Víctimas de Ayotzinapa en Alemania
26 de septiembre de 2018
Justo cuando se cumplen cuatro años desde la desaparición de los estudiantes del magisterio de Ayotzinapa, tuvo lugar en Stuttgart la audiencia número 18 en el proceso contra cinco empleados y altos ejecutivos de Heckler & Koch, por la venta irregular de fusiles tipo G-36 a México. Entre 2006 y 2009 la empresa vendió más de 9 mil fusiles automáticos y entre tanto, se ha comprobado que estas armas fueron utilizadas contra los normalistas de Ayotzinapa.
Aunque el Tribunal Regional de Stuttgart denegó el acceso al proceso a los familiares de las víctimas, argumentando que éste enjuicia únicamente las violaciones a las leyes alemanas de control de armamento de guerra, y la de exportaciones, Christian Schliemann, abogado del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), que acompaña a las víctimas en Alemania, considera que es posible preparar el terreno para posteriores demandas.
"Las investigaciones, tanto en México como en Alemania, que son la base de la denuncia penal, han comprobado que las armas mencionadas en el proceso de Stuttgart, son vinculadas con policías municipales de Iguala. Estas fuerzas policiales las utilizaron en la noche del 26 al 27 de septiembre hace cuatro años. Más de 20 policías llevaban estas armas”, destaca Schliemann.
Ventas irregulares al Ejército mexicano
El 15 de mayo pasado comenzó el proceso, después de ocho años de que fuera interpuesta una demanda penal. Los acusados supuestamente vendieron los fusiles automáticos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) pese a que sabían que éstos irían a parar a varios estados mexicanos donde las autoridades alemanas habían vetado su venta, entre ellos, el estado de Guerrero, en donde se encuentra la escuela normalista de Ayotzinapa.
Como consecuencia del caso, que ha provocado revuelo en medios alemanes, el gobierno federal de Alemania suspendió las exportaciones de armas a México. Ahora, las organizaciones alemanas que acompañan a las víctimas, buscan vincularlas en el proceso. "Puede pensarse incluso en demandas civiles para que los familiares obtengan reparaciones de la empresa. Queremos que los afectados en México tengan un papel activo en el proceso y exijan justicia aquí en Alemania”, señala Schliemann.
Varias organizaciones alemanas, entre ellas Pan para el Mundo (Brot für die Welt) y la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, cuestionan la política general de permisos de venta de armas del gobierno alemán a raíz del caso Heckler & Koch. Consideran insostenible, desde la perspectiva de los derechos humanos, que el gobierno alemán, conociendo la situación en México, otorgara los permisos de exportación excluyendo a cuatro Estados considerados conflictivos: Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas.
Aldo, en estado de coma
Aquella fatídica noche desaparecieron 43 estudiantes, otras seis personas fueron ejecutadas, además, 140 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Aldo Gutiérrez es uno de ellos. Aunque sobrevivió la noche del ataque, se encuentra en estado vegetativo, fue atravesado por una bala en la cabeza y según el diagnóstico de los médicos perdió un 65% de su capacidad cognitiva. Su hermano, Leonel Gutiérrez, llegó a Alemania para buscar justicia. "Mi hermano es el único que sigue en estado grave. El otro muchacho, al que le destrozaron la mandíbula, ya mejoró un poco, pero estamos muy tristes porque cuatro años después de lo ocurrido no sabemos la verdad sobre el paradero de los muchachos, ni porqué los desaparecieron. Ya no queremos mentiras del gobierno”.
Leonel sostiene que el gobierno mexicano se ha negado a escuchar la versión de los sobrevivientes sobre la existencia de un quinto autobús, que no figura en la investigación oficial y que organizaciones internacionales identificaron en sus pesquizas. En ese quinto autobús supuestamente se transportaba heroína con destino a Chicago. Los jóvenes tomaron varios autobuses para trasladarse a la Ciudad de México y tomar parte en la manifestación que conmemoraba la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre. Uno de esos autobuses transportaba droga, lo que los muchachos no sabían, y se cree que es la razón por la cual las corporaciones policiales reaccionaron con ese nivel de violencia.
Violencia creciente debido a la impunidad
Organizaciones mexicanas y familiares de las víctimas piden a la comunidad internacional que ejerza presión para que se encuentre la verdad. "Hay una constante desde el 68 y pasando por la Guerra Sucia hasta llegar al caso Ayotzinapa, que es la impunidad, es el elemento común en todos estos años y eso es justamente lo que permite que se sigan repitiendo los crímenes”, afirma por su parte, la abogada Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro Juárez.
La abogada destaca que los familiares de Ayotzinapa son un ejemplo para muchas otras familias en un país en donde hay más de 35.000 desaparecidos. "Las familias se han convertido en un actor relevante en la vida pública y exigen justicia, porque sigue prevaleciendo el problema de la impunidad”.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto insiste en la versión oficial conocida como "verdad histórica”, según la cual, un grupo de policías municipales de Iguala entregaron a los estudiantes a miembros del crimen organizado que los incineraron en un basurero en la localidad de Cocula, también Guerrero. "El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, así como el equipo de antropología forense de Argentina, confirmaron que era imposible quemar esa cantidad de cuerpos en esas condiciones”. Según la abogada, el gobierno mexicano se ha aferrado a la versión oficial porque intenta hacer ver que lo sucedido es responsabilidad que atañe a policías municipales y el crimen organizado, cuando en realidad hubo participación de fuerzas policiales municipales, estatales y federales, además del Ejército”.
Los familiares de las víctimas y organizaciones que los acompañan ven oportunidades con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México. El presidente electo se comprometió a crear una Comisión de la Verdad y a que expertos internacionales acompañen las investigaciones.
Eva Usi (jov)