Legalización de marihana no afectará negocios de carteles

La ley federal para la legalizar en México la producción, almacenamiento, transporte, comercialización y consumo de marihuana (cannabis) con fines de "entretenimiento”, aprobada el 10 de marzo por la Cámara de Diputados, no generará ningún daño económico significativo a los carteles de la droga, ni tendrá impacto en la ilegalidad y violencia que circunda a estas organizaciones criminales. Por el contrario, la nueva normativa, en un país como México podría crear nuevos circuitos ilegales de producción y venta de dicha droga encubiertos bajo el manto de la legalidad, y ampliar los ámbitos de corrupción con graves repercusiones sociales y en la salud pública.

Aunque uno de los argumentos para la propuesta y aprobación de la ley es "reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico”, en estricto sentido, no será así. De acuerdo con las conversaciones y entrevistas que he realizado en los últimos 16 años a diversos narcotraficantes, sus familiares y abogados, y a la información estadística oficial, desde hace al menos una década, la producción y tráfico de marihuana ha dejado de ser uno de los principales negocios de los carteles de la droga mexicanos.

Esto se debe a las muchas hectáreas que se requieren para la producción a gran escala, los costos que genera almacenar el voluminoso producto y su transporte. Para los carteles el costo-beneficio de la marihuana ha disminuido, porque el valor de esta droga en el mercado ha ido decreciendo mucho en el mercado de consumo de Estados Unidos y el nacional, en comparación con otras sustancias ilegales.

Mientras los carteles mexicanos han disminuído la producción, tráfico y venta de la marihuana, estos prácticamente han duplicado la producción nacional de metanfetaminas, heroína simple, heroína mezclada con fentanilo, y han aumentado de manera sostenida la compra y tráfico de cocaína producida en Columbia, Perú y Bolivia. Por una sencilla razón: estas drogas son un negocio más rentable comparando el precio de venta con los costos de producción, almacenamiento y transporte. Y los carteles de la droga, como cualquier otro tipo de negocio mercantil, buscan mayores ganancias.

Las estadísticas no dejan duda de esta tendencia. De acuerdo a los criterios internacionales de jueces, fiscales y agencias de investigación especializadas, una forma de medir la cantidad de producción y tráfico real de las drogas es tomar como referencia las cantidades decomisadas. Según expertos consultados para este artículo, las cantidades de drogas confiscadas representan entre el 10 y el 15 por ciento de la producción y tráfico real total.

Tomando en cuenta esa referencia, las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestran que, en los últimos diez años, el decomiso de marihuana en México se ha desplomado. En 2010 se incautaron en México 2,3 millones de kilos de marihuana. En 2015 la cifra bajó prácticamente a la mitad, 1,2 millones de kilos. Y en 2018, que es la última cifra verificada por la ONU, el decomiso fue de apenas 230 mil kilos.

En contraste, el decomiso de metanfetamina y heroína ha ido al alza, lo que refleja que su producción y tráfico han aumentado. En 2010 fueron incautados en México 12 mil kilos de metanfetamina; en 2018 la cantidad decomisada fue de más del doble: 33 mil kilos. Mientras que fueron incautados 374 kilos de heroína en 2010, en contraste con 492 decomisados en 2018. Respecto a la cocaína, que no se produce en México, pero que es traficada mayoritariamente por los carteles mexicanos a Estados Unidos, Europa, Asia, África y Oceanía, en 2010 en México fueron incautados 9 mil 800 kilos, y en 2018 16 mil 400.

El precio de un gramo de marihuana al consumidor final en Estados Unidos -mercado principal de los carteles mexicanos- es en promedio de 7,82 dólares, mientras que el gramo de heroína puede llegar hasta los 300 dólares, lo cual hace su producción y venta más redituable: menos volumen de producción, menos espacios para almacenamiento y transporte, y mayor ganancia por gramo.

Si es claro que la legalización de la cadena productiva de marihuana en México no afectará sustantivamente las finanzas de los carteles y, por lo tanto, tampoco incidirá en la feroz competencia entre estos, ni la violencia que esto genera, ¿En qué beneficia esta nueva ley?

República marihuanera

La Ley Federal para la Regulación del Cannabis retomó diferentes propuestas legislativas realizadas desde el 2016 por los partidos políticos PRD, PRI y Partido del Trabajo. Pero, principalmente, se basa en la propuesta "Ley General para la Regulación y Control de Cannabis” que fue presentada en noviembre de 2018 por los senadores Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monrreal, pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA) del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, Sánchez Cordero es la Secretaria de Gobernación.

La ley -aprobada por el Senado en noviembre de 2020 y ratificada por la Cámara de Diputados con modificaciones breves, con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones- permite que cualquier persona mayor de 18 años en México puede tener en su domicilio un máximo de seis plantas de cannabis para su consumo personal. Si hay más de dos personas consumidoras en el domicilio, podrán tener hasta ocho plantas de la droga. Para el autoconsumo no se requerirá de licencia, y bastará solo con obtener un permiso por domicilio.

Aproximadamente, una planta puede producir desde 200 gramos hasta do kilos, dependiendo de la planta y las condiciones de cultivo.

También se aprobó la creación de sociedades mercantiles de producción, distribución y comercialización de marihuana a pequeña escala de dos hasta 20 socios. A esas empresas se les permitirá cultivar y comercializar cuatro plantas por socio, con un máximo de 50 plantas por sociedad mercantil.

El gobierno de México emitirá seis tipos de licencia que regularán la cadena productiva de la marihuana. Dichas licencias podrán amparar abarcar toda la cadena productiva con fines mercantiles, desde el cultivo hasta la venta al usuario final, o podrán abarcar una o más fases de la cadena productiva, por ejemplo solo producción, o solo comercialización, o únicamente el punto final de venta al consumidor final.

Será la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), que depende de la Secretaría de Salud, la responsable de otorgar las licencias y de vigilar el cumplimiento de la ley. Esta oficina, cuyo titular es Gady Zabicky Sirot, será responsable de verificar el cumplimiento del número de plantas para consumo personal o para venta al público, y será la que imponga sanciones si no se cumple con la normatividad.

Según la ley, se prohíbe el autoconsumo y venta de marihuana a personas menores de 18 años, así como su mano de obra ambos, en toda o alguna fase de la cadena productiva, e incluso se prohibirá su ingreso a establecimientos que vendan la droga.

Problema de ilegalidad y de salud pública

A fines del año pasado, la Comisión de Estupefacientes de la ONU hizo una reclasificación de la marihuana y la retiró de la lista de sustancias que se encontraban en los tratados internacionales de control de las drogas. Veintisiete países votaron a favor, veinticinco en contra, y hubo una abstención.

Entre los países que votaron en contra estuvieron Chile y Japón. El primero hizo hincapié en lo siguiente: "Existe una relación directa entre el uso de cannabis y el aumento de la posibilidad de padecer depresiones, déficit cognitivo, ansiedad, y síntomas psicóticos”. El segundo afirmó que el uso no médico de la planta "podría dar lugar a impactos sociales y de salud negativos, especialmente entre los jóvenes”.

Es difícil predecir el cumplimiento de una ley como esta en países con alto índice de cultura de legalidad, pero en México, considerado uno de los 10 países más corruptos del mundo, y donde el promedio de impunidad es del 96 por ciento, existen muchos riesgos de que esta legislación genere mayor corrupción, incremente las conductas violentas y genere un problema de salud pública, no sólo entre la población adulta, sino sobre todo en los menores de edad.

La legislación fue aprobada en el contexto de un grave problema de adicciones en la población de entre 12 a 17 años de edad, pese a que ya existen diversas leyes que prohíben el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

De acuerdo a la última encuesta de adicciones en México, publicada en 2018 por la Secretaría de Salud, el 27,6 por ciento de población entre 12 y 17 años de edad, de ambos sexos, consumen alcohol. El 48 por ciento de los fumadores de tabaco en México comenzó a consumir este producto entre los 12 y 17 años de edad. Y respecto al consumo de drogas como marihuana, tranquilizantes e inhalantes, el 8,5 por ciento de la población entre 12 y 34 años ha consumido una o más drogas.

Esto significa que, hasta ahora, en México las legislaciones para impedir que menores de edad consuman alcohol, tabaco y drogas ha fracasado en diversas proporciones. Lo que hace prever que también fracasará la prohibición de que los menores de edad tengan acceso a la marihuana con mayor facilidad. Si tomamos en cuenta el porcentaje actual de consumo de alcohol y tabaco en los menores de edad, las previsiones en el consumo de cannabis son alarmantes, y esto no es una especulación.

Quienes se aprovecharán del aumento de esa población consumidora no serán solo los productores legales para autoconsumo y venta, sino, por supuesto, también los ilegales. Y si bien para los carteles de la droga mexicanos la marihuana había dejado de ser atractiva, si el mercado de consumo aumenta la producción y tráfico, eso puede volver a resultarles atractivo.

Como lo mencioné anteriormente, los carteles de la droga son pragmáticos y anteponen el interés económico. Tendrán la oportunidad de jugar en dos modalidades: por una parte, seguirán produciendo mariguana ilegal, porque debido a su volumen el precio final de venta al consumidor siempre será menor que el de los pequeños productores autorizados por la ley.

Y además, los mismos carteles podrían estar interesados en invertir dinero sucio, proveniente de sus negocios ilícitos, al nuevo mercado legal.

A ese escenario se debe añadir las nuevas áreas de oportunidad para la corrupción que se pueden generar en el otorgamiento de permisos y licencias, y en los procesos de verificación de que estos cumplan con la ley.

Ojalá mi pronóstico sea pesimista. Por desgracia, la única forma de saberlo será a través de los años, para medir las consecuencias reales en el nivel de nuevas adicciones, adictos y corrupción.

(cp)