Obispos de Nicaragua denuncian detención ilegal de sacerdote
9 de diciembre de 2019
El sacerdote nicaragüense Alcides Peña fue detenido por la Policía Nacional acusado de alterar el orden público 31 veces, trasladado a celdas preventivas y posteriormente liberado, denunció este domingo (08.12.2019) el secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Juan Abelardo Mata.
Mata, un fuerte crítico del Gobierno de Daniel Ortega y obispo de la diócesis norteña de Estelí, indicó que el sacerdote fue detenido el sábado en el municipio de Ocotal, departamento de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, y liberado este domingo.
"El delito del que lo acusan es alterar el orden público durante 31 veces" durante un oficio religioso, explicó el religioso, quien además denunció "las arbitrariedades de esta detención".
"En estos hechos se han violentado, una vez más, los derechos humanos elementales y el debido proceso", alertó el religioso, quien pidió a la Policía Nacional "responsabilizarse por estos abusos de autoridad".
Mata consideró que la institución del orden ha renunciado a su misión de proteger a los nicaragüenses desde que estalló la crisis sociopolítica el 18 de abril de 2018.
Asimismo, el jerarca católico pidió respeto a la labor pastoral del sacerdote Peña. "Es inaceptable cualquier acto de hostigamiento y persecución en contra de quien ha consagrado su vida al servicio de Jesucristo, razón por la cual no se pueden silenciar los abusos y violaciones a los derechos fundamentales de nuestro pueblo, en este caso a la libertad religiosa", señaló.
Los obispos de la Conferencia Episcopal participaron como mediadores y testigos de un fallido diálogo que se instaló a mediados de mayo de 2018 y Ortega calificó de "golpistas" a los obispos de la Conferencia Episcopal y consideró que son cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651, mientras el Gobierno reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.
jc (efe, La Prensa)
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