Guatemala: momento crucial para la lucha contra la impunidad
17 de junio de 2019
"Tanto los guatemaltecos, la Unión Europea como las organizaciones de la sociedad civil estamos expectantes. Guatemala, en diez años, dejó de ser un paraíso para delincuentes y se convirtió en referente de la humanidad. Hacemos un llamado a garantizar esos avances en materia de justicia en el país”, dijo a DW Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH (Federación Internacional de Ligas pro Derechos Humanos). *
Ya antes de concerse los resultados definitivos de la primera vuelta de los comicios en el país centroamericano, quedaba claro que en los programas de los candidatos que disputarán la segunda vuelta no existe una clara defensa de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).
Este organismo de Naciones Unidas, apoyado por la UE desde sus inicios, en 2007, logró llevar a juicio por genocidio al exdictador Ríos Montt, ha logrado poner en jaque a exmilitares y políticos corruptos y logró sacar del poder por corrupción a la cúpula presidencial anterior.
El precio a pagar
Al amparo de la financiación y el apoyo de la comunidad internacional, el personal de la CICIG se tomó su labor en serio. Y ha pagado por ello. En la mira de la justicia, el saliente presidente, Jimmy Morales, expulsó a los miembros de la CICIG de Guatemala y revocó su mandato a partir de septiembre de 2019, aduciendo extralimitaciones e injerencia.
Cabe recordar que la UE fue muy activa en la pacificación del país después de los 36 años de una guerra civil que dejó 200.000 muertos, unos 45.000 desaparecidos y otros tantos desplazados. La Comisión de la Verdad, que actuó en el marco de los Acuerdos de Paz sellados en 1996, estableció que el 90% de las muertes habría sido a manos del Ejército.
Desde entonces, la cooperación de la UE ha estado presente en Guatemala (con más del 40% del total del monto de la cooperación internacional) para consolidar el Estado de derecho y las estructuras democráticas, así como para la defensa de los derechos humanos.
"La UE, uno de los mayores donantes de la CICIG, reaccionó de forma muy crítica a la revocación del mandato de la CICIG. Simplemente porque la justicia es uno de los pilares de la democracia”, sigue Reyes. "Gracias al apoyo de la CICIG hubo más de 310 condenas que mostraron la existencia en algunos espacios de una verdadera captura de estructuras del Estado por el crimen organizado y élites cleptocráticas”, añade.
También la reforma a la "Ley de Reconciliación Nacional” –que pretende amnistiar delitos políticos y comunes conexos con los políticos cometidos en el marco del conflicto armado- preocupa a la FIDH. Y a las instancias europeas.
El apoyo decidido al Estado de derecho está claro para la Comisión Europea, decían poco antes de las elecciones fuentes oficiales. "La llamada Ley de Reconciliación preocupa a los que defienden el Estado derecho”.
En un momento en que la igualdad de género se escribe en mayúsculas en la agenda internacional, la iniciativa 5272 del actual gobierno guatemalteco es otra cosa que preocupa. Más allá de prohibir la educación sexual en las escuelas, la iniciativa legislativa pretende prever hasta 25 años de prisión por aborto querido o debido. "El 'Pacto de corruptos' pretende llevar hacia atrás los avances, también en cuanto a políticas de género. El proyecto de ley busca endurecer la criminalización de las mujeres”, acota Reyes.
Por otra parte, en los planes de los presidenciables hay escasa mención de medidas para evitar desde el origen el problema migratorio; las corrientes de personas que salen huyendo de la violencia y la miseria son un gran tema en la cooperación europea con los países de la región.
"Creemos que la UE está esperando tener un aliado para seguir los avances del último decenio”, concluye Reyes; apostando por unas instancias europeas que pongan más al asador –también con los mecanismos pro democracia y derechos humanos de sus tratados de asociación- por los logros y cambios en Guatemala.
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