Guatemala expulsa a once funcionarios de la Cicig
19 de diciembre de 2018
El Gobierno de Guatemala dio este martes (18.12.2018) 72 horas para que salgan del país 11 funcionarios de la Comisión de la ONU que investiga la corrupción en el país, la cual calificó la medida de "arbitrariedad" y defendió la "inmunidad diplomática" de su personal, que había sido suspendida. El portavoz de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Matías Ponce, dijo que los funcionarios afectados "son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala". Entre estos casos, están los de la investigación contra el hijo y el hermano del presidente del país, Jimmy Morales.
Según el comisionado de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, la decisión de Guatemala de no renovar las visas está basada en información "absolutamente falsa", pues los trabajadores que investigan casos de alto impacto en Guatemala "carecen de antecedentes penales", según un comunicado compartido por la Comisión Internacional.
La "única razón expresada tanto por el presidente, Jimmy Morales, como por la canciller, Sandra Jovel" ha sido señalar de "terroristas a esos funcionarios, con investigaciones pendientes en sus países de origen", lo cual es "absolutamente falso", reiteró, e invitó al Gobierno a que dé a conocer información que sustente su hipótesis. Velásquez defendió que el convenio que creó la Comisión de la ONU establece que "es solamente el comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales".
Denuncian "hostigamiento" y piden dimisión de Jovel
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció en contra de esas medidas y las calificó de "hostigamiento" contra la Cicig y "atentado" contra el Estado de Derecho. Rodas exigió a las autoridades a dar "marcha atrás a esta decisión" y pidió a la comunidad internacional y a la sociedad guatemalteca que "no se deje engañar" con "demostraciones de falsa soberanía de portavoces de un nacionalismo espurio", pues los verdaderos intereses detrás de la decisión del Gobierno "va contra la población y sus legítimas luchas".
Por su parte, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana, presentó un memorial ante la Corte de Constitucionalidad para que se determine si es procedente la destitución de Jovel por haber "desobedecido" resoluciones anteriores del máximo tribunal, que instaban al Gobierno a resolver las controversias con la Cicig por la vía diplomática con la ONU.
Entre los funcionarios afectados se encuentran los abogados César Rincón y Luis Fernando Orozco, que trabajaron, por ejemplo, en la denuncia que condujo a la renuncia del ahora presidente Otto Pérez Molina. Durante sus 11 años de operaciones en Guatemala, la Cicig ha investigado casos de corrupción que han involucrado a más de 600 personas, incluidos funcionarios electos, empresarios y burócratas.
lgc (efe/ap/reuters/prensa libre)
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