Guardia Nacional mexicana: seguridad y derechos humanos

El acuerdo firmado entre Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para la asesoría y formación de la nueva Guardia Nacional de México llegó en medio de una serie de críticas de organizaciones internacionales y nacionales sobre los riesgos de una fuerza militarizada.

A pesar de que, siendo candidato, AMLO prometió sacar a los militares de las calles, esta nueva Guardia, aunque dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, estaría integrada en una primera etapa por efectivos provenientes mayoritariamente del ejército y la Marina.

La ONU la capacitará en materias técnicas y de formación en su tarea de "prestar servicios de protección a la ciudadanía en un marco de respeto a los derechos humanos”, como indicó el gobierno en su convocatoria a jóvenes de entre 18 y 30 años, para combatir a la mafia organizada, el narcotráfico y la delincuencia. Se espera reclutar unos 20 mil efectivos este año, para llegar a un contingente de unos 120 mil en 2021.

La ONG Human Rigths Watch alertó en su momento que la presencia militar no sólo no ha reducido la violencia, sino que puede haber contribuido al aumento de los homicidios. Según el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México, "la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana durante los últimos dos sexenios ha traído como consecuencia un considerable aumento de las violaciones a derechos humanos”.

Necesidad de una sólida formación

Tras la controversia, el acuerdo firmado con la ONU-Derechos Humanos es una buena señal, indica a DW Luicy Pedroza, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, en Berlín. "Es muy positivo también que el gobierno invitara a los principales críticos a dar sus observaciones en el parlamento, lo que ayudó a darle la forma final al proyecto, y se determinó que estará bajo un mando civil. Sin embargo, hay algunas señales preocupantes”, agrega.

Una de ellas es el nombramiento al mando de la Guardia Nacional del general Luis Rodríguez Bucio, quien pasará a retiro en los próximos meses. A pesar de sus reconocidos méritos académicos y profesionales, su presencia y la de efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas genera desconfianza.

"La cuestión de la militarización hay que verla desde muchos aspectos y no solamente concentrarse en el mando. Tiene que ver con el tipo de capacitación que recibe el personal, pero también con el tipo de garantías que obtiene. Si ellos cometen abusos, ¿se regirán por la justicia militar o la civil? Ese es un aspecto muy importante”, asegura Pedroza.

La capacitación y la formación de la ONU es clave. "Vemos con buenos ojos la asesoría de la ONU, pero no es suficiente. Nos da un poco menos de temor, pero difícilmente vamos a tener garantías o certezas. El mando y la formación principal es militar, sus tácticas son combatir y abatir, y no prever y detener”, advierte Grace Fernández, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en diálogo con DW.

Fernández tiene dudas de que personas entrenadas para enfrentar al enemigo estén preparadas para proteger a la comunidad. La activista recuerda que "desde el 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón dio la orden de abatir el crimen organizado, en medio de este fuego cruzado en las calles fallecieron muchas personas de la sociedad civil”.

Por la justicia y la verdad

El acuerdo con la ONU va más allá de la entrega de asesoría técnica y de formación de los efectivos en materia de respeto a los derechos humanos. Pedroza destaca que "el Alto Comisariado en Derechos Humanos no sólo va a acompañar a la Guardia Nacional, sino también el proceso legislativo de las leyes secundarias que van a definir los detalles. Y eso es una muy buena señal”.

Hasta ahora, muchos detalles no son claros, en tanto falta elaborar estas leyes regulatorias. Entre otros temas, la rendición de cuentas y cómo asegurar que eventuales delitos cometidos por miembros de la Guardia no queden en la impunidad. Por ello es muy positiva la asesoría de una organización internacional, destaca la investigadora.

La ONU debiera contribuir a limitar el exceso de violencia y asegurar la proporcionalidad en el uso de la fuerza, opina Fernández: "Bajar los índices de violencia no puede ser a cualquier costo. Ojalá nos equivoquemos, y este nuevo cuerpo dé los resultados, cuidando los procederes”.

La vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos considera que "el enfoque de derechos humanos no sólo debería proteger a la sociedad civil, lo que es muy importante, sino también salvaguardar la vida de quien está delinquiendo para iniciar procesos de justicia que lleven finalmente a la verdad. Si quienes mataron en los últimos diez años hubieran ido a juicio y entregado información, muchos de los desaparecidos ya estarían de regreso en sus casas”.

Dignificar la carrera policial

Pedroza indica que, con la convocatoria a efectivos de las Fuerzas Armadas, "el presidente quiso que los nuevos elementos de la Guardia sean, por su formación, incorruptibles y muy disciplinados”. Sin embargo, reconoce que puede ser un arma de doble filo, en cuanto tienen una justicia paralela a la civil.

La vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos advierte que tampoco los uniformados se libran de caer en el crimen, lo que implica graves riesgos. Junto con recordar a su hermano, Dan Jermeel Fernández, quien fue desaparecido hace diez años por efectivos militares, observa que "la falta de capacidad de las autoridades civiles de cuestionar y enjuiciar a los militares ha complicado mucho el caso”.

Otro de los aspectos en que acompañará la ONU es "la elaboración de indicadores de desempeño, y de transparencia”, destaca Pedroza. El acuerdo, en definitiva, busca ayudar a dignificar la formación policial. "Nadie confía en la policía y este oficio se ha vuelto muy poco digno, sin reputación, respeto ni autoridad”, lamenta la investigadora.

Las tareas, sin embargo, van más allá de la Guardia Nacional, subraya Pedroza: "Va a ser un actor más, que esperamos que sea eficiente y eficaz en su respeto de los derechos humanos y su tarea de seguridad interior, pero eso no va a bastar para solucionar el problema de la procuración de justicia, con la gran escasez de jueces, casos rezagados y de corrupción”.

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