Islandia: pagar o no pagar
8 de enero de 2010
Los islandeses no se muestran muy entusiasmados con la idea de tener que pagar los platos rotos por el colapso de bancos privados, nacionalizados debido a la crisis financiera que en Reikiavik tuvo dimensiones de hecatombe. Tanto es así que casi una cuarta parte del electorado firmó una petición para dejar sin efecto una ley, aprobada por estrecho margen en el parlamento en diciembre. Ésta preveía la devolución a Gran Bretaña y Holanda de los aproximadamente 3.800 millones de euros gastados en indemnizar a sus propios ciudadanos que perdieron el dinero invertido en el banco islandés Icesave, filial de internet del colapsado Landsbanki.
Veto presidencial
El presidente de Islandia, Olafur Ragnar Grimsson, se hizo eco del descontento popular y vetó la citada disposición, conocida como “Ley Icesave”, en una medida que ha levantado revuelo más allá de las costas islandesas. De acuerdo con la normativa nacional, el impasse tendrá que ser resuelto ahora en un referéndum. En consecuencia, será la población la que tenga la última palabra en este asunto, con serias implicaciones económicas.
Por un lado, la suma de la que se trata equivale a cerca de un 40% del PIB de Islandia. Y, aunque habría de ser pagada “en cuotas”, sin duda no deja de causar dolor en la billetera fiscal. Por otro, el gobierno de Reikiavik asumió hace meses el correspondiente compromiso con Gran Bretaña y Holanda, y no cumplirlo pondría en tela de juicio su fiabilidad a nivel internacional, de la que lógicamente depende la posibilidad de atraer nuevos inversionistas extranjeros.
Repercusiones internacionales
Difícil resulta prever hasta qué punto una negativa popular a la “Ley Icesave” haría peligrar el apoyo financiero internacional al país, que sigue en recesión y necesita ayuda para recuperarse del colapso sufrido. Noruega ya ha dicho que mientras Islandia cumpla sus compromisos internacionales también entregará los aportes que ha prometido, cercanos a los 480 millones de euros. Lo propio ha expresado Finlandia, que anunció consultas entre los países nórdicos.
La que sí se verá seguramente afectada es la posición de Islandia en los ratings de evaluación de riesgo, a juzgar por las reacciones de algunas agencias como Fitch o Moody’s a la negativa presidencial a firmar la ley en cuestión. Además, el caso también podría retrasar el proceso de adhesión del país a la Unión Europea, como indicó Miguel Ángel Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores de España, que detenta la presidencia de turno de la UE.
En vista de lo que está en juego, se habla de instituir una comisión mediadora para superar el problema. Y, de seguro, no faltarán apelaciones a la conciencia del pueblo islandés de cara al referéndum. Según una encuesta publicada el pasado miércoles, el 58% de las personas con derecho a voto rechaza los pagos a Holanda y Gran Bretaña. Todavía es una mayoría absoluta la que mantiene esa posición, pero la resistencia parece ir en retroceso, en vista de que sondeos anteriores arrojaban casi un 70% en contra de la “Ley Icesave”.
Autor: ERS/reuters/ap/afp/dpa
Editor: Pablo Kummetz