Renuncia mnistra de Sanidad española
11 de septiembre de 2018
La médica y política socialista de 42 años quedó en el centro de un escándalo cuando el portal eldiario.es denunció el lunes presuntas irregularidades (como un cambio de calificaciones), en la obtención del título de Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, que la ministra cursó entre 2010 y 2011, en la Universidad Rey Juan Carlos.
En una breve comparecencia en el Ministerio de Sanidad, Montón ha ha insistido en su honestidad: "No he cometido ninguna irregularidad, lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila". Presenta su dimisión, aseguró, para que su situación no influya en el Gobierno de Pedro Sánchez. "Estoy orgullosa y agradecida por que el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno", señaló.
Su dimisión supone la segunda baja en el Gobierno de Pedro Sánchez, después de que Màxim Huerta permaneciera sólo siete días al frente del Ministerio de Cultura y Deporte. Huerta dimitió el 13 de junio tras conocerse que fue sancionado a abonar 366.000 euros a Hacienda por 218.000 euros que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008, cuando trabajaba como presentador de televisión.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Huerta declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF, una conducta "voluntaria y culpable" en la que no se podía apreciar "buena fe en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales".
En la comparecencia en que presentó su dimisión aseguró que no había cometido ningún fraude fiscal y justificó su renuncia para impedir el "bombardeo" que, a su juicio, pretendía "minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez".
Sánchez cumplió el pasado domingo cien días en el cargo y sus ministros los cumplirán el próximo viernes, 14 de septiembre. En este tiempo, además de las dimisiones de Huerta y Montón, también presentó su renuncia la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, tras asumir la responsabilidad de haber firmado el expediente que dio el visto bueno al sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (efe, dpa).