Mejorando la raza humana
23 de enero de 2003
El Consejo Ètico Nacional , un órgano interdisciplinar creado por el Gobierno en el 2001 e integrado por 24 miembros, recomendó autorizar -aunque con severas restricciones- el llamado Diagnóstico de Preimplantación(PGD) en Alemania a través de una exhaustiva ley de medicina reproductiva. Hasta ahora rige en Alemania, la Ley de Protección del Embrión, que autoriza la fecundación artificial sólo si tiene como fin la reproducción, pero la aplicación del PGD abriría el camino a la selección genética y a la posible eliminación de vida humana.
Pruebas inexactas
La recomendación resulta controvertida, especialmente porque en este momento la tecnología genética permite detectar sólo un 5% de todas las posibles malformaciones, muchas de las cuales, además, no son genéticas sino que se originan durante el embarazo. La autorización o la prohibición de aplicar esas pruebas a embriones de pocos días de edad fecundados en probeta no está recogida de manera expresa en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de países europeos, sino que se desprende de la interpretación de varias leyes sobre materias relacionadas. Sólo Austria, Irlanda y Suiza lo prohiben específicamente, mientras que en Bélgica y Gran Bretaña se permite su práctica. En España, país específicamente citado por el Consejo Ètico Alemán, se admite el uso del PGD pero se restringe su campo de aplicación y recoge una lista de condiciones que deben cumplirse para ello. En este país las pruebas genéticas se pueden practicar si no ejercen influencia alguna en las características hereditarias no patológicas y si no está destinado a la 'mejora' del individuo o de la raza.
Una recomendación controvertida
La propuesta ha desatado una amplia controversia política y social en Alemania. La Iglesia rechazó tajantemente la decisión e indicó que la instrumentalización y la eventual eliminación consciente del embrión contradice los fundamentos de una ética vital cristiana. También representantes del partido Los Verdes advirtieron que una autorización del PGD convertiría a los minusválidos en personas de segunda clase. Por su parte la comisión interparlamentaria sobre 'Derecho y ética de la medicina' recomendó específicamente no autorizar en Alemania la aplicación de esas pruebas genéticas a embriones. Al contrario, las ministras socialdemócratas de Sanidad, Investigación y Familia -Ulla Schmidt, Edelgard Bulmahn y Renate Schmidt, respectivamente- defendieron en una declaración conjunta la posibilidad de practicar esas pruebas, aunque sólo para detectar enfermedades graves o incurables como el síndrome de Down, entre muchas otras, y evitar futuros abortos.