.
“Hemos tenido la visita de un padre cuyo hijo murió por festejar el triunfo de su candidato en unas elecciones auditadas por todos los tribunales internacionales. Y la esposa de un policía que fue asesinado por un francotirador mientras asistía a un joven que se estaba desangrando. A las víctimas de los hechos violentos les vamos a prestar todo nuestro apoyo”, dijo a DW Javier Couso, de la bancada de La Izquierda, que votó en contra de la resolución.
¿Por qué ahora?
El voto en contra de Couso –miembro de la Asamblea Eurolat y de la subcomisión de derechos humanos– se basa en la sospecha de que el momento para sacarla coincide con la publicación de las torturas de la CIA y con las propuestas de sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. “Aquí se repite lo mismo, como si fuera un eco”. Por otro parte, Couso resalta que a Leopoldo López, que participó en el golpe de Estado de 2012, “se lo está investigando por delitos gravísimos, cosa que haríamos en España o en Europa si se proponen planes para matar al presidente y subvertir el orden y la paz”.
“Lo que pretendemos con esta resolución es hacer una llamada al diálogo, acabar con los actos violentos y con la impunidad. Que el gobierno de Nicolás Maduro asegure los estándares democráticos mínimos a todos los ciudadanos: su seguridad, libertad de expresión, asociación, reunión, pluralismo político”, explicó a DW Izaskun Bilbao Barandica, de la bancada liberal, que votó a favor.
Bilbao, que integra la delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina, subraya la importancia de liberar a las personas encarceladas por tener otra opinión, puntualizando que el gobierno venezolano debe distinguir entre la oposición y su derecho a manifestarse y los actos violentos que no se le pueden atribuir de manera general.
“Lo más interesante es nuestra solicitud de que se envíe una delegación europea ad hoc para que pueda ayudar al diálogo”, afirma Bilbao, y concluye: “Esperamos que la UE haga esfuerzos para que se pueda conocer lo que ocurre de verdad. Escuchando a todos los colectivos y víctimas”.