Fiscalía se querella contra Puigdemont y todo el Govern
30 de octubre de 2017
El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza (en la foto principal), anunció este lunes (30.10.2017) que se presentaron dos querellas por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos contra los políticos responsables de la declaración de independencia de Cataluña, ocurrida el pasado viernes 27 de octubre. El objetivo directo de las acciones judiciales son el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern, además de la presidenta del Parlament.
La primera querella fue interpuesta ante la Audiencia Nacional contra Puigdemont y sus colaboradores, mientras que la segunda fue presentada ante el Tribunal Supremo contra Carme Forcadell y los miembros de la mesa del Parlament que tramitaron la declaración de independencia. Maza explicó que en las querellas se solicita que los ya mencionados sean citados "en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados".
Como los miembros del Govern ya no disfrutan de fuero, tras haber sido destituidos por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que usó las atribuciones que le da la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, las querellas pueden dirigirse directamente contra ellos. Por el momento, la Fiscalía ha decidido no solicitar más medidas cautelares.
Dar “unas horas”
Maza explicó que la primera querella se dirige contra "los principales responsables políticos de la Generalitat, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia", realizada "con total desprecio” a la Constitución". La segunda se presentó contra quienes facilitaron la tramitación de la declaración de independencia, tanto los aforados como miembros de la Diputación, como los que ya no lo están al verse arrastrados por la competencia del Supremo.
El fiscal general ha recalcado que "a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas".
Por otro lado, el Gobierno decidió dar “unas horas” a los cargos destituidos para que abandonen sus oficinas, atendiendo al principio de “intervención mínima”. Esto, luego de que la mañana de este lunes el destituido consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, acudiera a su despacho como todos los días, aunque lo abandonó 40 minutos más tarde para asistir “a la reunión del Comité Nacional” del Partido Demócrata Europeo Catalán.
DZC (dpa, EFE, El País)