Guatemala, crisis sin salida

En Guatemala, la primera vuelta de las elecciones presidenciales tuvo lugar el pasado 16 de junio. La ronda de desempate se realizará este domingo (11.8.2019). Los ciudadanos que vayan a las urnas tendrán que decidirse entre dos veteranos: el candidato conservador de derecha, Alejandro Giammattei, representante de la formación Vamos, y la socialdemócrata Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Con tres fracasos a sus espaldas, Giammattei opta a la jefatura del Gobierno por cuarta vez. Y para Torres, exesposa del presidente Álvaro Colom (2008-2012), esta es la tercera vez que aspira al cargo.

Quien quiera que gane los comicios se enfrentará a enormes desafíos. El actual mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, quien llegó al poder hace cuatro años presentándose como enemigo de la corrupción, deja el país en un estado desolador. Morales se negó a permitir que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) siguiera operando, pese al rol clave que esa entidad ha jugado en el saneamiento de la institucionalidad democrática local; fue la CICIG la que obligó a renunciar al presidente Otto Pérez (2012-2015) por su involucramiento en una estafa aduanera. Ese organismo cerrará sus puertas el 3 de septiembre.

Morales también contrarió veredictos de cortes independientes y, hace poco, firmó un tratado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declara a Guatemala como “tercer Estado seguro”, comprometiéndola a recibir a cientos de miles de centroamericanos expulsados del territorio estadounidense a sabiendas de que no podrá satisfacer las necesidades fundamentales de esas multitudes. En lo que respecta a la corrupción, tanto Giammattei como Torres han jurado luchar contra ese flagelo; pero tener experiencia política es una cosa y gozar de credibilidad es otra distinta. Pocos creen que vayan a cumplir sus palabras.

Largas sombras 

Torres y Giammattei cargan con acusaciones de corrupción sobre sus hombros. La CICIG tenía a la ex primera dama en la mira por presuntos aportes financieros ilegales a al menos una de sus campañas, pero, para cuando la Fiscalía General comenzó a investigarla, Torres ya gozaba de inmunidad como candidata presidencial. “Es de suponer que hay funcionarios en el aparato judicial a la orden de Torres”, comenta Edie Cux, director de Acción Ciudadana, una organización anticorrupción. A Giammattei, por su parte, se le atribuyen nexos con el narcotráfico y haber estado involucrado en la muerte de varios presidiarios cuando era el director del sistema penitenciario.

Pese a las sospechas en su contra, ninguno de los dos se ha visto perjudicado en las encuestas. Ambos le han sacado provecho electoral a la inhabilitación política de rivales más prometedores. Por ejemplo, la popular exfiscal general Thelma Aldana, que sí es reconocida por sus esfuerzos para ponerle coto a la corrupción, habría tenido grandes probabilidades de ganar los comicios presidenciales si una decisión muy controvertida de la Corte de Constitucionalidad no la hubiera sacado de la contienda por razones estrictamente procedimentales. Está por verse quién se impone en la segunda vuelta de este 11 de agosto; nada es seguro en este momento.

Sin la CICIG, sin esperanzas

Aunque Torres obtuvo el 25 por ciento de los votos en la primera ronda y Giammattei el 14 por ciento, la abstención podría atentar contra el resultado que ahora luce evidente. “Todo dependerá de qué tan grande es la participación electoral en las ciudades y en las zonas rurales”, dice Manfredo Marroquín, excandidato presidencial de la formación Encuentro por Guatemala. Eso sí, si Torres triunfa, ella puede contar con el respaldo de una enorme fracción en el Parlamento y de numerosos alcaldes en todo el país. Ese es un apoyo que le faltaría a Giammattei si fuera electo presidente. En todo caso, augura Marroquín, la crisis seguirá.

“Con el cierre de la CICIG habrá más corrupción e impunidad”, subraya el político. La CICIG entró en funcionamiento en 2007, a petición del Gobierno guatemalteco, con el fin de enfrentar a los cuerpos ilegales incrustados en las instituciones del Estado, herencia de la guerra civil que padeció el país entre 1960 y 1996, y que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según una Comisión de la Verdad. Torres y Giammattei podrían decretar la continuación de sus actividades, pero ellos han dejado claro que no lo harán: los candidatos han ofrecido crear entes especiales anticorrupción con acompañamiento de la comunidad internacional.

(erc/ers)

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