Violencia en México

El fotoperiodista mexicano Heriberto Paredes, comenzó en 2011 a registrar con su cámara los levantamientos populares en Michoacán, famoso por ser uno de los estados más ricos y diversos del país. Llegó al estado situado en el oeste del centro de México atraído por el levantamiento de Cherán, en 2011. Con el liderazgo de las mujeres, la comunidad de la etnia purépecha se levantó en armas para defender sus bosques de la tala ilegal; expulsó a delincuentes, y de paso a la policía y a políticos locales. "Era un momento de efervescencia, pero también de mucho temor ante una contraofensiva por parte del crimen organizado” recuerda Paredes. Desde entonces Cherán se convirtió en un referente para las demás comunidades indígenas, principalmente en la región de la meseta purépecha.

Michoacán, una de las 32 entidades que comprende el territorio mexicano, refleja como ningún otro estado las contradicciones del México contemporáneo. La región, rica en recursos naturales y tierra fértil, produce y exporta cerveza, aguacate, fresa, zarzamora y numerosos productos agrícolas, lo que debería traducirse en una economía robusta. Pero en vez de prosperidad, lo que viven sus habitantes es una violencia exacerbada. Hace unos días Michoacán registró 20 asesinatos en menos de 48 horas.

"Hay una gran presencia de grupos criminales en diferentes regiones en el estado, que desde hace tiempo están en una disputa constante por el control de actividades económicas y el control del territorio", afirma Paredes.

Los cárteles se disputan la economía y el territorio

En el estado campean algunos de los cárteles que se disputan el territorio nacional, entre ellos el cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, además de Los Rojos y Guerreros Unidos, que también siembran terror en los vecinos estados de Guerrero y Morelos.

"Después del levantamiento armado de las autodefensas en al menos seis municipios en Michoacán, las organizaciones criminales ya no son tan grandes y fuertes”, afirma Paredes. Pero su fuerza radica en que no trabajan solos. "Cada uno de ellos tiene una vinculación orgánica con distintos cuerpos de seguridad y con políticos locales. Tenemos a presidentes municipales, síndicos, regidores, policías municipales y estatales y una serie de funcionarios públicos que son parte de estas organizaciones criminales”, afirma. Esto es lo que explica que la violencia, la criminalidad y la impunidad lleguen a niveles tan altos en Michoacán y en el resto del país.  

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2019 fueron asesinadas 8.493 personas en México, entre ellas, 285 menores de edad. Distintos colectivos y organizaciones de Derechos Humanos reclaman una política de Estado para prevenir y frenar la violencia armada, basada en la construcción de paz y la lucha contra la impunidad, así como el acompañamiento de organismos internacionales de DD.HH.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto enfrentar la violencia con el lanzamiento de una Guardia Nacional, un nuevo cuerpo militar de élite. Observadores critican que retome la misma estrategia militarizada de sus predecesores, que fue lo que desató los actuales niveles de violencia, corrupción e impunidad.

Un cambio de gobierno no cambia las estructuras del Estado

Alke Jenss, socióloga de la Universidad de Friburgo, investiga la violencia en México y Colombia desde hace más de una década. Ella también ve con ojos críticos dejar en manos de un cuerpo militar, como la anunciada Guardia Nacional, la pacificación del país. "Me parece que no es un cambio radical en la política de seguridad. Un cambio de gobierno no significa que estén cambiando las estructuras del Estado mexicano. El Estado es algo heterogéneo y todavía habrá sectores del Ejército o de la Marina que posiblemente cooperen con actores ilegales o con actores de violencia. Todos los cambios que vemos, lo hacen más autoritario”, afirma. La académica sostiene que el problema es estructural.

"Los tratados de libre comercio han beneficiado no solo a empresarios que actúan en la economía legal, sino también a la (economía) ilegal, que haya un tráfico más fluido de drogas y bienes ilegales. Hay muchos elementos en la regulación que facilitan un ensamblaje complejo”.

Según la socióloga, el problema está anclado en la misma regulación de la economía y la apertura comercial.

Sin embargo según la investigadora, la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México ha estado acompañada de un cambio simbólico, pero importante. "Por ejemplo, en la manera como el Estado trata a los familiares de los desaparecidos o como se habla sobre el problema de la violencia, hay un diálogo incluso más directo entre las organizaciones civiles con las instituciones del Estado”.

La investigadora recuerda la política de hielo hacia las organizaciones de DD.HH. durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), del Partido Acción Nacional, (PAN), cuya administración lanzó la guerra contra las drogas. "Se cerraron todos los canales de diálogo entre activistas y las instituciones del Estado mexicano que se tenían incluso estando en el gobierno Vicente Fox (2000-2006, PAN). 

Heriberto Paredes afirma que López Obrador no tiene una estrategia explícita. "Tener una Guardia Nacional dirigida por militares es repetir la misma estrategia de Calderón y Enrique Peña Nieto (2012-2018, Partido Revolucionario Institucional, PRI). Pero además, el presidente habla de la existencia de enemigos internos en el país que justifican cualquier cosa. Sean éstos conservadores opositores, grupos corruptos o la mafia en el poder, no sabemos a qué se refiere”. 

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