Consulta para enjuiciar a expresidentes mexicanos
26 de julio de 2021
"Es una desgracia que pudo haber sido una gracia. Es el primer ejercicio nacional de una consulta popular. Ha habido decenas en los estados, pero es el primero a nivel nacional. Lo echaron a perder las instituciones del Estado porque fue una iniciativa del presidente, que avaló el Senado y autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cambiando la pregunta". Así lo a firma Carlos González Martínez, consultor en participación ciudadana y profesor del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España en México.
Han sido muchas las consultas que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su frase "Vamos a preguntarle a los mexicanos", ha precedido al llamado a opinar sobre temas tan diversos como la construcción del Tren Maya en el sureste de México, la suspensión de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, o reiniciar la obra de la termoeléctrica en el municipio de Huesca, estado de Morelos. Pero todas éstas, precisa González, no han sido consultas formales, sino un mero ejercicio participativo en donde ha obtenido un resultado favorable.
Juicio a expresidentes
Siendo presidente electo en noviembre de 2018, pero sin aún asumir el cargo, López Obrador planteó la posibilidad de enjuiciar a cinco ex presidentes mexicanos. Aseguró que el favorecía otorgar perdón y amnistía; sin embargo mencionó los motivos por los cuales tienen una responsabilidad.
A Carlos Salinas de Gortari (Partido Revolucionario Institucional –PRI-1988-1994), lo acusó de haber privatizado bienes públicos y beneficiar a algunas figuras de su entorno sin hacer licitaciones públicas. A Ernesto Zedillo (PRI 1994-2000), por convertir deudas privadas en deuda pública (caso Fobaproa). A Viente Fox (Partido Acción Nacional –PAN 2000-2006), le recriminó haber entregado concesiones a la industria minera de 30 millones de hectáreas y del (supuesto) fraude electoral del 2006. A Felipe Calderón (PAN 2006-2012), lo responsabilizó de una estrategia de seguridad que ha dejado más de 250 mil muertos, y finalmente a su predecesor, Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018), por actos de corrupción.
El mandatario ha insistido desde entonces en la necesidad de la participación de los ciudadanos para decidir si enjuiciarlos o no, a pesar de mantener su postura de "no confrontación". Pero la consulta y la fecha para realizarla, han sido un camino sinuoso para cumplir con los requisitos legales. Un primer intento fue movilizar a sus simpatizantes para recabar un mínimo de 1,8 millones de firmas para solicitar la consulta por la vía ciudadana, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la institución designada por la Constitución para realizar este tipo de iniciativas.
Sinuoso camino hacia la legalidad
En septiembre de 2020, López Obrador presentó la pregunta que propondría al Senado, previendo que no lograría alcanzar el número de firmas. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Este planteamiento fue considerado inconstitucional por la SCJN, por considerar que no se puede someter la justicia a la opinión de las mayorías, pues vulnera los derechos de las víctimas y del debido proceso.
"Como era una pregunta en la que estaban identificados los ex presidentes y se presumía que habían cometido esos delitos, se consideró que era muy inquisitoria", afirma por su parte Jacqueline Peschard, catedrática e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El siguiente revés fue la fecha de la convocatoria. López Obrador quería hacerla coincidir con las elecciones intermedias del 6 de junio, pero la última reforma constitucional aprobada por la mayoría de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), estableció el 1° de agosto para realizarla.
La nueva formulación aceptada por la corte pregunta a los ciudadanos ¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Cualquiera podría ser enjuiciado
Peschard destaca que cualquier actor político, ya sean ex presidentes, líderes de partidos o funcionarios públicos podrían ser enjuiciados. "El problema con esa pregunta es que es ambigua. Uno tendría que responder Sí, que se esclarezcan. Pero hay quienes proponen que se abran comisiones de la verdad para investigar el involucramiento de las autoridades con el crimen organizado".
La académica insiste en que las consultas populares no deben tener ningún tipo de duda, tienen que ser preguntas muy claras que puedan ser respondidas con el Sí o el No. "En este caso es algo muy ambiguo, porque si a uno le preguntan, pues uno está de acuerdo en que se esclarezcan todas las irregularidades que se cometieron, claro que sí. Pero para eso están las autoridades competentes para hacer esas investigaciones. No tendría que pasar por una consulta el que las autoridades hagan su trabajo".
Carlos González destaca que para que esta consulta sea vinculante se necesita un 40% del padrón electoral. "Estamos hablando de 37.5 millones de opiniones, independientemente de que sean a favor o en contra, por el Sí o por el No. Pero esta cantidad de personas no las movilizó ningún partido por si solo en la votación de junio pasado. Matemáticamente es prácticamente imposible que se alcance ese 40%, lo que va a ocurrir es que los promotores de la consulta van a tratar de culpar al INE de ello".
¿Comisión de la Verdad?
Según declaraciones de los mismos consejeros del INE, la consulta costará 528 millones de pesos (más de 26 millones de dólares). "El INE instalará entre 57.000 y 59.000 casillas en todo el país con 114 millones de boletas, tres veces más que las necesarias para que la consulta sea válida. Además no recibió un centavo de las instituciones para financiar la consulta que pidió el gobierno", destaca González.
El experto advierte que lo único positivo de este proceso es que podría derivar en la integración de una Comisión de la Verdad: "Como las hubo en los procesos de transición en Chile, Argentina, o Brasil, que no ha habido en México y que le hace falta a nuestra transición. Ni perdón, ni olvido, sino el esclarecimiento de las acciones que provocaron víctimas en el pasado".
Peschard, por su parte, dice estar convencida de que la gente que vaya a votar lo hará por el Sí, pero destaca que tras el proceso electoral del pasado 6 de junio, el electorado está cansado. "Con una pregunta con tal imprecisión, salvo las grandes clientelas del lopezobradorismo, no creo que mucha gente vaya a votar y no le alcanzará para el 40%".
La académica recuerda que el propio López Obrador ha dicho que él votará por el No, para no generar ninguna expectativa, ni orientar la votación. "Pero si una iniciativa lanzada por el presidente no logra ese 40%, lo que va a pasar es que será un fracaso".