Indígenas reclaman sus derechos en Colombia
9 de abril de 2019Durante casi un mes, la Vía Panamericana estuvo bloqueada a su paso por Colombia. Pueblos indígenas y activistas de los Estados de Cauca y Nariño exigían diálogo con el presidente Iván Duque. Aunque Duque se negó a negociar personalmente mientras se mantuviese el bloqueo, su secretario de Interior logró finalmente un gran avance este fin de semana. Aún así, la tarea de implementar estos posibles acuerdos entre los pueblos indígenas y el Gobierno parece ser extremadamente difícil.
Un viejo problema
Desde la independencia de 1819, los grupos indígenas colombianos han sido claramente discriminados. A pesar de varias iniciativas para normalizar la situación legal de las poblaciones, los terratenientes, las guerras y la alta criminalidad se apoderaron de las tierras. Cauca y Nariño están actualmente entre las regiones más inseguras del país.
En 2005, varios pueblos indígenas se aliaron formando la llamada "Minga”. Utilizaron esa forma tradicional de organizar sus comunidades para hacer campañas por sus derechos y pedir indemnizaciones. La Minga de 2005 logró ejercer mucha presión sobre el entonces presidente Álvaro Uribe, que prometió aumentar el gasto gubernamental en las zonas afectadas y redistribuir las tierras. Sin embargo, desde el punto de vista de la Minga, esos acuerdos nunca fueron respetados. Otros movimientos similares también lograron nuevas promesas con acuerdos por escrito en 2009 y 2014, que tampoco llegaron a convertirse en medidas concretas.
Paz y esperanza
Con el acuerdo de paz de 2016 con las guerrillas de las FARC, el Gobierno de Juan Manuel Santos incluyó complejas medidas para compensar a las víctimas de la guerra y las minorías oprimidas. Entre otras cosas, las tierras expropiadas deberían repartirse entre las víctimas en las áreas rurales. Con el acuerdo y la nueva legislación, los pueblos indígenas de la región recuperaron la esperanza de recibir una compensación y el reconociendo de sus derechos. Incluso se creó una comisión especial para garantizar el cumplimento de los acuerdos firmados, destinada a impulsar inversiones en temas como salud, educación e infraestructura entre varias comunidades. Pero el incumplimiento de tales promesas provocó este año una nueva Minga con demandas más exigentes que nunca.
Plan de desarrollo de Duque bajo presión
El pasado febrero, el presidente Iván Duque presentó su plan de desarrollo con un cúmulo de medidas que deberían impulsar el crecimiento del país para 2020. Este plan incluye inversiones en áreas rurales, y afecta a comunidades indígenas de Cauca y Nariño. Tras negociar con el Ministerio del Interior, el Gobierno de Duque acordó este fin de semana destinar una inversión de unos 235 millones de euros a las comunidades indígenas. Este plan incluye viviendas sociales, carreteras, educación y servicios de salud, con las que se espera complacer, sobre todo, al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Pero el presidente acopló esas medidas a su propio plan de desarrollo, una jugada estratégica inteligente que, sin embargo, todavía está pendiente de aprobación en el Senado.
Juegos de poder en el senado
Este plan de desarrollo está considerado como uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno actual. Pero, aunque todo el espectro político apoye las inversiones sociales, es poco probable que logre la aprobación de la Cámara de Representantes colombiana. Duque se complicó la vida con otro proyecto político y aspira a cambiar durante su mandato las leyes especiales aprobadas en el marco del proceso de paz. Para los partidarios de los acuerdos, eso sería una amenaza ante la que están dispuestos a resistir. Duque echó así todavía más leña al fuego en un país dividido, espoleando a la oposición, que intentará que se respeten las leyes especiales como condición para aprobar el plan de desarrollo.
Independientemente de si se aprueba o no, es difícil que se cumplan las demandas de la Minga. Bajo el argumento del alto déficit del Estado, las ayudas se redujeron notablemente. De los 13.000 millones de euros solicitados, solo se prometieron 235. Y de las 40.000 hectáreas solo se prometieron 15.000. Además, la demora en conseguir pactos parlamentarios tendrá que enfrentarse a una Minga de por sí escéptica, que difícilmente confía en los acuerdos.
Protestas renovadas
Entretanto, la Minga de Cauca y Nariño abandonó provisionalmente las protestas. Pero otros grupos indígenas recogieron el testigo organizando protestas por otras partes del país. Este mismo lunes se bloquearon algunas carreteras de la Amazonía, con nuevas protestas que y nuevas exigencias al presidente.
El 9 de abril se declaró oficialmente como Día de Recuerdo de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Y entre las marchas de protesta organizadas por todo el país, los activistas de la Minga aprovechan la oportunidad para volver a concienciar sobre su lucha, con la esperanza de que no se vuelva a repetir la historia.
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