Honduras: "Solo tenemos un país, y hay que rescatarlo"

En muchos países del mundo, la democracia está bajo fuego y los espacios para actores de la sociedad civil se están cerrando cada vez más. "Ya hay más de 70 países que han introducido nuevas leyes para restringir las actividades de la sociedad civil", dice Michael Windfuhr del Instituto Alemán para los Derechos Humanos (Deutsches Institut für Menschenrechte). "Shrinking spaces", expresión con que se conoce este fenómeno, fue el tópico central del actual premio de solidaridad de la ciudad de Bremen, otorgado a defensores de derechos humanos a nivel global desde hace más de 20 años.

Honduras es uno de los ejemplos más drásticos de este fenómeno. Después del golpe de Estado en 2009, el país centroamericano se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos. Tan solo en los últimos nueve años, más de 120 ambientalistas han sido asesinados, según un estudio de la organización no gubernamental Global Witness.

Martín y Víctor Fernández, los premiados de este año, conocen la situación muy de cerca. A los dos hermanos se les otorgó el premio de solidaridad por su labor como defensores de los derechos humanos. Son cofundadores del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), que lucha contra la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y comunes en Honduras. Actualmente, la organización apoya la lucha de pobladores de la aldea Guapinol, en el norte del país, que temen que un proyecto minero pueda causar grandes daños al medioambiente y contaminar el agua en los alrededores.

El gobierno de Honduras "se sostiene sobre dos bases fundamentales: la profunda militarización y el apoyo de la comunidad internacional", afirma Víctor Fernández. "Así que tiene mucha importancia que Bremen como uno de los Estados de Alemania haga este reconocimiento como contraste a esta normalizada relación que existe entre Alemania y Honduras".

Organizaciones de la sociedad civil han criticado al Estado de Honduras por violar los derechos humanos de sus ciudadanos, por ejemplo en las protestas después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. En marzo del año pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) publicó un informe sobre las protestas. El informe contabilizó la muerte de un policía y de 22 civiles, de los que al menos 16 fallecieron por disparos de las fuerzas de seguridad.

"El ambiente en el tema de derechos humanos es de una emergencia permanente que se vive en la sociedad", dice Víctor Fernández. "Si el Estado hondureño no tiene una voz externa que le señale y le pida cuentas sobre este asunto, entonces se profundiza más la situación de violaciones, y estamos expuestos todos los que tenemos una postura disidente frente al Gobierno."

El premio de solidaridad puede ayudar a darles más visibilidad a los hermanos Fernández y al MADJ, aunque no es ninguna garantía de seguridad, como demostró el caso de Berta Cáceres. La ambientalista del pueblo lenca, aunque fuera condecorada con el premio Goldman y beneficiaria de medidas cautelares, fue asesinada en marzo de 2016. Los hermanos conocen muy bien el caso, ya que Víctor Fernández es uno de los abogados de la familia de Cáceres. Sin embargo, abandonar el país no es una opción para ellos. "Vamos a seguir corriendo riesgos, porque solo tenemos un país, y hay que rescatarlo", dice Martín Fernández. Los 10.000 Euros que conlleva el premio los quieren invertir en la construcción de una nueva radio comunitaria en el norte del país.

(er)

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