La consulta de AMLO: ¿a quién le sirve?

Las 93,5 millones de papeletas impresas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la realización de la consulta popular el día 1 de agosto de 2021, resumida bajo el rótulo de "juicio a expresidentes,” no fueron necesarias: solamente el 7 % de la población decidió participar. La consulta resultó ser un rotundo fracaso. Ahora el debate en México se centra en la culpa por esta abstención y desinterés masivo: el presidente la atribuye al INE, responsable de la primera realización de este tipo de consultas en la historia del país. Para la oposición, se trata de uno de los muchos gestos contradictorios de un presidente más interesado en la escenificación política que en la producción de efectos tangibles en favor de la población.

En este contexto hay que recordar que se trató de la primera consulta realizada en la presidencia de AMLO de acuerdo a las nuevas reglas constitucionales, según las cuales, para que fuera vinculante, se requería la participación del 40% del padrón electoral, cifra que resulta casi imposible alcanzar. El 40 por ciento del padrón habría significado una votación masiva, si recordamos que en la elección presidencial del mismo AMLO, en el año 2018, se pudo movilizar apenas al 52 % de los electores. Anteriormente, el presidente había preferido realizar consultas informales para legitimar sus proyectos como el Tren Maya o la suspensión de la construcción del aeropuerto capitalino, las cuales no alcanzaron a cumplir las reglas mínimas de transparencia y regulación.

El por qué de la consulta

Resulta sorprendente que el presidente solicitara el 15 de septiembre de 2020 la realización de una consulta popular sobre el posible enjuiciamiento de los últimos cinco expresidentes, en la cual – como comunicó oportunamente – el mismo no iba votar o, en su caso, votaría en contra porque no deseaba buscar la venganza: "Perdón sí, olvido no”, sentenciaba al promover la participación de los ciudadanos. Esta actitud indica muy bien el interés dominante de AMLO por garantizar el control de la agenda y de los debates públicos, sin querer llevar adelante temas abiertos de sus promesas electorales como es el combate de la corrupción y de la impunidad.

En la exposición de motivos de su solicitud al Congreso de la Unión, López Obrador señaló que los cinco sexenios pasados se habían caracterizado, entre otras cosas, por "corrupción generalizada […] la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”. Para el presidente, se iba tratar de un juicio al periodo neoliberal que había causado ”un daño tremendo en el país”, aduciendo que sus antecesores "entregaron bienes de la nación” y "convirtieron deudas privadas en públicas”; un juicio por traición "a la democracia” y por desatar una "guerra” sin sentido", así como por "actos evidentes de corrupción”.

En el documento, el mandatario propuso que en la consulta se hiciera la siguiente pregunta: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?" Es decir, se trataba de poner en marcha un proceso de esclarecimiento acerca de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, ya que la persecución de delitos habría sido tarea desde hace muchos años de la Procuraduría, convertida ahora en Fiscalía General de la República. Tampoco han avanzado mucho las averiguaciones realizadas en los ahora tres años de la gestión de AMLO.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la solicitud de consulta propuesta por López Obrador, reformuló la pregunta, omitiendo los nombres de los expresidentes mencionados por AMLO. Aun así era claro el interés de la consulta, la cual a pesar de una campaña publicitaria no logró animar a los electores a acudir a las urnas

Después de la consulta

¿Es el presidente el gran perdedor de la consulta? Según el propio AMLO, ha logrado despertar el interés para convertir la consulta en un hábito de la democracia participativa; sin embargo, cuando la participación fracasa tan estrepitosamente, se plantea la pregunta de quién habrá podido sacar provecho de este ejercicio. Por un lado, MORENA, el partido del presidentet, ha continuado sus ataques al INE, casi el último actor autónomo del país que se ha podido salvar del plan de centralización del poder que persigue AMLO. Empleando su discurso de combate a la corrupción, se han efectuado medidas de desarticulación de aquellas instituciones que podrían servir como contrapeso al poder presidencial. Por otro lado, la consulta sirvió para desviar por momentos la atención pública de los desastrosos efectos de la pandemia, que ha llevado a casi 250.000 muertes en los hogares del país. Allí se encuentra el flanco débil de la política clientelista de un gobierno que anda distribuyendo "becas” y "apoyos”, sin un concepto de focalización a los más necesitados en esta situación de emergencia pandémica. Hospitales al borde del colapso a raíz de la afluencia de enfermos y sin la necesaria dotación de medicamentos afectan la imagen de un presidente que se orgullece de gozar de altos niveles de aceptación entre el pueblo. El fracaso de la consulta puede convertirse en el parteaguas de una gestión presidencial que siempre se considera la expresión del "pueblo”. La misma consulta ha demostrado ser más bien un instrumento inútil para usar al pueblo  para legitimar a un gobierno personalista. Con una oposición incapaz de presentar alternativas, AMLO parece ser capaz poder continuar con éxito este estilo de gobernar, aunque carezca de un razonable planteamiento de futuro.

(er)