La exportación alemana de armas, ante el Tribunal Constitucional

6 de julio de 2011. Turno de preguntas en el Parlamento. La oposición se aplica: la prensa publica la compra de 200 carros de combate alemanes por parte de Arabia Saudí. Un acuerdo que, según los periódicos, ya ha sido aprobado por el Gobierno Federal. Parece ser que los periodistas manejaban información de la que carecían los parlamentarios.

Pocas semanas antes, Arabia Saudí envió tanques al vecino estado de Bahéin con el fin de suprimir los movimientos democráticos que experimentaba el país. En ese contexto, la oposición calificó de grave error de política exterior la venta de los vehículos de combate Leopard al estado saudí, aludiendo a la incompatibilidad del negocio con las directrices de exportación de armas alemanas. Los diputados de la oposición exigieron entonces explicaciones al Gobierno.

Asuntos clasificados

Sin embargo, el Gobierno evitó pronunciarse al respecto. A pesar de la insistencia de los parlamentarios opositores, la respuesta de los partidos gobernantes quedó limitada a clichés y lugares comunes y fue imposible saber si el acuerdo con Arabia Saudí era un hecho o no. “No puedo ni confirmar ni negar que se haya tomado una decisión al respecto”, dijo el secretario de Estado del Ministerio de Economía.

Las preguntas formuladas por los miembros de los Verdes Hans Christian Ströbele, Katja Keul y Claudia Roth tuvieron una respuesta común: las decisiones relacionadas con exportaciones de armamento son confidenciales. Ante la reiterada negativa a dar explicaciones, los tres miembros de la oposición interpusieron una demanda ante el Tribunal Constitucional el 29 de julio de 2011. Consideraban inconstitucional negar al Parlamento cualquier información relacionada con el acuerdo de armas publicado por la prensa ya que, de ser así, la Cámara no podía cumplir con su función de vigilancia sobre el Gobierno.

El procedimiento será confidencial, no así los resultados

De acuerdo con la Constitución, las empresas de armamento alemanas no pueden vender armas en el extranjero sin el consentimiento del Gobierno Federal –consecuencia de los acuerdos posteriores a la II Guerra Mundial–. El Gobierno, por su parte, delega la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad Federal que, junto a la Canciller, forman varios ministros, entre los que figuran el de Economía, el de Exteriores y el de Defensa.

El Comité, sin embargo, reclama el mantenimiento del secreto procesal alegando que así se evitan filtraciones hacia el exterior del hemiciclo. Los demandantes, por su parte, sostienen que el secreto no se puede aplicar para el resultado de las discusiones, ya que significaría que el Parlamento no podría posicionarse ante una “operación delicada” de venta de armas.

Primeros pasos hacia una mayor transparencia

Ströbele y sus compañeros de partido sospechan que el silencio del Gobierno tuvo que ver con el perfil del país receptor, un “régimen de jeques saudíes carente de derechos civiles, que no permite la democracia y que viola sistemáticamente los derechos humanos”. Y es que a menos que existan “intereses especiales de seguridad extranjeros”, la venta de armas a este tipo de países no está permitida. Eso a pesar de que según el Gobierno Federal, Arabia Saudí es “un factor de estabilidad en la región y un importante socio de Alemania en la lucha contra el terrorismo”.

Ante la decisión del Tribunal Constitucional, Keul se muestra optimista y asegura que es posible que el gran silencio del Gobierno llegue a su fin una vez se conozca la sentencia.