Malos tiempos para los defensores de los derechos humanos

En un foro sobre derechos humanos (DDHH) que tuvo lugar en Bruselas, activistas dejan claro que para aquellos que se vuelven la cara visible de las carencias de los Estados, no corren buenos tiempos en Perú, Honduras, Guatemala, México, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Colombia...

“En un país con tendencia a un gobierno de derecha, la actividad de los defensores de los derechos humanos se ve como de izquierda. Y si es un gobierno de izquierda, su actividad se ve como de derecha”, dijo a DW Carlos Guevara, de la organización colombiana “Somos defensores”.

“Hemos llegado a un punto de polarización tan alto en cada uno de los países que incluso se está determinando que es diferente la definición de quién es un defensor de derechos humanos en cada país. Se ve como si fuera una parte más de la actividad entre tendencias políticas, y no lo que realmente es: la búsqueda de la garantía de la vida de las personas, independientemente de sus pensamientos”, añade.

La memoria como herramienta

En Guatemala, María Cedillo, testigo en el juicio por el genocidio contra la población Ixil, habla de un acoso permanente dentro de su comunidad. Dice que las amenazas de secuestro y el acoso vienen de otros Ixil a quienes el gobierno les ha dado láminas para tejados y bonos. Se trata de que digan que no hubo masacre y de que atemoricen a las que sí quieren hablar.

María –quien a partir de las seis de la tarde no sale de su casa- no quiere dar marcha atrás: “voy a seguir dando mi testimonio, de que mataron a mi padre y a mi hermano”.

¿Por ser testigo es ella una defensora de los derechos humanos? “Sí”, responde Alejandra Castillo, abogada del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. “Porque no pretende indemnización ni que le restituyan su casa o sus animales. Lo que quieren es recuperar la memoria como herramienta para transformar el Estado y para lograr una garantía de no repetición, para que a sus hijos y sus nietos no les pase lo mismo”, afirma.

Por el derecho al territorio

“Mi casita la quemaron. Quieren hacerme desaparecer para quedarse con mi terreno”, cuenta a DW la peruana Máxima Acuña, de Cajamarca, que no deja de recibir amenazas. En su lucha contra la mina Yanacocha –porque se respete su tierra, su derecho a cultivarla y la industria extractiva no polucione la laguna cercana-, no está sola. La acompaña, por ejemplo, Isabel Turuy, delegada por doce comunidades del municipio indígena de San Juan Sacatepéquez, para representar su defensa de su territorio y las fuentes de agua contra Cementos Progreso,empresa a la que se otorgó una licencia sin consulta previa.

“Tememos por el agua y la salud. La empresa actúa en nuestra contra y nos persigue. Tenemos a cinco compañeros en la cárcel y a otros diez con órdenes de captura por defender el bosque. La empresa tiene una estrategia para hacernos desaparecer. Cuando llevamos nuestra denuncia al ministerio público, queda engavetada. Pero cuando la denuncia es de los promotores de la empresa, al día siguiente están listas las órdenes de captura”, cuenta Turuy a DW.

“La situación que hoy tienen los defensores de derechos humanos, sobre todo los que trabajamos temas territoriales, es muy compleja y complicada. Están en un alto riesgo”, explica a DW Marcos Leyva, director de Servicios para una Educación Alternativa, una organización que trabaja con los derechos indígenas.

“En México, por ejemplo, el gobierno federal ha empezado a generar una legislación punitiva de la protesta que se aúna a la generación de cuerpos parapolicíacos de las empresas transnacionales para atacar o dividir a las comunidades que resisten a los megaproyectos. En Oaxaca ya se han cobrado varias vidas y no hay justicia”, afirma Leyva.

Peligroso protestar

“En Ecuador la situación se ha ido agravando con el paso del tiempo”, cuenta a DW por su parte Mauricio Alarcón, de Fundamedios, organización que monitorea la libertad de expresión y el acceso a la información. “Son ya más de 200 líderes sentenciados por haber atentado contra la seguridad del estado al haber participado en protestas públicas. Si bien no todas las protestas han sido pacíficas, deberían ser sancionados conforme a los hechos”, afirma Alarcón.

El cierre sin derecho a la defensa de la organización medioambientalista Pachamama –por protestas durante un ronda petrolera- y la sentencia a 8 años de cárcel por terrorismo a una maestra, líder sindical, son para el analista los ejemplos más claros de la grave situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en su país.

Así las cosas, ¿las organizaciones del ramo ven en todo líder de una protesta un defensor de los derechos humanos? preguntó DW a Carlos Ponce, coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia.

“No. Si bien es cierto que la raya entre el activista político y el defensor de derechos humanos es difícil de determinar, la diferencia está en si se persigue promoción personal como líder político o se defiende intereses colectivos”, responde Ponce, afirmando que también en Venezuela la situación es cada vez más crítica.

Compromisos asumidos

“La criminalización de la protesta social es, en América Latina, un fenómeno transnacional y se va formalizando con leyes en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, en Venezuela. Esas leyes restringen el derecho a la manifestación pacífica y buscan restringir las libertades de los ciudadanos a mostrar su inconformidad con las situaciones en sus países”, confirma Guevara, de “Somos Defensores”.

El derecho a la protesta, recuerda Guevara, es transversal a todos los derechos fundamentales, que “todos los países latinoamericanos tienen inscritos en sus Constituciones. Y los derechos de sus defensores constan también en los compromisos que han asumido ante la Organización de Naciones Unidas y en sus acuerdos con la Unión Europea”.