Maduro en la mira por su política de “mano dura”

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó este martes (10.2.2015) un decreto firmado por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, que autoriza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Milicia Nacional Bolivariana –un grupo civil armado que sirve como complemento del Ejército– a sofocar cualquier tipo de reunión o manifestación pública mediante el uso discrecional de “fuerza potencialmente mortal”.

Ya la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos opositores de Venezuela, había introducido un recurso de nulidad contra la resolución 008610, aprobada el pasado 30 de enero, alegando que ésta viola varios artículos de la Constitución al permitir el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para dispersar concentraciones de calle. Tanto la OACDH como la MUD rechazan que la institución castrense se dedique a tareas de control de orden público para las que no está contemplada.

Este jueves (12.2.2014) se cumple un año del inicio de las protestas populares que se extendieron durante meses y dejaron 43 muertos en varios rincones del país. ¿Cómo interpretar la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de aprobar un decreto como la resolución 008610 cuando los excesos de la Guardia Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) están tan frescos en la memoria de los venezolanos?

A falta de liderazgo, represión

“Ni la tiranía más cruel opta de buenas a primeras por reprimir a la población. La represión es un ‘mal necesario’ a los ojos de los mandatarios que son ilegítimos en términos de gobernabilidad democrática. Si Maduro apuesta a la represión no es porque la prefiera, sino porque no tiene otro recurso a mano para mantener la cohesión dentro del chavismo post-Chávez. La debilidad de su liderazgo y su inseguridad lo llevan a ello”, comenta Víctor Mijares, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

“La resolución 008610 del Ministerio de Defensa es evidencia clara de que el Gobierno necesita instrumentos para legalizar la represión. Eso era previsible dadas las actuales condiciones socioeconómicas, que dificultan la estabilización del país y atizan el descontento general. El Gobierno se verá obligado a recortar el gasto público y redirigir la renta petrolera, pero se guardará las espaldas mediante mecanismos que le permitan, por lo menos, amenazar con el uso de la fuerza; un gesto que, de por sí, es un acto de violencia estructural”, agrega Mijares.

“No obstante, yo no creo que las circunstancias estén dadas para que tenga lugar otro 11 de abril como el de 2002. Por un lado, porque entonces había entre los ciudadanos opositores una masa crítica y una voluntad de movilización que hoy no existe por razones muy diversas. Por otro, porque quienes pueden dar un golpe de Estado son los militares y, actualmente, la cúpula de las Fuerzas Armadas de Venezuela está estrechamente vinculada con el ejercicio de Gobierno”, explica el politólogo.

¿Se aísla Venezuela?

“El hecho de que el Gobierno venezolano haya aprobado una resolución que autoriza a los organismos de seguridad a usar ‘fuerza potencialmente mortal’ contra manifestantes desarmados es un indicio del nerviosismo de Maduro y de sus seguidores. El mensaje es inequívoco: el Gobierno no se inhibirá de intensificar la represión ni de violar los derechos humanos. Esto debería alarmar a la opinión pública internacional”, sostiene Henning Suhr, director de la sección venezolana de la Fundación Konrad Adenauer.

“Lo que Maduro consigue al asumir esa postura es aislarse aún más del resto del mundo”, añade Suhr. Mijares disiente parcialmente: “Si Maduro recurre a la represión, él tiene la posibilidad de atenuar el costo político de esa decisión –controlando los daños a la imagen internacional de su Gobierno– desde el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Venezuela actúa como miembro temporal y puede apoyar las mociones de China y Rusia a cambio de respaldo diplomático”, señala el investigador del GIGA.

“Dada la convención de los Estados sudamericanos de no inmiscuirse en los asuntos internos de sus vecinos, yo creo que Maduro actuaría de la misma manera aún si Venezuela no fuera miembro de esos consejos de la ONU. A todos los países sudamericanos les interesa que Venezuela se estabilice, pero no tanto como para opinar sobre su crisis”, sostiene Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, recordando un impasse reciente causado por los comentarios de un diplomático chileno sobre el caso venezolano.

“Una política europea para Venezuela”

Si la mediación de un organismo como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) no ha conseguido reducir el grado de beligerancia entre el Gobierno venezolano, la oposición y sus respectivos seguidores, cabe preguntarse qué pueden hacer otros Estados. ¿Qué podría hacer Alemania, por ejemplo? “Alemania debería promover una actuación internacional concertada de cara a Venezuela”, sostiene el director de la sede caraqueña de la Fundación Konrad Adenauer, cercana al partido alemán Unión Demócrata Cristiana (CDU).

“Siendo un peso pesado en el ámbito económico y político –y, además, un país muy bien visto en América Latina–, Alemania puede jugar un rol importante en la definición de una política común para Venezuela en el seno de la Unión Europea”, dice Suhr. De momento, lo mínimo que muchos esperan del Gobierno germano es que deniegue, como lo ha hecho en los últimos años, las solicitudes de exportación a Venezuela de armamento, munición u otros materiales susceptibles de ser utilizados para reprimir protestas de calle.

En marzo de 2014, cuando las protestas antigubernamentales estaban en pleno apogeo, el rumor de que ochenta toneladas de equipos antimotines estaban por llegar a Caracas provenientes de Múnich mantuvo en vilo a numerosos venezolanos. Aunque se trataba de una falsa alarma, la inquietud se vio avivada por la aparición de armas de fabricación germana –sin autorización de Berlín– en Colombia y algunas zonas de México, donde la violencia criminal y los desafueros de las fuerzas de seguridad estatales causan estragos.

El hecho de que el Estado alemán siga transfiriendo oficialmente tecnología bélica hacia países como Arabia Saudita, donde los derechos humanos son violados sistemáticamente, tampoco envía una señal tranquilizadora a regiones afligidas por problemas similares. Aún así, la investigadora Kerstin Seifer, colaboradora del diputado alemán Jan van Aken, miembro de la subcomisión para el desarme en el Bundestag, asegura que “según la guía de los Principios Políticos del Gobierno Alemán para la Exportación de Armamento, la venta de armas a Venezuela está descartada”.

Evan Romero-Castillo (CHP)